Nueva guía federal hace temer una mayor pérdida de cobertura médica.
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Los funcionarios de salud de Massachusetts informaron este lunes que las pérdidas proyectadas de cobertura médica relacionadas con la ley federal One Big Beautiful Bill Act podrían superar las estimaciones previas y advirtieron que un mayor número de residentes del estado podría estar en riesgo de perder su seguro de MassHealth, un escenario que la fiscal general Andrea Campbell intentó evitar mediante una nueva demanda multiestatal presentada este lunes.
Durante meses, funcionarios estatales y expertos en políticas de salud han estimado que los cambios en los criterios federales de elegibilidad podrían dejar hasta 300,000 personas sin cobertura médica a través de MassHealth y del Massachusetts Health Connector.
En un intento por reducir la pérdida de cobertura derivada de los nuevos requisitos laborales y de las verificaciones de elegibilidad más frecuentes, los líderes de MassHealth afirmaron que están trabajando para inscribir y verificar automáticamente al mayor número posible de afiliados. Al ser consultado sobre cuánto podrían disminuir esas pérdidas gracias a estas medidas, el secretario de Salud y Servicios Humanos, Kiame Mahaniah, dijo que la cifra de 300,000 personas representa, en realidad, un escenario relativamente optimista para el estado.
“Creo que esa es la cifra a la que llegaríamos después de implementar todas estas medidas. Sin los esfuerzos que ha realizado MassHealth, estaríamos hablando del doble o incluso del triple de ese número”, declaró Mahaniah al State House News Service tras un evento no relacionado en la Casa Estatal.
Por su parte, el director de MassHealth, Ryan Schwarz, señaló que la cifra podría aumentar debido a la extensa guía federal publicada el 1 de junio sobre la implementación de los nuevos requisitos laborales y las exenciones del programa Medicaid. Los estados ahora intentan interpretar la norma provisional emitida por los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) antes de que las nuevas disposiciones entren en vigor en enero.
“Creo que incluso tendremos que replantearnos esa cifra de 300,000 personas y asumir que el desafío será aún mayor”, dijo Schwarz. “La pérdida de cobertura podría ser superior a lo que entendíamos anteriormente debido al cambio de dirección de los CMS en esta norma provisional”.
Schwarz explicó que “múltiples aspectos” de la nueva guía representan “un alejamiento de lo que el gobierno federal había indicado previamente a los estados”.
“Estamos trabajando con rapidez para implementar estas disposiciones con la mayor integridad posible y, como decía Kiame, reducir esa cifra tanto como podamos, aprobando automáticamente al mayor número posible de personas mediante el uso de bases de datos, sin que tengan que presentar documentación adicional”, añadió.
Ese mismo lunes, Andrea Campbell encabezó una coalición de 26 estados que demandó a la administración del presidente Donald Trump por la implementación que califican de “ilegal” de los nuevos requisitos laborales de Medicaid incluidos en la guía federal. La demanda sostiene que las políticas de los CMS “dificultan significativamente que las personas vulnerables puedan obtener las exenciones de los requisitos laborales y conservar su cobertura de Medicaid”, según informó la oficina de la fiscal general.
“El Congreso dejó claro que las personas con condiciones médicas graves no deberían perder su cobertura”, afirmó Campbell en un comunicado. “Estamos pidiendo al tribunal que bloquee estas disposiciones ilegales para proteger a los beneficiarios de Medicaid y evitar una presión innecesaria sobre el sistema de salud de Massachusetts”.
Con el objetivo de frenar un posible aumento considerable de las primas de seguros tras el vencimiento de créditos fiscales federales, la gobernadora Maura Healey anunció en enero una inversión de 250 millones de dólares para reforzar los planes de seguro subsidiados ofrecidos a través del Health Connector. Hasta el momento, no se ha anunciado una medida similar para MassHealth, aunque se espera que una pérdida masiva de cobertura ejerza una fuerte presión sobre el Health Safety Net Fund, el fondo que cubre la atención médica de residentes sin seguro o con cobertura insuficiente.
Las personas consideradas médicamente frágiles están exentas de los nuevos requisitos laborales de Medicaid. Sin embargo, la guía federal sobre qué condiciones califican como fragilidad médica y cómo determinar si limitan la capacidad de una persona para cumplir con los requisitos de “participación comunitaria” ha generado nuevas dificultades para los estados, según la organización KFF.
“La guía publicada el 1 de junio no deja completamente claro cómo deben interpretar los estados qué se considera fragilidad médica”, explicó Schwarz. “En términos prácticos, si una persona tiene un diagnóstico, ¿cómo utilizamos esa información y qué estamos obligados a verificar como estado?”.
Schwarz indicó que Massachusetts y otros estados continúan trabajando con funcionarios federales para aclarar cómo aplicar esos criterios.
“Esto hará mucho más difícil la implementación a nivel estatal y garantizar que el mayor número posible de personas conserve su cobertura”, afirmó.
La demanda sostiene que la guía federal “reduce ilegalmente” las protecciones aprobadas por el Congreso para las personas médicamente frágiles, según la oficina de Campbell. Además, argumenta que la guía no toma en cuenta los “daños significativos” que enfrentarán
los estados, los beneficiarios de Medicaid, los proveedores de atención médica y los sistemas de salud. También asegura que el gobierno federal “coacciona inconstitucionalmente a los estados al imponer nuevos y ambiguos requisitos de cumplimiento después de que estos ya habían comenzado a implementar la One Big Beautiful Bill Act basándose en el texto de la ley y en las orientaciones previas de los CMS”.
En una carta enviada la semana pasada a Mahaniah, decenas de organizaciones de salud y defensores de pacientes solicitaron al estado ampliar la cobertura financiada por Massachusetts para aproximadamente 1,050 inmigrantes con presencia legal calificada (Qualified Lawfully Present, QLP) que podrían perder su seguro médico en octubre.
“Brindar cobertura estatal a los QLP es una forma modesta, pero significativa, de reducir el costo de la atención no compensada y aliviar parte de la presión sobre un Health Safety Net que ya se encuentra sobrecargado”, señala la carta, difundida este lunes por la Massachusetts Health and Hospital Association.
Consultado sobre si MassHealth está considerando extender la cobertura para ese grupo de inmigrantes, Schwarz respondió que no podía hacer comentarios al respecto.
