Suspenden a Scott Paul Clark de ejercer la abogacía migratoria a nivel federal mientras avanzan investigaciones en su contra

PITTSFIELD — El abogado Scott Paul Clark, con oficina en North Street, quien ya enfrentaba la suspensión administrativa de sus licencias para ejercer la abogacía en Massachusetts y Rhode Island, recibió ahora una sanción de mayor alcance: también fue suspendido de ejercer a nivel federal ante los U.S. immigration courts y el Department of Homeland Security.

Debido a que los tribunales migratorios forman parte del sistema federal, las sanciones estatales no se aplican de manera automática, por lo que esta medida federal representa un golpe decisivo a su práctica profesional.

En los últimos meses, decenas de inmigrantes del condado de los Berkshires habían vivido momentos de angustia al intentar averiguar el estado real de sus casos migratorios, luego de descubrir que su abogado (uno de los pocos especialistas en inmigración en la región) presuntamente no les había dado el seguimiento adecuado. Organizaciones comunitarias que trabajan de cerca con estas familias aseguran que muchos clientes desconocían retrasos graves, audiencias perdidas e incluso órdenes finales de deportación ya emitidas en su contra.

A pesar de ello, líderes comunitarios afirman que Clark habría continuado representando casos de inmigración durante meses después de recibir las suspensiones iniciales a nivel estatal, lo que generó confusión y posibles consecuencias legales graves para sus clientes, especialmente en un contexto de mayor tensión migratoria a nivel nacional. Muchas personas confiaban en que sus procesos estaban activos y bajo control, cuando en realidad no se habían cumplido pasos clave.

Ante la magnitud del problema, organizaciones locales realizaron clínicas legales de emergencia para asistir a más de 40 exclientes del abogado. Durante una de estas jornadas, realizada en la Berkshire Athenaeum, abogados voluntarios descubrieron que varias personas tenían órdenes finales de deportación sin haber sido notificadas, como resultado de audiencias a las que nunca asistieron porque desconocían que estaban programadas.

Líderes comunitarios como Fernando de León también denunciaron casos de apelaciones que nunca se presentaron, plazos vencidos sin aviso previo y pagos realizados por servicios legales que, aparentemente, no se completaron. Estas omisiones han puesto en riesgo a familias enteras, ya que una orden de deportación vigente puede derivar en detención inmediata y expulsión acelerada si el caso no se reabre a tiempo.

Por su parte, Clark había sostenido en meses previos que él podía continuar representando a clientes en asuntos migratorios debido al carácter federal de estos tribunales y había atribuido los problemas de retraso a una oficina sobrecargada de trabajo y con poco personal. Sin embargo, con la suspensión federal ahora en vigor, su capacidad para ejercer en casos migratorios queda formalmente anulada mientras las investigaciones siguen su curso.