MIRA ACUSA A TRUMP DE SEPARAR FAMILIAS CON NUEVA REGLA FEDERAL DE VIVIENDA
La Massachusetts Immigrant and Refugee Advocacy (MIRA) Coalition acusó a la administración del presidente Donald Trump de impulsar una política que podría separar a miles de familias inmigrantes, luego de que el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos (HUD) publicara una nueva regulación que restringe el acceso a viviendas subsidiadas para hogares con integrantes de diferentes estatus migratorios.
La organización condenó la medida, publicada el 12 de noviembre, y advirtió que aproximadamente 80,000 personas en todo el país podrían verse afectadas, entre ellas miles de niños ciudadanos estadounidenses que actualmente viven con padres u otros familiares sin un estatus migratorio elegible para recibir asistencia federal.
Sarang Sekhavat, jefe de gabinete de MIRA, calificó la decisión como un «grave abuso de poder que amenaza la vivienda de 80,000 personas en todo el país».
La organización sostuvo que la nueva regulación representa otro intento de la administración Trump por desestabilizar a las familias inmigrantes y restringir su acceso a servicios esenciales.
«La norma, que elimina la posibilidad de que familias de estatus migratorio mixto vivan juntas, a pesar de que lo han hecho en viviendas financiadas por HUD desde 1995, es otra manera en que la administración Trump continúa separando familias en Estados Unidos», declaró Sekhavat.
La controversia se centra en una modificación de las reglas que durante más de tres décadas han permitido que familias integradas por ciudadanos estadounidenses y personas sin estatus migratorio elegible permanezcan juntas en viviendas subsidiadas.
Bajo el sistema vigente, conocido como prorated assistance (asistencia proporcional), el gobierno federal calcula el subsidio únicamente sobre los integrantes que cumplen con los requisitos migratorios. Esto permite, por ejemplo, que una madre sin estatus migratorio elegible viva con sus hijos ciudadanos estadounidenses, quienes sí tienen derecho a recibir asistencia habitacional.
Con la nueva regulación, denominada Verification of Eligible Status (Verificación del Estatus de Elegibilidad), esta posibilidad quedará considerablemente restringida. Las familias podrían verse obligadas a excluir del hogar subsidiado a sus integrantes no elegibles o renunciar a la asistencia federal para continuar viviendo juntas.
Para MIRA, la medida no solo amenaza la estabilidad económica de las familias inmigrantes, sino que también podría perjudicar directamente a niños estadounidenses por la situación migratoria de sus padres.
De acuerdo con estimaciones del Center on Budget and Policy Priorities (CBPP), entre las aproximadamente 80,000 personas que podrían resultar afectadas en todo el país se encuentran unos 37,000 menores de edad. Estas cifras representan una población potencialmente expuesta a la regulación, no desalojos confirmados.
En Massachusetts, la organización Citizens' Housing & Planning Association (CHAPA) estima que alrededor de 910 hogares de estatus migratorio mixto podrían perder sus subsidios federales como consecuencia de los cambios.
La preocupación se produce en medio de una persistente crisis de acceso a vivienda asequible en el estado, donde numerosas familias de ingresos bajos dependen de programas federales para cubrir una parte de sus alquileres.
En Berkshire County, programas de asistencia administrados por autoridades locales como Pittsfield Housing Authority y North Adams Housing Authority también están sujetos a las disposiciones federales correspondientes. Sin embargo, no se dispone de cifras públicas verificadas sobre cuántas familias del condado podrían verse directamente afectadas.
La administración Trump, por su parte, defiende la regulación con el argumento de que los recursos federales de vivienda deben reservarse para ciudadanos estadounidenses y extranjeros que cumplan con los requisitos de elegibilidad establecidos por la ley.
El secretario de HUD, Scott Turner, ha sostenido que la medida busca priorizar a familias elegibles que permanecen en listas de espera, incluidos veteranos, adultos mayores, personas con discapacidades y víctimas de violencia doméstica.
No obstante, las organizaciones defensoras de inmigrantes cuestionan esa justificación. Señalan que, bajo las normas anteriores, los integrantes no elegibles de familias mixtas ya estaban excluidos del cálculo de los subsidios, por lo que el gobierno federal no financiaba directamente su parte de la asistencia habitacional.
La nueva normativa también exigirá verificar la ciudadanía o el estatus migratorio de todos los integrantes de los hogares cubiertos por los programas federales, incluidos niños y adultos mayores.
Aunque la regulación entrará en vigor el próximo 14 de diciembre, su implementación contempla periodos de verificación, posibles extensiones y determinadas protecciones temporales. Por ello, la entrada en vigor no implicará el desalojo automático de las familias afectadas.
MIRA ha recomendado a las personas que actualmente reciben asistencia habitacional no abandonar sus viviendas anticipadamente y buscar información confiable sobre sus derechos antes de tomar decisiones.
La organización también aclaró que los cambios no afectan directamente los requisitos de elegibilidad de los programas de vivienda financiados exclusivamente por Massachusetts.
En su pronunciamiento, Sekhavat reiteró que MIRA continuará defendiendo los derechos y el bienestar de las comunidades inmigrantes del estado y se opondrá a las políticas federales que, desde su perspectiva, buscan hacer de Estados Unidos un país cada vez menos acogedor para los inmigrantes.



