NORTH ADAMS APLAZA SUBVENCIÓN POLICIAL DE $14,231 ANTE TEMOR DE COLABORACIÓN CON ICE
NORTH ADAMS. — Lo que comenzó como una solicitud de financiamiento para mejorar las instalaciones del Departamento de Policía de North Adams se ha convertido en un debate sobre inmigración, autonomía municipal y los límites de la cooperación con el gobierno federal. El Concejo Municipal decidió ayer 13 de octubre posponer hasta el 10 de noviembre la aceptación de una subvención de $14,231 del Departamento de Justicia de Estados Unidos, debido a las condiciones que podrían vincular a la policía local con las autoridades federales de inmigración.
La decisión llegó después de aproximadamente una hora de deliberaciones y de escuchar a más de media docena de residentes que manifestaron su oposición a los requisitos incluidos en el financiamiento. Aunque existe consenso sobre la necesidad de modernizar las instalaciones policiales, las disposiciones relacionadas con la cooperación con agencias como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) provocaron inquietud entre los concejales y miembros de la comunidad.
Los recursos forman parte del programa federal Edward Byrne Memorial Justice Assistance Grant (JAG) y están destinados a ampliar y reorganizar el espacio donde el Departamento de Policía conserva las evidencias utilizadas en investigaciones criminales. Actualmente, el área presenta problemas de capacidad, y su modernización permitiría mejorar el almacenamiento y la seguridad de las pruebas, además de contribuir al proceso de acreditación de la institución.
Sin embargo, las condiciones incorporadas al convenio federal contemplan determinadas formas de cooperación, tanto activa como pasiva, con organismos federales. Para varios residentes, aceptar esos términos podría generar incertidumbre sobre la manera en que la policía local maneja información y solicitudes relacionadas con inmigración, incluso cuando el departamento ha asegurado que no participa en asuntos civiles migratorios.
Durante el periodo de comentarios públicos, distintos participantes advirtieron sobre las posibles consecuencias que tendría el acuerdo para la confianza entre las autoridades y la población inmigrante. Entre ellos estuvo Fernando León, residente de Adams y vinculado al trabajo comunitario con inmigrantes, quien explicó que recibe aproximadamente una docena de llamadas semanales de personas preocupadas por la posible presencia de agentes de ICE en la región.
Michael Hitchcock, residente de Middlefield y con vínculos laborales en Berkshire County, amplió la discusión al señalar que las decisiones de un municipio pueden tener consecuencias para toda la región, debido a la estrecha relación económica y laboral entre comunidades como North Adams y Pittsfield.
Hitchcock explicó que numerosos residentes se desplazan diariamente entre ambas ciudades para trabajar en instituciones como Berkshire Health Systems, Massachusetts College of Liberal Arts (MCLA) y MASS MoCA, por lo que las políticas de intercambio de información policial podrían afectar a personas que ni siquiera residen en North Adams.
“Cuando un departamento de policía local firma un acuerdo para compartir información ilimitada y desconocida con el Departamento de Justicia, en realidad nos está comprometiendo a todos”, advirtió Hitchcock, al expresar su preocupación por el posible alcance de los requisitos federales. Su intervención también puso énfasis en la presencia cotidiana de los inmigrantes en la vida económica y social de los Berkshires.
“Los inmigrantes son nuestros amigos, vecinos y compañeros de trabajo. Nunca me canso de decirlo”, afirmó.
Hitchcock sostuvo además que las preocupaciones relacionadas con la recopilación y el intercambio de información no deberían limitarse exclusivamente a la población inmigrante.
A su juicio, las actuaciones federales podrían alcanzar también a personas involucradas en actividades políticas, sociales o ambientales. Como parte de su testimonio, relató una experiencia personal en la que agentes federales acudieron a su domicilio después de que publicara comentarios sobre Israel, un episodio que presentó como ejemplo de los riesgos que, desde su perspectiva, pueden surgir cuando las autoridades federales amplían sus mecanismos de vigilancia.
El abogado municipal Joel Bard presentó una evaluación jurídica donde considera poco probable que las disposiciones cuestionadas puedan aplicarse contra la ciudad, especialmente por los litigios existentes sobre la legalidad de determinadas condiciones impuestas a las subvenciones federales. Bard explicó que los requisitos están vinculados específicamente al programa financiado, es decir, al proyecto de mejoramiento del espacio de evidencias. No obstante, su análisis no eliminó completamente las dudas de los concejales, quienes solicitaron mayores garantías sobre las posibles consecuencias legales de aceptar el dinero.
La discusión también expuso diferencias entre los integrantes del Concejo. Algunos consideraron que rechazar los fondos podría perjudicar innecesariamente al Departamento de Policía y establecer un precedente complicado para futuras solicitudes de financiamiento.
El jefe de Policía, Mark Bailey, recordó que el departamento también busca obtener dos subvenciones adicionales de $250,000 cada una, una para modernizar su sistema de gestión de registros y otra para fortalecer los programas de atención y apoyo relacionados con la violencia doméstica. Su intervención planteó una preocupación adicional: la posibilidad de que condiciones semejantes aparezcan en futuros programas federales y dificulten el acceso a recursos considerablemente mayores.
Ante las dudas, el Concejo centró su atención en la posibilidad de obtener respaldo de la fiscal general de Massachusetts, Andrea Campbell, cuya oficina ha participado en acciones judiciales contra restricciones y condiciones federales relacionadas con la distribución de fondos públicos. La alcaldesa Jennifer Macksey se comprometió a buscar una respuesta de la fiscalía estatal, mientras los concejales solicitaron claridad sobre si Massachusetts estaría dispuesto a defender jurídicamente a North Adams en caso de un conflicto con el Departamento de Justicia.
El Concejo votó por unanimidad aplazar la decisión hasta el 10 de noviembre, cuando espera contar con una respuesta más concreta de la Fiscalía General de Massachusetts.
