Acuerdo de protección a inmigrantes incluye normas para la aplicación de las leyes por autoridades estatales y locales

Por: Sam Drysdale SHNS

Los negociadores legislativos dieron a conocer el miércoles un acuerdo de compromiso sobre el esperado proyecto de ley que ampliaría las protecciones contra la aplicación de las leyes federales de inmigración, al tiempo que preserva sin embargo un área clave de cooperación con las autoridades federales.

El acuerdo del comité de conferencia (H 5620) fue presentado el miércoles después de las 4 p.m., y más temprano ese mismo día los legisladores describieron su contenido durante una conferencia de prensa en la Casa Estatal. Esto sucede antes de las votaciones previstas en la Cámara de Representantes y el Senado para finales de esta semana.

Los integrantes del comité de conferencia dijeron que el acuerdo adoptó el enfoque más amplio del Senado respecto a los "lugares sensibles", ampliando las protecciones contra los arrestos civiles migratorios sin orden judicial de los tribunales incluyendo también las escuelas públicas, los centros de cuidado infantil y los centros de atención médica.

También incorpora en la ley la decisión de la Corte Suprema Judicial de Massachusetts en el caso Lunn v. Commonwealth de 2017; prohíbe nuevos acuerdos que permitan a funcionarios estatales y locales desempeñar determinadas funciones federales de control migratorio; y mantiene la actual colaboración entre el Departamento Correccional de Massachusetts y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

"Este proyecto de ley prioriza la seguridad de los inmigrantes y de todos los residentes de Massachusetts frente al uso de la aplicación de las leyes federales de inmigración como un arma por parte de la administración Trump", dijo la senadora Cindy Friedman, presidenta del comité de conferencia por el Senado, al describir una extensa lista de disposiciones incluidas en el acuerdo.

Entre ellas, dijo, se encuentran nuevas protecciones en los "lugares sensibles de la comunidad"; la prohibición de nuevos acuerdos 287(g); restricciones para interrogar a las personas sobre su estatus migratorio durante actuaciones policiales rutinarias; nuevas responsabilidades civiles para agentes de ICE; supervisión de los acuerdos de detención migratoria; protecciones para las víctimas de delitos; y mayores garantías para las personas bajo custodia estatal.

El comité de conferencia tenía la tarea de conciliar las diferencias entre los proyectos de ley aprobados por la Cámara de Representantes y el Senado esta primavera.

Una de las diferencias más importantes se centró en los lugares donde los agentes de ICE podrían realizar arrestos civiles migratorios sin orden judicial. El proyecto de la Cámara protegía únicamente los tribunales estatales, mientras que la versión del Senado extendía esas protecciones a otros espacios.

Cuando se le preguntó cómo los legisladores terminaron adoptando el enfoque más amplio del Senado, el representante Dan Cahill, presidente del comité de conferencia por la Cámara, bromeó: "Perdí".

Friedman dijo que los informes cada vez más frecuentes sobre actividades de control migratorio llevaron a los negociadores a ampliar el alcance del proyecto.

"La Cámara creó un proyecto de ley que era muy, muy... realmente sólido", dijo. "Sin embargo, una vez que fue aprobado, comenzó a surgir mucha otra información."

"Empezamos a ver y escuchar sobre personas que iban a recoger a sus hijos a la escuela y eran detenidas en la calle; cosas que ocurrían en los tribunales, donde ICE entraba a un juzgado y simplemente detenía a alguien mientras estaba en medio de un juicio o allí como víctima", continuó. "Comenzamos a analizar cómo podíamos garantizar protecciones en todos los lugares sobre los que tenemos algún control".

Al responder a las preocupaciones sobre si los proveedores de cuidado infantil o los trabajadores de la salud realmente podrían hacer cumplir esas protecciones, Friedman dijo que el acuerdo proporciona mayor claridad.

"La preocupación es: si te enfrentas a un agente de ICE y eres un trabajador de una guardería, ¿qué haces?", dijo. "Creo que el lenguaje del proyecto ayuda a aclarar eso y a detallar qué sucede en esas situaciones."

Los negociadores también resolvieron otra diferencia relacionada con los acuerdos 287(g), que autorizan a agencias policiales estatales o locales a realizar determinadas acciones de control migratorio federal.

El proyecto de la Cámara habría permitido una vía limitada para nuevos acuerdos con fines penales, sujetos a la aprobación del estado. La versión del Senado prohibía todos los acuerdos nuevos, ampliados o renovados.

Según los integrantes del comité de conferencia, el acuerdo adopta el enfoque del Senado al prohibir nuevos acuerdos, pero preserva la histórica colaboración 287(g) entre el Departamento Correccional e ICE.

Cuando se le preguntó por qué se mantiene vigente el acuerdo existente con el Departamento Correccional, Cahill dijo que los legisladores consideraron que reduce la probabilidad de que ICE tenga que realizar operativos en los vecindarios para localizar a personas que ya enfrentan una deportación después de cumplir condenas por delitos graves.

"Esas personas tienen muy poca protección, o ninguna, bajo las leyes migratorias para impedir que ICE las deporte", dijo Cahill. En lugar de obligar a los agentes federales a localizarlas después de su liberación, explicó que el acuerdo existente "permite una transferencia segura de personas que enfrentarán una deportación inminente."

Añadió que los negociadores también estaban preocupados por las tácticas de aplicación de la ley migratoria que, según dijeron, han observado.

"No queremos que ICE tenga que buscar a estas personas en nuestras comunidades... y ciertamente no queremos que utilicen eso como una excusa para ir no solo tras ese individuo, sino también contra cualquier persona que se encuentre cerca", dijo Cahill.

El representante Andy Vargas afirmó que mantener el acuerdo con el Departamento Correccional era coherente con la propuesta original desarrollada por el Caucus Negro y Latino después de escuchar las preocupaciones de las comunidades inmigrantes.

"Escuchamos comentarios de personas que decían: 'Sí, venían buscando a un hombre que sabíamos había cometido un delito grave, pero mientras lo buscaban, detuvieron a todas estas otras personas que simplemente estaban cerca'", dijo Vargas.

El acuerdo también incorpora en la legislación los principios establecidos por la Corte Suprema Judicial de Massachusetts en el caso Lunn v. Commonwealth, que determinó que los agentes del orden en Massachusetts no tienen autoridad para detener a una persona únicamente con base en una orden federal de detención migratoria de carácter civil, a menos que la ley estatal lo autorice.

Friedman dijo que el proyecto va más allá de depender del precedente judicial al plasmar directamente esas limitaciones en la ley.

"Lunn fue una decisión judicial y, básicamente, dejó claro que no corresponde al gobierno estatal o local participar en la aplicación de las leyes de inmigración", dijo. "Esa es una responsabilidad federal."

La legislación también prohibiría expresamente que los agentes pregunten sobre el estatus migratorio o la ciudadanía de una persona durante una parada de tráfico rutinaria únicamente con fines de aplicación de las leyes migratorias.

Cuando se le preguntó cómo se haría cumplir esa disposición, Friedman respondió simplemente: "Por ley".

El acuerdo requiere la aprobación formal de ambas cámaras antes de poder ser enviado a la gobernadora Maura Healey, quien más temprano el miércoles dijo que la medida era una de sus principales prioridades y expresó su esperanza de que llegue a su escritorio antes de que la Legislatura concluya sus sesiones formales programadas para esta semana.