NORTH ADAMS VOTARÁ SOBRE FONDOS POLICIALES VINCULADOS A ICE TRAS NUEVO FALLO JUDICIAL
NORTH ADAMS. — El Concejo Municipal de North Adams tiene previsto retomar este martes 10 de noviembre la discusión sobre una subvención federal de $14,231 destinada al Departamento de Policía, cuya aprobación permanece suspendida desde septiembre debido a condiciones relacionadas con la cooperación con autoridades federales de inmigración. La votación se producirá después de una nueva resolución judicial que declaró ilegales requisitos similares impuestos por el gobierno del presidente Donald Trump a determinados programas de seguridad pública.
El financiamiento pertenece al programa Edward Byrne Memorial Justice Assistance Grant (Byrne JAG), administrado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, y corresponde al año fiscal 2025. Los recursos permitirían mejorar el espacio donde la Policía de North Adams almacena las evidencias de investigaciones criminales. Sin embargo, las condiciones federales relacionadas con el intercambio de información y la cooperación con organismos como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han generado cuestionamientos entre residentes, representantes de la comunidad inmigrante y miembros del Concejo.
El conflicto comenzó a tomar fuerza en septiembre, cuando una propuesta para aceptar los fondos fracasó por cuatro votos contra dos. Posteriormente, el 13 de octubre, los concejales acordaron nuevamente aplazar la decisión hasta el 10 de noviembre, mientras solicitaban mayores garantías jurídicas a la Fiscalía General de Massachusetts. La principal preocupación era determinar si aceptar el dinero podría comprometer a la ciudad a cumplir disposiciones federales incompatibles con las restricciones estatales sobre la aplicación civil de las leyes migratorias.
El panorama jurídico cambió el miércoles 4 de noviembre, cuando el juez federal John J. McConnell Jr., del Distrito de Rhode Island, falló a favor de una coalición de 22 estados y el Distrito de Columbia, entre ellos Massachusetts. La resolución impidió que el Departamento de Justicia condicionara determinados fondos para seguridad pública y justicia juvenil a la colaboración de los gobiernos estatales con las políticas federales de inmigración.
El tribunal concluyó que el Departamento de Justicia no tenía autoridad para imponer esas obligaciones adicionales a programas de financiamiento establecidos por el Congreso. La decisión afectó específicamente al Byrne State Crisis Intervention Program y a subvenciones administradas por la Oficina de Justicia Juvenil y Prevención de la Delincuencia. No resolvió directamente las condiciones de la subvención Byrne JAG que analiza North Adams, porque disposiciones similares de ese programa ya estaban sujetas a una orden judicial anterior.
De hecho, la propia Oficina de Programas de Justicia del gobierno federal reconoce actualmente que no está aplicando cuatro de las condiciones controvertidas a las subvenciones Byrne JAG del año fiscal 2025, tanto estatales como municipales. Las disposiciones abarcan restricciones sobre la divulgación de información sensible para las fuerzas de seguridad, intercambio de información con autoridades federales, notificaciones sobre la liberación de personas detenidas y posibilidades de interrogatorio por parte de agentes federales. La suspensión se fundamenta en una orden judicial del caso City of Chicago v. Garland.
No obstante, el Departamento de Justicia advierte que podría reconsiderar la aplicación de esas condiciones si cambia la situación judicial, aunque tendría que notificar previamente por escrito a los beneficiarios afectados. Por ello, la suspensión actual no equivale necesariamente a la eliminación definitiva de todas las cláusulas incluidas en los convenios.
En Massachusetts, la fiscal general Andrea Joy Campbell celebró el nuevo fallo mediante un comunicado difundido el 5 de noviembre. Su oficina señaló que la resolución protege el acceso a recursos federales destinados a fortalecer la seguridad pública sin obligar a las autoridades estatales a participar en tareas de control migratorio. Según la Fiscalía General, Massachusetts recibió más de $3.78 millones mediante el programa Byrne JAG durante el año fiscal 2025, utilizados para equipamiento policial, sistemas de comunicación, capacitación y otras necesidades de seguridad.
La discusión adquiere especial importancia porque Massachusetts aprobó el pasado 5 de agosto la ley PROTECT Act, que restringe la participación de las policías estatales y municipales en la aplicación civil de las leyes migratorias. Entre otras disposiciones, la legislación prohíbe, salvo excepciones específicas, establecer nuevos acuerdos 287(g), mediante los cuales las autoridades locales pueden asumir determinadas funciones migratorias federales. También impide mantener detenida a una persona exclusivamente para entregarla a ICE sin una orden judicial.
Durante las sesiones anteriores, el jefe de Policía de North Adams, Mark Bailey, y la alcaldesa Jennifer Macksey defendieron la necesidad de modernizar el espacio de evidencias. Según explicaron, las instalaciones actuales tienen limitaciones de capacidad y las mejoras permitirían fortalecer la conservación, documentación y seguridad de las pruebas, además de contribuir al proceso de acreditación policial. Ambos sostuvieron que el departamento no participa en la aplicación de leyes civiles de inmigración.
El abogado municipal, Joel Bard, presentó en octubre una opinión jurídica según la cual las condiciones federales se limitarían a la actividad financiada por la subvención, es decir, las mejoras del espacio de evidencias. Bard consideró poco probable que las disposiciones controvertidas pudieran hacerse cumplir contra la ciudad debido a los litigios existentes, aunque reconoció que el riesgo legal no podía descartarse completamente.
Para algunos integrantes del Concejo, esa posibilidad fue suficiente para justificar un nuevo aplazamiento. Otros consideraron que rechazar recursos destinados a mejorar la seguridad policial podría resultar innecesario si la ciudad cuenta con mecanismos legales para impugnar las condiciones federales.
La preocupación también ha sido expresada por miembros de la comunidad inmigrante. Durante la reunión del 13 de octubre, Fernando Leon, residente de Adams, advirtió que el problema no se limitaba a los aspectos legales del acuerdo, sino también a sus posibles consecuencias sobre la confianza entre los residentes y las autoridades locales.
Leon explicó que recibe aproximadamente una docena de llamadas cada semana de personas que buscan confirmar rumores sobre la presencia de ICE en la región. En su intervención, señaló que los inmigrantes necesitan sentirse seguros al denunciar delitos, cooperar con investigaciones, solicitar ayuda y acudir a los servicios públicos, sin temor a que esas interacciones puedan exponerlos a procedimientos migratorios.
La controversia también llevó a la organización comunitaria Protect Our Neighbors Coalition a promover una petición contra la aceptación de la subvención. El grupo convocó a residentes a presentar sus inquietudes ante el Concejo el 27 de octubre y planteó la posibilidad de utilizar otras fuentes municipales para financiar las mejoras, aunque la disponibilidad de esos recursos alternativos no ha sido confirmada independientemente.
De acuerdo con un reportaje publicado por WAMC el 5 de noviembre, la Fiscalía General de Massachusetts también recomendó a la ciudad considerar una declaración de reserva de derechos, un mecanismo mediante el cual podría aceptar la subvención sin renunciar a cuestionar las condiciones federales en disputa. La oficina estatal informó, además, que el gobierno federal había indicado que no aplicaría determinadas condiciones correspondientes a 2025, mientras continuaban las discusiones relacionadas con los requisitos de 2026.
Con estos antecedentes, el Concejo Municipal deberá determinar si acepta los $14,231 bajo las condiciones legales actuales, busca mayores garantías del estado o decide prescindir de los recursos federales.
La votación está prevista para el martes 10 de noviembre, después de varios aplazamientos y de una nueva victoria judicial para los estados que cuestionan las condiciones migratorias del financiamiento federal.
