PITTSFIELD RECHAZA SUBVENCIÓN FEDERAL PARA COMPRAR DRONES POLICIALES POR PREOCUPACIONES MIGRATORIAS
PITTSFIELD — El Concejo Municipal rechazó una subvención federal de $31,167 destinada a ampliar el programa de drones del Departamento de Policía, luego de un extenso debate sobre las condiciones impuestas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y sus posibles implicaciones para la comunidad inmigrante.
La propuesta fue rechazada la noche del martes por nueve votos contra dos. Los concejales Kenneth Warren y Matthew Wrinn fueron los únicos que apoyaron aceptar los fondos.
El dinero procedía del programa federal Edward Byrne Memorial Justice Assistance Grant, conocido como JAG, uno de los principales mecanismos utilizados por el Departamento de Justicia para financiar iniciativas estatales y municipales relacionadas con la seguridad pública y el sistema judicial. Para recibir la subvención, la ciudad debía aceptar 62 condiciones federales. Información oficial sobre el programa JAG.
La mayor controversia surgió alrededor de la condición número 52, relacionada con el intercambio de información sobre ciudadanía o situación migratoria con el Departamento de Seguridad Nacional. El lenguaje establecía que los fondos no podían utilizarse para impedir o limitar que una entidad o funcionario gubernamental enviara o recibiera ese tipo de información.
Por su parte, la condición 53 exigía informar a DHS la fecha y hora de liberación de una persona inmigrante detenida cuando existiera una solicitud federal formal, aunque no obligaba a prolongar su detención. La condición 54 impedía obstaculizar el acceso de agentes federales a instalaciones correccionales para interrogar, sin orden judicial, a personas que creyeran que eran inmigrantes. En conjunto, estas disposiciones generaron preocupación por sus posibles efectos sobre la autonomía municipal y las políticas locales relacionadas con ICE.
Durante la reunión no quedó claro para varios concejales qué acciones podrían considerarse como una restricción ni si aceptar el dinero obligaría a Pittsfield a colaborar de alguna manera con las autoridades federales de inmigración. Tampoco se resolvieron completamente las dudas sobre si las imágenes captadas por los drones o el software asociado podrían quedar disponibles para agencias como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido como ICE.
Fernando León, una de las nueve personas que hablaron sobre el tema durante el periodo de comentarios públicos, advirtió que "la decisión iba más allá de recibir aproximadamente $31,000 para equipo policial". En su intervención, planteó la posibilidad de que las condiciones federales limitaran la autonomía de Pittsfield o entraran en conflicto con las leyes de Massachusetts.
La concejal Kathy Moody explicó que apoya el uso de drones por parte de la Policía, pero no respaldó la subvención por las dudas relacionadas con el acceso a las grabaciones y las referencias al Departamento de Seguridad Nacional e ICE. Para Moody, el acuerdo contenía numerosas señales de alerta que no podían ignorarse.
La concejal Dina Lampiasi también cuestionó que el gobierno federal ofreciera recursos para fortalecer la seguridad pública mientras condicionaba su entrega al cumplimiento de requisitos ajenos a la compra del equipo.
La discusión se prolongó durante más de dos horas y se tornó tensa en algunos momentos. El presidente del Concejo, Earl G. Persip, tuvo que pedir silencio al público en varias ocasiones mientras los concejales debatían si debían votar inmediatamente, posponer la decisión o enviar la propuesta a un comité.
Sin embargo, el martes representaba la última oportunidad para aceptar los fondos. La subvención había sido otorgada el 31 de julio y la ciudad contaba con 45 días para responder. El plazo habría vencido antes de la próxima reunión programada del Concejo.
El jefe de Policía, Marc Maddalena, explicó que la propuesta llegó tarde porque el departamento necesitaba confirmar primero que podía adquirir drones fabricados en Estados Unidos, otro de los requisitos federales. Aseguró que no existió la intención de presentar el asunto cuando solamente quedaban cinco días para tomar una decisión.
Varios concejales señalaron que el poco tiempo disponible dificultaba analizar adecuadamente las 62 condiciones. El vicepresidente del Concejo, Pete White, sostuvo que este problema se repite con distintas subvenciones y que sería preferible conocer las propuestas mientras todavía están en desarrollo, en lugar de tener que decidir bajo la presión de una fecha límite.
La Policía de Pittsfield utiliza drones desde 2024 y actualmente cuenta con 11 unidades. James Sena, oficial responsable del programa, explicó que el equipo se despliega para responder a incidentes específicos y no como parte de un sistema de vigilancia permanente.
Entre otras funciones, los drones han sido empleados para localizar a menores desaparecidos, adultos mayores y sospechosos que huyen de la Policía. También han servido como apoyo para el Equipo Especial de Respuesta del Condado de Berkshire.
La subvención habría permitido comprar dos drones Skydio R10, diseñados para operar dentro de edificios y otros espacios reducidos.
Del total solicitado, $9,995 se destinarían a los drones y sus accesorios; $8,800 cubrirían una licencia anual de LiveU para transmitir las imágenes en tiempo real; $6,372 servirían para capacitar a cuatro oficiales, y los $6,000 restantes financiarían actualizaciones de software, herramientas para planificar operaciones y otros gastos del programa.
Aunque los concejales reconocieron los usos de la tecnología para localizar personas y responder a emergencias, la mayoría determinó que las dudas sobre el intercambio de información, la participación de agencias federales y la autonomía de la ciudad no podían resolverse antes del vencimiento de la subvención.
