El Senado programa votación sobre un amplio proyecto de ley de protección a inmigrantes.
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POR: Ella Adams/SHNS
Los demócratas del Senado planean aprobar su versión de la PROTECT Act el próximo jueves, en una versión ampliada del proyecto migratorio que la Cámara de Representantes aprobó en marzo.
Una versión del proyecto en la Cámara, diseñada para proteger a los inmigrantes de ciertos tipos de aplicación de la ley migratoria federal, fue aprobada con una votación de 134-21 el 25 de marzo.
El Senado mantuvo abierta su sesión el jueves durante más de cuatro horas antes de que surgiera una propuesta del Comité de Medios y Arbitrios del Senado (S 3072), que recibió un respaldo de 15-1 en ese panel. Las enmiendas al proyecto deben presentarse el lunes.
El proyecto de la Cámara (H 5316) se basó en un borrador del Caucus Legislativo Negro y Latino. Este proyecto bloquea a los agentes federales de realizar arrestos civiles en los tribunales. La propuesta de la gobernadora Maura Healey en enero buscaba proteger espacios adicionales, incluidos escuelas, centros de salud y lugares de culto.
El proyecto del comité del Senado restringiría los arrestos civiles, incluidos los arrestos migratorios civiles federales, no solo en los tribunales estatales, sino también en guarderías, escuelas públicas, lugares de culto y centros de atención médica. Además, el proyecto establece “una causa de acción a nivel estatal contra funcionarios federales” por cualquier privación de derechos, privilegios o inmunidades bajo la Constitución de Estados Unidos.
Uno de los patrocinadores del proyecto, el senador Adam Gómez, dijo que algunos lo han llamado “PROTECT Act-Plus”.
El proyecto prohibiría nuevos acuerdos 287(g), que permiten a oficiales locales desempeñar funciones federales. El Departamento de Corrección mantiene actualmente el único acuerdo 287(g) del estado.
Al igual que la propuesta de Healey, permitiría a los padres organizar con anticipación la tutela de sus hijos en caso de ser detenidos o deportados.
La iniciativa prohíbe que la policía pregunte o registre el estatus migratorio de una persona, con ciertas excepciones. También impediría que las fuerzas del orden utilicen recursos estatales o locales para la aplicación de leyes migratorias federales o que detengan a una persona basándose en su estatus migratorio real o percibido.
El proyecto también prohíbe retener a personas por solicitudes migratorias más allá del tiempo en que serían elegibles para ser liberadas. Asimismo, no podrían transferir a una persona a custodia migratoria sin una orden judicial válida ni compartir información personal no pública con autoridades federales.
Dentro de 48 horas de recibir una notificación federal sobre inspecciones laborales I-9, el proyecto requeriría que los empleadores notifiquen a sus trabajadores.
“El accionar de los funcionarios federales de inmigración, bajo la dirección del presidente Trump y los republicanos del Congreso, ha generado miedo y caos en comunidades de Massachusetts y del país”, señaló el Comité de Dirección y Política del Senado en un comunicado enviado desde la oficina de la senadora Cindy Friedman. “Estas acciones deben ser respondidas con políticas que dejen claro que defenderemos a las personas y los valores del estado”.
El proyecto también incluye medidas para garantizar que las víctimas inmigrantes de delitos, incluida la trata de personas, puedan procesar adecuadamente sus solicitudes de visas especiales.
Entre los patrocinadores figuran los senadores Liz Miranda, Adam Gómez, Lydia Edwards, Sal DiDomenico, Pavel Payano, Bill Driscoll, Barry Finegold, Robyn Kennedy, Jason Lewis, Becca Rausch, Michael Barrett, Nick Collins y Pat Jehlen.
La propuesta también prohíbe que fuerzas militares de otros estados ingresen a Massachusetts sin autorización del gobernador, salvo en casos permitidos por la ley, y establece una “violación civil estatal” para infracciones relacionadas con protecciones en los centros de votación.
Cuando Healey presentó su plan, la presidenta del Senado, Karen Spilka, prometió una acción rápida para defender la seguridad, la dignidad y los derechos de los residentes, y aseguró que el Senado haría todo lo posible por devolver estas propuestas para su firma.
Casi 60 organizaciones que integran la Coalición del People’s PROTECT Act realizaron una manifestación para pedir al Senado que fortalezca el proyecto, incluyendo el fin de la colaboración con ICE, más audiencias virtuales y mejoras en visas para víctimas.
Una vez aprobado por el Senado, el proyecto pasará a un comité de conferencia de seis miembros, que deberá elaborar una versión final para enviarla al despacho de la gobernadora.
