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Berkshire Concrete demanda nuevamente al pueblo de Dalton

  • hace 8 horas
  • 3 min de lectura

DALTON — La disputa entre Berkshire Concrete y el pueblo de Dalton continúa escalando. La empresa presentó una nueva demanda ante la Corte Superior, esta vez contra la Junta de Salud (Board of Health), con el objetivo de anular las multas que le fueron impuestas por problemas relacionados con la emisión de polvo y arena desde sus operaciones.


La acción judicial, presentada el 26 de junio, representa el segundo litigio que la compañía mantiene contra el municipio. Mientras ya impugna la negativa de la Junta de Planificación para renovar su permiso especial de operación, ahora también busca revertir las sanciones económicas impuestas por la Junta de Salud y obtener una declaración judicial que confirme que sus actividades son legales y no constituyen una molestia pública o privada.


El conflicto se originó después de que la Junta de Salud multara a la empresa matriz, Petricca Industries, con 5,000 dólares por permitir que arena y polvo salieran de sus instalaciones y por no presentar un plan adecuado para controlar esas emisiones. Esa sanción nunca fue pagada ni apelada. Posteriormente, la junta impuso una segunda multa por 10,000 dólares, decisión que la empresa sí impugnó administrativamente, aunque el organismo decidió mantenerla vigente.


Ahora Berkshire Concrete sostiene que las multas fueron emitidas mediante un procedimiento irregular y que la Junta de Salud ignoró los argumentos presentados durante el proceso de apelación. La demanda afirma que la decisión fue arbitraria, carece de pruebas suficientes y provocó daños económicos a la empresa.


La compañía solicita que el tribunal determine que desde junio de 2025 ya no existe ninguna molestia pública causada por sus operaciones. También pide que se reconozca que el plan de mitigación de polvo presentado cumplía con las exigencias de las autoridades, que no está obligada a restaurar completamente el terreno en disputa y que sus actividades no están sujetas a las normas municipales sobre extracción de tierra.


Como parte de su defensa, Berkshire Concrete reconoce que entre finales de 2024 y marzo de 2025 hubo un aumento en la dispersión de polvo y arena debido a un error en el ángulo de excavación de una sección identificada como la parcela 105-16. Sin embargo, asegura que el problema fue corregido mediante trabajos de restauración parcial y que, pese a ello, continuaron las quejas de un pequeño grupo de residentes que viven junto al predio.


La empresa también sostiene que esas viviendas fueron construidas décadas después de que comenzaran sus operaciones en Dalton, las cuales, según la demanda, existen desde al menos 1947. Argumenta que la actividad minera precede tanto al desarrollo de los vecindarios cercanos como a varias de las regulaciones municipales actualmente vigentes.


Otro de los puntos centrales del litigio es el plan de control de polvo. Berkshire Concrete afirma que cumplió con las órdenes emitidas por la Junta de Salud y que el plan presentado era técnicamente adecuado. Aunque posteriormente las autoridades solicitaron una versión revisada tras un informe elaborado por consultores ambientales contratados por el municipio, la empresa sostiene que las observaciones eran menores y no demostraban que las medidas propuestas fueran insuficientes para controlar las emisiones.


La demanda también vincula este conflicto con otros desacuerdos entre la empresa y el municipio. Berkshire Concrete asegura que las acciones emprendidas por las autoridades forman parte de un esfuerzo más amplio para imponer nuevas condiciones a sus operaciones de extracción de grava.

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