Presentan PROTEC: proyecto de ley que busca fortalecer la protección de las comunidades inmigrantes en Massachusetts
- alexahnder
- hace 6 días
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State House News/Katie Castellano
CASA ESTATAL— Mientras las actividades federales de control migratorio alteran la vida en ciudades y pueblos de todo el país, los miembros del Caucus Legislativo Negro y Latino de Massachusetts presentaron un proyecto de ley destinado a fortalecer la protección de las comunidades inmigrantes en el estado. El grupo de legisladores anunció la presentación del proyecto de ley HD 5608, conocido como la Ley PROTECT (por sus siglas en inglés: Promoting Rule of Law, Oversight, Trust, and Equal Constitutional Treatment), que busca promover el estado de derecho, la supervisión, la confianza y el trato constitucional igualitario.
La iniciativa, patrocinada por los representantes Andrés Vargas, de Haverhill, y Judith García, de Chelsea, establece salvaguardas para los procedimientos judiciales, garantiza la aplicación uniforme del debido proceso y otorga al fiscal general del estado autoridad para hacer cumplir sus disposiciones.
Vargas señaló que el proyecto de ley es el resultado de casi un año de trabajo del caucus, incluido el establecimiento de un Grupo de Trabajo sobre Inmigración en agosto de 2025, así como un proceso de diálogo con organizaciones, líderes comunitarios y familias inmigrantes. Durante una conferencia de prensa, enfatizó que la prioridad ha sido mantenerse en contacto directo con las familias más afectadas por las recientes acciones migratorias. “Estamos manteniendo la confianza en nuestras comunidades al asegurar que las fuerzas del orden estatales y locales se concentren en la seguridad pública, no en la aplicación de leyes migratorias civiles”, afirmó.
El proyecto de ley prohíbe que los agentes del orden pregunten sobre el estatus migratorio de una persona, salvo que la ley lo exija, exista una orden judicial por escrito o sea necesario para probar un delito estatal, en cuyo caso se requeriría documentación. También restringe que las agencias policiales compartan con agentes federales de inmigración información personal no pública, así como avisos anticipados sobre la fecha, hora o lugar de liberación de una persona, o que faciliten traslados diseñados para permitir acciones de control migratorio civil.
La propuesta también prohíbe la creación o renovación de acuerdos 287(g), que permiten a las agencias locales ejercer funciones propias de agentes federales de inmigración. Se incluye una excepción limitada: si una agencia estatal busca colaborar en casos de delitos graves, el acuerdo deberá ser aprobado por la Oficina Ejecutiva de Seguridad Pública y Seguridad, con un período de notificación pública, comentarios y consulta obligatoria con el fiscal general antes de tomar una decisión.
El proyecto de ley prohibiría los arrestos migratorios civiles dentro y alrededor de los tribunales, así como durante los desplazamientos directos hacia o desde estos, a menos que exista una orden judicial firmada por un juez. Asimismo, los oficiales judiciales y empleados de los tribunales no podrán conceder acceso a áreas no públicas sin autorización judicial ni iniciar contacto con autoridades migratorias para facilitar arrestos civiles. Además, la Oficina Ejecutiva del Sistema Judicial deberá publicar informes trimestrales sobre actividades de control migratorio en entornos judiciales.
La representante Judith García destacó que en el tribunal de Chelsea se registraron más de 30 incidentes con ICE en un período de seis meses, algunos de ellos en áreas seguras. Subrayó que muchas personas buscadas por ICE no están bajo custodia y pueden acudir al tribunal como víctimas, testigos o participantes en audiencias. “Este proyecto de ley establece reglas claras sobre lo que puede ocurrir dentro y alrededor de nuestros tribunales para que jueces, oficiales y personal puedan hacer su trabajo”, afirmó. “Cuando la gente tiene miedo de ir a la corte, los casos no avanzan y el sistema deja de funcionar”.
La legislación también faculta al fiscal general a acudir rápidamente a los tribunales para exigir el cumplimiento inmediato cuando se violen las protecciones establecidas en la ley.
Por su parte, Gladys Vega, presidenta y directora ejecutiva de La Colaborativa, una organización sin fines de lucro con sede en Chelsea, señaló que muchos residentes han perdido la confianza en las fuerzas del orden y, por temor a la deportación, evitan pedir ayuda incluso en emergencias. “Esta ley PROTECT nos recuerda que todos tenemos que hacer un mejor trabajo. Lo que está ocurriendo a nivel nacional es el resultado de un sistema migratorio roto, pero Massachusetts siempre ha sido mejor que eso”, dijo.
Vargas añadió que los legisladores han mantenido reuniones “sólidas y productivas” con la gobernadora Maura Healey, el presidente de la Cámara Ron Mariano y la presidenta del Senado Karen Spilka para discutir la iniciativa.
Mientras tanto, grupos defensores de los derechos de los inmigrantes anunciaron un Día de Acción en la Casa Estatal para exigir medidas inmediatas que protejan a las comunidades locales de ICE, incluida la prohibición de cualquier tipo de asistencia operativa a esta agencia y la eliminación de los acuerdos 287(g).
El debate ocurre en un contexto de creciente tensión nacional. Esta semana, la gobernadora Healey exigió la renuncia de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, luego de que agentes federales mataran a Alex Pretti, un ciudadano estadounidense de 37 años, durante un operativo migratorio en Minneapolis. Fue la segunda muerte de un ciudadano estadounidense a manos de agentes federales en esa ciudad en el mismo mes, lo que ha generado fuertes críticas sobre el impacto de estas operaciones en las comunidades.
La delegación congresional de Massachusetts ha advertido que las acciones de ICE están generando miedo y poniendo en riesgo la seguridad comunitaria. Además, los demócratas del Senado han dejado claro que se opondrán a cualquier proyecto de financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional que no incluya reformas significativas, lo que podría derivar en un cierre parcial del gobierno federal.
En su propuesta presupuestaria para el año fiscal 2027, Healey recomienda mantener los $5 millones destinados al programa Massachusetts Access to Counsel, que brinda representación legal a inmigrantes de bajos ingresos afectados por cambios en las políticas federales. Defensores del programa han solicitado que estos fondos se conviertan en ayuda permanente.
Finalmente, el martes, el senador Nick Collins y otros 68 legisladores estatales enviaron una carta solicitando al gobierno federal extender el Estatus de Protección Temporal (TPS) para la comunidad haitiana en Estados Unidos. De no renovarse antes del 3 de febrero, cerca de 4,700 residentes de Massachusetts podrían enfrentar la deportación. Los legisladores advirtieron que poner fin al TPS desestabilizaría familias, afectaría empleos y provocaría un impacto severo en sectores clave, especialmente en el sistema de salud, que depende en gran medida de profesionales haitianos.
