Healey apunta a ICE y refuerza protecciones para inmigrantes con orden ejecutiva y proyecto de ley
- alexahnder
- hace 5 días
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La gobernadora incorpora políticas migratorias en un proyecto de ley presupuestario urgente
Por: Sam Drysdale, Michael P. Norton / SHNS
CASA DEL ESTADO — La gobernadora Maura Healey firmó una orden ejecutiva destinada a prohibir nuevos acuerdos de cooperación migratoria 287(g) “a menos que exista una necesidad de seguridad pública”, impide que ICE realice arrestos civiles en áreas no públicas de instalaciones estatales y prohibe el uso de propiedad estatal para operaciones de control migratorio.
Healey también anunció la presentación de una iniciativa legislativa (HD 5610) que, según su oficina, busca “mantener a ICE fuera de los tribunales, escuelas, programas de cuidado infantil, hospitales e iglesias; declarar ilegal que otro estado despliegue su Guardia Nacional en Massachusetts sin el permiso del gobernador; y permitir que los padres puedan organizar previamente la tutela de sus hijos en caso de ser detenidos o deportados”.
La oficina de la gobernadora calificó las medidas como “el esfuerzo más integral del país para proteger contra la actividad de ICE en lugares sensibles”. Durante el último año, la administración del presidente Trump ha intensificado las deportaciones, provocando temor en comunidades inmigrantes, separando familias y generando críticas por las tácticas empleadas por los agentes de ICE.
“Durante el último año, el presidente Trump ha enviado agentes federales a comunidades, ciudades y estados de todo el país, y lo que hemos visto semana tras semana, mes tras mes, es que los agentes federales han instigado, provocado y, sí, causado violencia en las comunidades”, dijo Healey en una conferencia de prensa en la Casa del Estado. “Personas han muerto. Otras han sido baleadas. Hemos visto a madres y padres sacados de sus autos y arrancados de los brazos de sus hijos. Ciudadanos estadounidenses han sido detenidos y arrestados”.
Candidatos republicanos a la gobernación criticaron las iniciativas, alegando que convierten a Massachusetts en un “estado santuario” y que obstaculizarían los esfuerzos federales para detener a inmigrantes indocumentados “criminales”.
La orden ejecutiva establece que Massachusetts es hogar de más de 1.2 millones de inmigrantes “que son trabajadores, padres, cuidadores, propietarios de negocios y contribuyentes esenciales a la economía y la vida cívica de la Mancomunidad”. También señala que la Constitución de Massachusetts “garantiza que cada residente reciba un trato igualitario ante la ley, independientemente de su origen nacional o estatus migratorio”.
Según la orden, ninguna oficina o agencia del poder ejecutivo podrá firmar un nuevo acuerdo 287(g) con ICE “a menos que el secretario de la Oficina Ejecutiva de Seguridad Pública certifique por escrito que el acuerdo se basa en un riesgo o necesidad específica y demostrable de seguridad pública” y que dicho acuerdo expire en un plazo máximo de 12 meses.
La orden también dispone que “los arrestos civiles realizados por oficiales federales de inmigración no podrán ejecutarse en áreas no públicas de instalaciones estatales” sin una orden judicial, y que dichas instalaciones “no podrán ser utilizadas por oficiales federales de inmigración para facilitar esfuerzos de control migratorio civil, incluyendo su uso como áreas de preparación, centros de procesamiento u operaciones”.
Previamente, Healey había pedido a aerolíneas privadas que dejaran de operar vuelos chárter para ICE con el fin de deportar residentes detenidos en Massachusetts desde el aeropuerto Hanscom Field en Bedford. Aunque el aeropuerto es operado por la Autoridad Portuaria de Massachusetts, la portavoz Karissa Hand aclaró que esta sección de la orden no impediría dichas deportaciones, ya que se trata de una base federal.
La legislación migratoria de Healey no fue presentada como un proyecto independiente, sino como anexos a un proyecto de presupuesto de 411 millones de dólares, que su oficina describe como de asignaciones “urgentes” para consideración de la Legislatura. El proyecto también incluye fondos relacionados con la respuesta a incidentes conjuntos para la próxima Copa del Mundo y el evento Tall Ships. Al vincular las propuestas de política con gastos inmediatos, la Legislatura —que ha resistido abordar temas migratorios— podría verse obligada a considerar estas medidas en el corto plazo.
Según la oficina de la gobernadora, la legislación restauraría protecciones que existían bajo una política del Departamento de Seguridad Nacional sobre “áreas protegidas”, la cual desalentaba operativos migratorios en lugares sensibles y fue eliminada por la administración Trump en enero pasado.
“Nuestra acción de hoy está en línea con lo que durante mucho tiempo fue una política federal establecida”, dijo Healey. “Antes, los agentes federales y sus socios en la aplicación de la ley reconocían estos espacios sensibles y los designaban como lugares protegidos contra acciones de control”.
Tucker Presser
Healey continuó: “La administración Trump eliminó esa política de sentido común desde el primer día en el cargo y abrió el camino para tácticas extremas y francamente antiestadounidenses. Su objetivo ha sido intimidar, infundir miedo, y eso es exactamente lo que han hecho. Hoy estamos aquí para restaurar la confianza en el gobierno”.
El proyecto de ley prohibiría arrestos civiles sin orden judicial por parte de ICE dentro de los tribunales, práctica que, según la administración, ha disuadido a testigos y víctimas de presentarse y ha interrumpido procesos penales. Las escuelas, programas de cuidado infantil y programas extraescolares con licencia también estarían impedidos de permitir el ingreso de agentes migratorios a áreas no públicas sin una orden judicial y deberán adoptar políticas formales sobre interacciones con ICE.
El fiscal del condado de Essex, Paul Tucker, exlegislador estatal, afirmó que la actividad de ICE en los tribunales ha disuadido a víctimas y testigos.
“El acceso a la justicia no puede coexistir con la amenaza de un arresto civil que se cierne sobre quienes entran a un tribunal para defender sus derechos o cumplir con sus obligaciones cívicas”, dijo Tucker, y agregó que las acciones de Healey “ayudarán a aliviar ese temor y a fortalecer la seguridad pública”.
Hospitales, centros de salud comunitarios, hogares de ancianos y programas de tratamiento de adicciones también tendrían prohibido permitir el acceso de ICE a áreas no públicas sin una orden judicial. La administración indicó que proveedores de salud han reportado que pacientes han retrasado o evitado recibir atención por miedo a ser detenidos.
El proyecto también permitiría a los padres organizar previamente la tutela temporal de sus hijos en caso de ser detenidos o deportados, sin perder sus derechos parentales.
“Nuestra ley también permitirá a los padres preparar la tutela de sus hijos en caso de detención o deportación. Y me duele siquiera tener que decir estas palabras, pero hemos visto aquí en Massachusetts y en todo el país a niños pequeños separados de sus padres, dejados solos o bajo el cuidado de un vecino o del estado. Eso está mal”, dijo Healey.
Otra disposición haría ilegal que una fuerza militar bajo el control del gobernador de otro estado ingrese a Massachusetts sin el permiso de la gobernadora, en referencia a recientes despliegues de la Guardia Nacional fuera de su estado de origen.
La legislación también establecería legalmente la protección contra arrestos civiles en iglesias y otros lugares de culto mientras las personas asisten a servicios religiosos.
En la conferencia de prensa en la Casa del Estado, Healey estuvo acompañada por la presidenta del Senado, Karen Spilka, otros legisladores, fiscales y líderes comunitarios. El presidente de la Cámara, Ron Mariano, no estuvo presente. Un portavoz indicó que se encontraba en su oficina en reuniones. Aunque Spilka y la fiscal general Andrea Campbell fueron citadas en apoyo a la iniciativa, no se incluyeron declaraciones de miembros de la Cámara.
Spilka ICE Presser
Spilka dijo que el Senado intentará avanzar rápidamente con la legislación. “Quiero dejar constancia de que el Senado de Massachusetts está firmemente con ustedes en estos esfuerzos, y cuando esta legislación llegue al Senado —y espero que sea muy pronto— la analizaremos cuidadosamente”, afirmó. “Déjenme ser clara: el Senado hará todo lo posible para devolver estas propuestas a su escritorio para su firma”.
En un comunicado, el portavoz de Mariano, Max Ratner, dijo que el presidente de la Cámara apoya la orden ejecutiva de la gobernadora.
“El presidente Mariano apoya la orden ejecutiva de la gobernadora Healey y continúa participando en conversaciones con el Caucus Legislativo Afroamericano y Latino y el liderazgo de la Cámara sobre este tema”, dijo Ratner.
El Caucus Afroamericano y Latino impulsa un proyecto denominado PROTECT Act, enfocado en reforzar las protecciones para comunidades inmigrantes, que también incluye lenguaje para impedir arrestos de ICE en tribunales. Aunque la oficina de la gobernadora señaló que se trata de propuestas distintas, los legisladores han indicado que se mantienen conversaciones “robustas” sobre una posible estrategia conjunta.
Mariano agregó: “La Cámara priorizará la retroalimentación de los miembros sobre propuestas legislativas de política migratoria y realizará reuniones la próxima semana para asegurar un proceso de revisión exhaustivo. Dada la complejidad y gravedad de este tema, y las limitaciones de lo que el gobierno estatal puede hacer en inmigración, es fundamental tener discusiones francas y cuidadosas. Mientras ICE y otros agentes federales continúan acosando e intimidando a residentes inocentes, y pese al desinterés de la administración Trump por cumplir la ley, la Cámara sigue comprometida con proteger a nuestros residentes”.
Candidatos republicanos a la gobernación criticaron la orden ejecutiva y la legislación. Mike Minogue dijo en un comunicado: “Me decepciona ver a los políticos de Massachusetts priorizar titulares políticos sobre la seguridad de nuestras comunidades. Las autoridades estatales y locales deben trabajar con el gobierno federal para sacar a los inmigrantes ilegales criminales de nuestras comunidades”.
Mike Kennealy afirmó que las acciones equivalen a declarar a Massachusetts un estado santuario. “Ayer, Maura Healey dijo que Massachusetts no es un estado santuario. Hoy, anunció una serie de acciones ejecutivas que definitivamente lo convierten en uno”, dijo, argumentando que la medida obligará a los agentes federales a realizar arrestos en la comunidad en lugar de hacerlo en los tribunales.
Healey rechazó nuevamente esa etiqueta al ser consultada. “Massachusetts no es un estado santuario. Lo he dicho una y otra vez”, afirmó.
Brian Shortsleeve, también candidato republicano, dijo que Healey “admitió que la cooperación con las fuerzas federales es necesaria y apropiada. Luego la prohibió. Afirma que Massachusetts no es un estado santuario mientras emite órdenes que bloquean la aplicación de la ley en los tribunales y detienen una coordinación básica que permitiría transiciones de custodia más ordenadas”.
La presidenta del Partido Republicano de Massachusetts, Amy Carnevale, señaló que “los recientes esfuerzos de detención migratoria en Minnesota han sido caóticos y han tenido resultados trágicos”, antes de criticar las iniciativas de Healey.
“La solución no es profundizar la división entre el estado y el gobierno federal, como propone la gobernadora Healey. En cambio, el estado debería trabajar en colaboración con las autoridades federales para identificar y detener a inmigrantes ilegales criminales fuera de las calles. Estas detenciones se realizan mejor en espacios como los tribunales”, dijo Carnevale. “Al firmar esta orden ejecutiva y promover legislación que dificulta la aplicación de la ley federal, nuestras comunidades ahora enfrentan un mayor riesgo de operativos caóticos. Las acciones de hoy, sumadas a la retórica de la administración Healey, solo agravarán las tensiones mientras el presidente Trump trabaja para hacer a Estados Unidos más seguro”.
La orden ejecutiva entra en vigor de inmediato.
