Massachusetts defiende restricciones a placas confidenciales para vehículos de ICE ante amenaza federal de disputa legal
- 15 may
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MASSACHUSETTS.—Una nueva disputa entre el gobierno federal y Massachusetts podría escalar a una batalla legal después de que autoridades federales acusaran al estado de restringir el acceso de agencias migratorias a placas confidenciales utilizadas en operaciones encubiertas dentro del estado.
La controversia surge tras una carta enviada el 12 de mayo a la gobernadora Maura Healey, firmada por Brett Shumate, Asistente del Fiscal General del gobierno federal, en la que se exige revertir una política del Registro de Vehículos Motorizados de Massachusetts (RMV) relacionada con la emisión de registros y placas encubiertas para agencias federales.
Según Shumate, el RMV estaría negándose a emitir registros y placas confidenciales o encubiertas a Immigration and Customs Enforcement (ICE) y limitando su emisión a Homeland Security Investigations (HSI) únicamente bajo ciertas condiciones. En su carta, el funcionario sostuvo que otras agencias federales, estatales y locales continúan recibiendo estas placas sin restricciones y calificó la política estatal como una medida discriminatoria.
Pero la administración Healey respondió con dureza y rechazó los argumentos federales. En una declaración atribuida a la vocera de la gobernadora, el estado sostuvo que Massachusetts sí continúa otorgando placas confidenciales a agencias que participan en investigaciones criminales legítimas y defendió que la controversia gira en torno al papel específico de ICE.
“Massachusetts no va a permitir que recursos estatales sean utilizados para ayudar a ICE a operar en secreto mientras violan derechos y nos hacen menos seguros”, afirmó el comunidcado. “Cualquier agencia federal, estatal o local que participe en trabajo legítimo de aplicación criminal puede recibir una placa confidencial. Todos sabemos que eso no es lo que ICE está haciendo”.
El gobierno federal argumenta que agentes de ICE y HSI participan en investigaciones sobre delitos federales que frecuentemente requieren vigilancia encubierta y operaciones sensibles. Según Shumate, restringir el acceso a placas confidenciales podría comprometer investigaciones y aumentar riesgos para agentes y civiles.
“Esta política discriminatoria no solo es profundamente peligrosa como cuestión de seguridad pública, sino también claramente ilegal como cuestión de derecho constitucional”, escribió Shumate en la carta dirigida a Healey. El funcionario federal añadió que la política “debería retirarse de inmediato; de lo contrario, Estados Unidos tiene la intención de buscar alivio judicial”.
“Las políticas del RMV de Massachusetts socavan investigaciones en curso y ponen a oficiales federales en riesgo de sufrir daños”, escribió. Agregó además que si los vehículos utilizados por agentes son fácilmente identificables, “los oficiales, sus familias y las personas bajo su protección estarán en riesgo”.
La carta también advierte sobre consecuencias operativas. Shumate argumentó que sospechosos podrían detectar la presencia de agentes y alterar el desarrollo de investigaciones: “Los sospechosos podrían ser alertados sobre la presencia de oficiales y huir, destruir evidencia o tomar medidas para evitar arrestos, haciendo los arrestos más peligrosos para todos los involucrados”.
En el plano legal, el gobierno federal sostiene que Massachusetts podría estar violando la Cláusula de Supremacía de la Constitución de Estados Unidos, la cual establece que las leyes y funciones federales prevalecen sobre medidas estatales que interfieran con ellas. La carta cita jurisprudencia reciente de la Corte Suprema y argumenta que un estado no puede discriminar contra funciones del gobierno federal.
“Al negarse a emitir registros y placas encubiertas a ciertas agencias federales mientras continúa emitiéndolas a agencias federales, estatales y locales similares sin restricciones, el RMV de Massachusetts ha entrado directamente en conflicto con la Cláusula de Supremacía al discriminar contra el gobierno federal”, escribió Shumate.
El documento solicita además que Massachusetts revierta la política y entregue una respuesta oficial antes del 22 de mayo. La advertencia final deja abierta la puerta a acciones legales federales.
“Solicito que Massachusetts rescinda esta política de inmediato”, escribió Shumate. Y añadió: “Si no se recibe dicha garantía, Estados Unidos se reserva todos sus derechos”.
La respuesta del goberino encabezado por el gobierno de Maura Healey marca una diferencia clave en el conflicto. Mientras el gobierno federal sostiene que Massachusetts está discriminando contra una agencia específica, la administración estatal argumenta que la decisión se basa en el tipo de actividad realizada y no en la identidad de quien solicita las placas.
La discusión podría terminar trasladándose de la esfera política a los tribunales.