NORTH ADAMS FRENA SUBVENCIÓN POLICIAL FEDERAL DE $14,231 POR CONDICIONES RELACIONADAS CON INMIGRACIÓN
NORTH ADAMS — Una subvención federal de apenas $14,231 destinada a ampliar y modernizar el cuarto de evidencias del Departamento de Policía de North Adams abrió una discusión mucho mayor en el Concejo Municipal: hasta qué punto aceptar dinero de Washington podría comprometer a la ciudad con políticas federales de inmigración que chocan con las leyes de Massachusetts.
El Concejo decidió aplazar la aceptación de los fondos del Edward Byrne Memorial Justice Assistance Grant, conocido como Byrne JAG, mientras solicita una opinión legal sobre varias de las condiciones incluidas en la subvención.
La moción de aceptar los fondos fracasó por 4 votos contra 2 y posteriormente, el Concejo acordó posponer el asunto hasta su reunión del 13 de octubre y remitir las condiciones al abogado de la ciudad para su análisis.
El dinero tiene un propósito relativamente limitado.
En la reunión pública el jefe de Policía Mark Bailey explicó que los $14,231 serían utilizados para ampliar y mejorar el actual cuarto de evidencias de la estación, incorporando medidas como áreas delimitadas, cámaras y contenedores asegurados que permitan al departamento cumplir con estándares estatales de acreditación.
La obra sería realizada por el Departamento de Edificios de la ciudad.
North Adams ha utilizado este programa federal anteriormente sin generar una controversia semejante. En febrero de 2025, por ejemplo, el Concejo aprobó aproximadamente $11,000 del programa JAG para adquirir tecnología y equipo para el salón de entrenamiento y reuniones comunitarias del Departamento de Policía.
La diferencia estriba en que lo que cambió no fue el proyecto local, sino el contexto federal.
El programa Byrne JAG es una de las principales fuentes de financiamiento federal para los sistemas estatales y locales de justicia penal. El Bureau of Justice Assistance señala que el dinero puede utilizarse para personal, equipo, suministros, capacitación, tecnología, prevención del delito, fiscalías, correcciones, tratamiento de drogas y otros programas relacionados con la justicia.
Sin embargo, entre las condiciones incorporadas a estas subvenciones aparecen disposiciones que el Departamento de Justicia describe como requisitos de “no interferencia” con las autoridades federales.
Entre ellas se encuentran restricciones para que gobiernos estatales o municipales limiten determinados intercambios de información con autoridades federales; el aviso a autoridades migratorias sobre la liberación programada de ciertas personas bajo custodia; el acceso de funcionarios federales para interrogar a determinadas personas detenidas; y restricciones sobre la divulgación de información sensible de las fuerzas federales.
Ese lenguaje encendió las alarmas entre algunos residentes y concejales de North Adams. Aclararon que sus interrogantes no estaban dirigidas contra el Departamento de Policía de North Adams, sino hacia las condiciones establecidas por el gobierno federal.
La concejal Lillian Zavatsky pidió específicamente contar con una opinión del abogado municipal antes de votar, especialmente después de una discusión prácticamente idéntica ocurrida recientemente en Pittsfield, donde el Concejo Municipal rechazó una subvención JAG que habría financiado dos drones policiales adicionales.
Bailey sostuvo, sin embargo, que la Policía de North Adams no puede simplemente entregar información migratoria aunque una agencia federal la solicite.
Su posición tiene un fundamento importante en la legislación estatal que entró en vigor apenas semanas antes de la discusión.
El 5 de agosto, la gobernadora Maura Healey firmó el PROTECT Act, y varias de sus disposiciones relacionadas con las fuerzas policiales comenzaron a regir el 4 de septiembre.
La nueva ley limita la participación de policías estatales y municipales en la aplicación civil de las leyes federales de inmigración.
Las guías oficiales preparadas por el Executive Office of Public Safety and Security, el Municipal Police Training Committee y la Massachusetts Chiefs of Police Association establecen que esas restricciones no solamente alcanzan a oficiales uniformados, sino también a despachadores, personal de registros y otros empleados de las agencias policiales.
Salvo determinadas excepciones establecidas por la ley, las autoridades locales no pueden investigar el estatus migratorio de una persona, utilizar recursos estatales o municipales para operaciones civiles de inmigración, prolongar una detención únicamente por un “detainer” migratorio ni proporcionar deliberadamente a las autoridades federales determinada información privada sobre una persona bajo custodia.
La guía policial estatal es particularmente explícita respecto a una situación como la planteada por Bailey ante el Concejo: en circunstancias ordinarias, el personal de una estación policial no debe confirmar ni negar a las autoridades migratorias que determinada persona está bajo custodia.
Ese marco se suma a una decisión que desde hace casi una década condiciona la relación entre las policías de Massachusetts e ICE.
En Lunn v. Commonwealth, decidido en 2017, el Supreme Judicial Court de Massachusetts determinó que las autoridades estatales y locales no tienen facultad bajo la legislación estatal para mantener arrestada a una persona únicamente por una orden administrativa civil de inmigración después del momento en que legalmente debería ser liberada.
Los llamados immigration detainers de ICE son solicitudes federales y no equivalen por sí mismos a una orden judicial.
La controversia de North Adams, sin embargo, introduce una pregunta diferente: aunque Massachusetts pueda prohibir a sus policías realizar determinadas acciones, ¿puede Washington exigir esas acciones como condición para recibir dinero federal?
Ese es precisamente el conflicto jurídico que la ciudad de North Adams deberá desenmarañar antes de su votación el próximo martes 13.
Paralelamente existe el principio conocido como anti-commandeering, derivado de la Décima Enmienda y de decisiones de la Corte Suprema. Bajo esa doctrina, el gobierno federal puede hacer cumplir directamente las leyes federales, pero generalmente no puede ordenar a funcionarios estatales o locales que administren un programa regulatorio federal.
No es un debate nuevo para el programa Byrne JAG.
Durante la primera administración de Donald Trump, el Departamento de Justicia intentó imponer condiciones migratorias similares a estas subvenciones.
En City of Providence v. Department of Justice, el Tribunal Federal de Apelaciones del Primer Circuito —cuya jurisdicción incluye Massachusetts— respaldó una decisión que impedía al Departamento de Justicia aplicar varias de esas condiciones a Providence y Central Falls, Rhode Island.
En 2021, el Departamento de Justicia dejó de aplicar varias de las condiciones correspondientes a subvenciones otorgadas entre 2017 y 2020.
SIn embargo existe un elemento adicional particularmente relevante para North Adams: aunque las cuatro condiciones aparecen en los documentos de las subvenciones del año fiscal 2025, el propio Office of Justice Programs del Departamento de Justicia informa actualmente que no las está aplicando.
En un aviso legal vigente, OJP identifica específicamente las subvenciones FY2025 Byrne JAG State Formula y Local Formula y señala que la suspensión alcanza a todos los beneficiarios.
Las cuatro disposiciones mencionadas son precisamente las referentes al intercambio de información, avisos de liberación, interrogatorios de personas detenidas y divulgación de información de autoridades federales.
Según el mismo aviso, debido a una orden judicial relacionada con City of Chicago v. Garland, el Departamento de Justicia “no implementará ni hará cumplir” actualmente esas condiciones.
Si el panorama judicial cambia y el gobierno federal decide volver a aplicarlas, DOJ asegura que dará aviso previo por escrito a los beneficiarios afectados.
Para North Adams, por lo tanto, la pregunta ante el Concejo tiene varias capas.
La primera es práctica: aceptar $14,231 permitiría mejorar un cuarto de evidencias que la Policía considera necesario para cumplir con estándares de acreditación, la pregunta es a qué costo.
La segunda es jurídica: Massachusetts acaba de imponer restricciones explícitas sobre la cooperación de sus policías con la aplicación civil de las leyes migratorias.
Y la tercera es contractual: aunque Washington señala actualmente que no hará cumplir las cuatro condiciones controvertidas de los JAG 2025, esas cláusulas siguen formando parte del marco de la subvención y su situación podría cambiar dependiendo de futuras decisiones judiciales.
Es decir, la cuestión que deberán responder los concejales no será únicamente si North Adams necesita $14,231 para su cuarto de evidencias, sino qué significa jurídicamente aceptar dinero federal acompañado de condiciones que actualmente están suspendidas, que Massachusetts restringe por ley y cuya validez continúa siendo disputada ante los tribunales.
