Scott Paul Clark se declara inocente de tres cargos de hurto; inmigrantes denuncian pérdidas económicas y daños en sus casos migratorios.

PITTSFIELD — El abogado Scott Paul Clark compareció este lunes ante el Tribunal Superior de Berkshire, donde se declaró inocente de tres cargos de hurto por montos superiores a $1,200. Tras la audiencia, fue liberado bajo palabra y deberá abstenerse de cualquier contacto con las presuntas víctimas mientras avanza el proceso judicial.

Para Clark, una eventual condena podría tener consecuencias que irían más allá del ámbito penal. Además de las posibles sanciones impuestas por la corte, podría enfrentar la revocación permanente de su licencia para ejercer la abogacía.

Las acusaciones surgen en medio de denuncias presentadas por decenas de inmigrantes de los Berkshires, quienes aseguran haber perdido dinero después de contratar a Clark para atender asuntos migratorios. Algunos de ellos sostienen además que dejaron pasar oportunidades importantes en sus casos debido a la falta de seguimiento o representación adecuada.

Los problemas legales de Clark se desarrollan después de que autoridades federales y estatales suspendieran su capacidad para ejercer en materia migratoria. En diciembre de 2025, la Junta Federal de Apelaciones de Inmigración le prohibió representar clientes ante los tribunales de inmigración y el Departamento de Seguridad Nacional. Posteriormente, la Junta de Supervisión de Abogados de Massachusetts registró una suspensión administrativa relacionada con su falta de cooperación en una investigación disciplinaria.

De acuerdo con documentos policiales, una de las denunciantes afirmó haber entregado $3,000 a Clark para que gestionara un trámite migratorio. La mujer acudió a la policía después de enterarse de que el abogado ya no estaba autorizado para ejercer ante los tribunales federales de inmigración. Según la investigación, solo logró recuperar $1,000 y posteriormente perdió toda comunicación con él.

Otra presunta víctima informó a los investigadores que realizó dos pagos de $1,750 cada uno durante 2025. Aunque recibió un reembolso parcial, aseguró que no obtuvo respuesta a múltiples intentos de contacto realizados por teléfono y correo electrónico.

El caso había sido presentado inicialmente ante el Tribunal de Distrito de Central Berkshire, donde Clark enfrentaba dos acusaciones similares. Sin embargo, tras revisar las pruebas reunidas por la fiscalía, un gran jurado decidió formalizar el proceso y sumar un tercer cargo de hurto por más de $1,200.

La suspensión administrativa de Clark entró en vigor en 2025, luego de que la Junta de Supervisión de Abogados concluyera que no respondió dentro de los plazos establecidos a requerimientos relacionados con denuncias por presunta conducta profesional indebida.

La situación pone de relieve un problema más amplio en la región: la escasez de abogados especializados en inmigración. Además la incertidumbre generada por las políticas migratorias federales, ha llevado a muchas personas a buscar ayuda con urgencia, aumentando su vulnerabilidad frente a posibles abusos, engaños o promesas de servicios que finalmente no se concretan.

Mientras el proceso judicial continúa, organizaciones y activistas locales siguen recopilando testimonios de personas que afirman haber resultado afectadas por la actuación del abogado.