TRAS EL CIERRE DE HAMPSHIRE COLLEGE, MASSACHUSETTS BUSCA EXIGIR ALERTAS MÁS TEMPRANAS SOBRE UNIVERSIDADES EN RIESGO
AMHERST — El cierre de Hampshire College, anunciado en abril después de años de dificultades financieras, está impulsando a Massachusetts a reforzar la manera en que supervisa a las universidades privadas y, especialmente, el momento en que estudiantes, empleados y comunidades deben ser informados de que una institución corre riesgo de desaparecer.
El Departamento de Educación Superior de Massachusetts (DHE, por sus siglas en inglés) planea establecer que las universidades privadas consideradas en “riesgo de cierre inminente” tengan que hacer pública esa situación a más tardar el 31 de diciembre, según explicó el comisionado Noe Ortega durante una reunión de la Junta de Educación Superior este martes 29 de septiembre.
La medida llega meses después de que Hampshire College, en Amherst, anunciara el 14 de abril que cerraría permanentemente después del semestre de otoño de 2026. La institución explicó entonces que ya no contaba con los recursos necesarios para mantener sus operaciones y cumplir con sus responsabilidades regulatorias.
La universidad había intentado aumentar su matrícula, refinanciar su deuda, recaudar fondos y obtener ingresos mediante la venta de parte de sus terrenos. Sin embargo, esos esfuerzos no fueron suficientes para estabilizar sus finanzas. Hampshire planea concluir sus operaciones académicas a finales de diciembre de 2026.
Para las autoridades estatales, la experiencia de Hampshire y otros colegios que han enfrentado problemas similares puso nuevamente sobre la mesa una pregunta: ¿con cuánta anticipación deben saber los estudiantes que su universidad podría cerrar?
EL ESTADO QUIERE QUE LAS ALERTAS LLEGUEN ANTES
Actualmente, Massachusetts cuenta con un sistema para evaluar anualmente las finanzas de universidades privadas. La regulación define como institución en riesgo de cierre inminente a aquella que podría no contar con recursos suficientes para continuar sus operaciones o cumplir sus compromisos con estudiantes durante el resto del año académico actual y el siguiente, un horizonte de aproximadamente 18 meses.
El 1 de diciembre funciona actualmente como la fecha de referencia anual para realizar esa evaluación.
Sin embargo, el presidente de la Junta de Educación Superior, Chris Gabrieli, señaló que las reglas actuales permiten que la determinación final ocurra después de esa fecha. El nuevo enfoque busca que, si el DHE concluye que una universidad se encuentra en riesgo, la advertencia pública esté disponible antes del 31 de diciembre.
El objetivo es evitar que los estudiantes lleguen a los primeros meses del siguiente semestre sin saber que la institución donde estudian podría no continuar operando.
Gabrieli explicó que el riesgo para estudiantes, profesores, trabajadores y comunidades aumenta mientras más avanza el año académico después del 1 de enero.
Hampshire College es un ejemplo reciente de esas consecuencias. Cuando la institución anunció su cierre en abril, sus estudiantes tuvieron que comenzar a decidir rápidamente si podrían terminar sus estudios en Hampshire o trasladarse a otra universidad.
El DHE señala actualmente que trabaja con Hampshire para garantizar que los alumnos puedan graduarse antes del 31 de diciembre o transferirse a otra institución con la menor interrupción posible.
Hampshire también estableció acuerdos de transferencia y continuidad académica con instituciones del Five Colleges Consortium y otros centros educativos para ayudar a sus estudiantes a completar sus títulos.
MÁS PERSONAL Y MAYOR VIGILANCIA FINANCIERA
El cambio de fechas no será la única respuesta del estado.
Ortega señaló que el Departamento de Educación Superior planea incorporar más empleados y contratar firmas externas especializadas para analizar la situación financiera de las universidades privadas, en momentos en que pequeños colegios de artes liberales enfrentan crecientes presiones económicas.
El estado también pretende modificar la capacitación financiera obligatoria que reciben los dirigentes y juntas directivas de las instituciones privadas.
La intención, dijo Ortega, es intervenir antes y no limitar la capacitación a universidades que ya se encuentran preparando un cierre o que han tenido que emitir una advertencia pública.
Massachusetts ya cuenta con una ley que obliga a las instituciones privadas a notificar inmediatamente a la Junta de Educación Superior sobre riesgos financieros conocidos que razonablemente pudieran provocar un cierre o impedirles cumplir sus obligaciones con estudiantes actuales y admitidos. La legislación fue aprobada en 2019, después del abrupto cierre de Mount Ida College.
Cuando el estado identifica problemas, puede exigir a la universidad un plan para reducir el riesgo. Si después de revisarlo las autoridades concluyen que la institución continúa en peligro de cerrar, puede exigirse una notificación pública y un plan de contingencia.
Los cambios planteados ahora buscan hacer ese proceso más temprano, más proactivo y más visible para las personas directamente afectadas.
“Todo esto realmente está destinado a garantizar que los estudiantes no queden varados, que profesores y empleados reciban un periodo razonable de aviso para poder buscar otro empleo y que las comunidades sufran el menor impacto negativo posible”, dijo Gabrieli.
Para Amherst, las consecuencias del cierre de Hampshire College van más allá de sus estudiantes. La institución forma parte de la comunidad desde hace décadas y su cierre implica también la pérdida de empleos y un cambio significativo para el ecosistema universitario del Pioneer Valley.
Ahora, mientras Hampshire College se prepara para terminar sus operaciones a finales de este año, Massachusetts busca que la próxima universidad que enfrente una crisis semejante tenga que advertirlo mucho antes.
