TRUMP BUSCA LIMITAR AJUSTE DE ESTATUS Y EMPUJAR A MIGRANTES A TRAMITAR SU RESIDENCIA DESDE EL EXTRANJERO

La administración del presidente Donald Trump anunció un cambio drástico en la política migratoria que podría afectar a cientos de miles de personas que buscan obtener la residencia permanente en Estados Unidos, al restringir significativamente una de las vías más utilizadas por inmigrantes que ya se encuentran dentro del país: el llamado “ajuste de estatus”.

De acuerdo con un memorando emitido por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS por sus siglas en inglés), el gobierno sostiene e que obtener una residencia permanente desde dentro de Estados Unidos no constituye un derecho automático, sino un beneficio discrecional y lo define ahora como un alivio “extraordinario”  y una medida de gracias otorgada por el gobierno federal.

El documento señala que el ajuste de estatus permite a ciertos inmigrantes evitar el proceso migratorio tradicional que normalmente se realiza desde el extranjero a través de consulados estadounidenses. En su comunicado la USCIS argumenta que el Congreso siempre mostró una preferencia por el llamado “proceso consular”, donde las personas completan su trámite fuera del país antes de regresar como residentes permanentes.

El memorando recuerda que la ley federal establece importantes restricciones para quienes buscan ajustar su estatus dentro de Estados Unidos.

La sección 245(a) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, permitía a ciertos extranjeros elegibles solicitar la residencia permanente (Green Card) dentro de los Estados Unidos, sin tener que viajar a su país de origen para el trámite consular. Ahora, de acuerdo al comunicado compartido por la agencia federal, únicamente pueden solicitar este beneficio algunas personas que hayan ingresado legalmente al país y sea en el bien común del gobierno o mediante un permiso temporal conocido como “parole”, además de cumplir otros requisitos de elegibilidad.

La nueva interpretación también enfatiza que las visas temporales y los permisos de permanencia fueron creados con la expectativa de que las personas abandonen Estados Unidos una vez concluido el propósito por el cual ingresaron. El memorando sostiene que cuando alguien permanece en el país y posteriormente intenta obtener una residencia permanente, eso generalmente “contraviene las expectativas del Congreso”.

La USCIS señaló que aprobar un ajuste de estatus debe considerarse una medida excepcional y no una práctica común.

La nueva política federal representa un cambio importante porque durante décadas muchas personas pudieron realizar este trámite sin abandonar el país, especialmente quienes ingresaron legalmente con visas de estudiante, trabajo o turismo.

Entre los posibles afectados se encuentran estudiantes internacionales, trabajadores especializados y matrimonios binacionales. Por ejemplo, un estudiante con visa F-1 que se casa con un ciudadano estadounidense y esperaba obtener la residencia sin salir de Estados Unidos podría verse obligado bajo la nueva interpretación a regresar a su país de origen para completar el proceso. Situaciones similares podrían enfrentar trabajadores con visas H-1B o personas que iniciaron procesos de residencia por matrimonio tras ingresar legalmente al país.

Estos nuevos ajustes podrían provocar separaciones familiares prolongadas y aumentar la presión sobre un sistema consular que ya enfrenta retrasos importantes.

Según datos del Departamento de Seguridad Nacional, durante 2024 aproximadamente 1.4 millones de personas obtuvieron la residencia permanente en Estados Unidos. Más de 820 mil recibieron ese beneficio mediante ajuste de estatus dentro del país, incluyendo alrededor de 250 mil casos relacionados con matrimonio.

La administración Trump aseguró que la medida busca reforzar el cumplimiento de las leyes migratorias y alinear el sistema con lo que considera la intención original del Congreso. Sin embargo, abogados y organizaciones de inmigración sostienen que aún existe incertidumbre sobre cómo se implementará la política y si afectará solicitudes ya iniciadas.

Entre ellos se encuentra el abogado de inmigración Jim Hacking afirmó que considera la medida “ilegal” y sostuvo que existen serios problemas jurídicos que podrían abrir la puerta a demandas federales.

Según Hacking, el primer problema es procesal. Explicó que cuando una agencia federal realiza un cambio sustancial en una política que puede alterar el resultado de miles de casos, la ley exige un proceso conocido como “notice and comment”, mediante el cual el gobierno publica la propuesta, permite comentarios públicos y posteriormente evalúa esas respuestas antes de implementar cambios definitivos.

“USCIS cambió una regla importante mediante un memorando y no siguió ese proceso”, argumenta Jim Hacking. Añadió que tribunales federales ya han bloqueado anteriormente cambios similares cuando agencias intentaron implementar nuevas reglas sin cumplir esos requisitos.

El abogado también señaló un posible problema de retroactividad. Recordó que más de un millón de personas se verán afectadas por iniciar solicitudes bajo las reglas anteriores ya que pagaron tarifas, reunieron documentos y construyeron sus casos basándose en los estándares vigentes.

“USCIS cambió las reglas a mitad del juego sin advertencia previa”, afirmó.

Otro punto que, según Hacking, podría convertirse en un eje central de futuros litigios está relacionado con una reciente decisión de la Corte Suprema en el caso Loper Bright, que redujo la deferencia que históricamente recibían las agencias federales al interpretar leyes.

El abogado sostuvo que el memorando insiste en que el ajuste de estatus debe considerarse un beneficio “extraordinario”, pero asegura que esa palabra nunca aparece en la ley migratoria aprobada por el Congreso.

“El Congreso nunca escribió eso. USCIS añadió esa interpretación por primera vez el 21 de mayo de 2026, aunque la ley prácticamente no ha cambiado en cuatro décadas”, señaló.

Hacking anticipó que organizaciones y abogados migratorios podrían presentar múltiples demandas federales en distintas partes del país y aseguró que la política parece particularmente vulnerable a impugnaciones judiciales bajo la Ley de Procedimientos Administrativos.

También advirtió que existen problemas prácticos para personas provenientes de los más de 39 países con restricciones migratorias o limitaciones consulares, quienes podrían quedarse sin una alternativa real para completar sus trámites desde el extranjero.

Mientras tanto, recomendó a quienes ya tienen solicitudes pendientes que continúen con sus procesos y eviten cambios apresurados mientras los tribunales deciden el futuro de la política.

“Los desafíos legales vienen en camino”, advirtió.