NORTH ADAMS APRUEBA FONDOS POLICIALES VINCULADOS A ICE POR 5 A 4
NORTH ADAMS. — Después de meses de controversia, múltiples aplazamientos y tres reuniones marcadas por la oposición de residentes, el Concejo Municipal de North Adams aprobó este martes 10 de noviembre, por un estrecho margen de cinco votos contra cuatro, la aceptación de una subvención federal de $14,231 para el Departamento de Policía, pese a las preocupaciones sobre las condiciones relacionadas con la cooperación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
La decisión puso fin a un prolongado debate sobre los límites de la autonomía municipal, el alcance de las políticas migratorias federales y las posibles consecuencias de aceptar financiamiento del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Aunque las autoridades municipales sostuvieron que las disposiciones controvertidas no pueden aplicarse actualmente debido a resoluciones judiciales, varios concejales y residentes cuestionaron si las garantías legales resultaban suficientes para proteger a la ciudad y preservar la confianza de la comunidad inmigrante.
Votaron a favor de aceptar los fondos Lisa Hall Blackmer, Peter Breen, Marie McCarron, Bryan Sapienza y Keith Bona. En contra se pronunciaron Andrew Fitch, Lillian Zavatsky, Virginia Riehl y la presidenta del Concejo, Ashley Shade. La votación representó un cambio respecto de septiembre, cuando la primera propuesta para aceptar la subvención fracasó por cuatro votos contra dos.
El financiamiento corresponde al programa Edward Byrne Memorial Justice Assistance Grant (Byrne JAG), del año fiscal 2025, y está destinado a mejorar el espacio donde la Policía de North Adams almacena las evidencias de investigaciones criminales. Las autoridades han señalado que las instalaciones actuales requieren modificaciones para fortalecer la conservación y seguridad de las pruebas y avanzar en el proceso de acreditación del departamento.
Sin embargo, el problema no era el propósito del dinero, sino las condiciones añadidas este año por el gobierno federal, que contemplaban exigencias relacionadas con el intercambio de información y determinadas formas de cooperación con las autoridades migratorias. Para los residentes que se opusieron, aceptar los recursos suponía asumir un riesgo innecesario, incluso cuando esas disposiciones estuvieran suspendidas judicialmente.
«Son amigos, vecinos, compañeros de trabajo y miembros de la comunidad», expresó una de las personas que intervino durante el periodo de comentarios públicos, al referirse a los inmigrantes que podrían resultar afectados por las políticas federales.
La declaración, recogida en la transcripción de la reunión, reflejó una preocupación repetida durante las últimas semanas: que el temor a una posible colaboración policial con ICE termine alejando a las familias inmigrantes de las instituciones encargadas de garantizar su seguridad.
Otra intervención pidió buscar alternativas para financiar las mejoras sin aceptar las condiciones controvertidas. «Creo que deberíamos encontrar otra manera», señaló una de las voces críticas.
Durante las reuniones anteriores también se había planteado la posibilidad de utilizar aproximadamente $15,000 de otros recursos municipales, aunque no quedó demostrado que esa cantidad estuviera disponible para sustituir la subvención.
La discusión llegó acompañada de una campaña de participación ciudadana impulsada por la organización Protect Our Neighbors Coalition, que promovió una petición para solicitar el rechazo de los fondos. Los participantes insistieron en que la seguridad pública no debe medirse únicamente por los recursos económicos que recibe un departamento policial, sino también por la confianza que mantiene con las comunidades a las que sirve.
Durante la reunión del 13 de octubre, Fernando Leon, residente de Adams, había advertido que la preocupación iba más allá de los posibles conflictos jurídicos. «Para mí, la mayor preocupación es la confianza», declaró entonces. Leon explicó que recibe aproximadamente una docena de llamadas semanales de personas que buscan confirmar rumores sobre la presencia de ICE en la región, una situación que, según señaló, demuestra la incertidumbre que experimentan numerosas familias inmigrantes.
En la sesión del martes, los concejales también discutieron la posibilidad de acompañar la aceptación de los fondos con una carta de reserva de derechos, un documento destinado a establecer que la ciudad no renuncia a cuestionar las disposiciones federales relacionadas con inmigración. La propuesta surgió después de que el Concejo solicitara orientación jurídica al abogado municipal, Joel Bard, y a la oficina de la fiscal general de Massachusetts, Andrea Joy Campbell.
Las autoridades municipales contemplaban adjuntar esa declaración a la documentación de aceptación de la subvención. No obstante, durante las deliberaciones persistieron dudas sobre el alcance de la protección que ofrecería el documento.
«Ni siquiera creo que esa carta haga lo que queríamos que hiciera», se escuchó durante una de las intervenciones contrarias a la propuesta, en referencia a las limitaciones del mecanismo legal. La discusión también incluyó la posibilidad de eliminar expresamente las cláusulas migratorias del acuerdo antes de remitirlo al Departamento de Justicia, aunque las autoridades señalaron dificultades prácticas para modificar unilateralmente las condiciones de una subvención federal.
Entre quienes defendieron la aceptación prevaleció el argumento de que la ciudad necesita mejorar las instalaciones policiales y que los recientes fallos judiciales ofrecen fundamentos para rechazar cualquier exigencia migratoria que resulte ilegal. «Necesitamos ese dinero», se afirmó durante la deliberación, en una de las intervenciones favorables al aprovechamiento de los recursos disponibles.
El jefe de Policía, Mark Bailey, también abordó las restricciones que la legislación de Massachusetts impone a la participación de agentes locales en procedimientos civiles de inmigración. Explicó que los oficiales no pueden detener a una persona únicamente por su situación migratoria "se trata que la comunidad confie en el Departamento de Policia. A partir de septiembre la PROTEC ACT cambio todo: no podemos cuestionar la situación migratoria de una persona, ni usar recursos local para ayudar a agentes federales, ni dar información a las autoridades federales si alguien está en custodia, ni transportar a gente a oficinas de detención migratoria", también señaló que cualquier cambio en las condiciones legales podría requerir nuevas discusiones sobre las obligaciones del departamento.
El contexto jurídico cambió significativamente el pasado 4 de noviembre, cuando el juez federal John J. McConnell Jr., del Distrito de Rhode Island, falló a favor de una coalición de 22 estados y el Distrito de Columbia, incluido Massachusetts. La resolución declaró ilegales determinadas condiciones impuestas por el Departamento de Justicia que pretendían vincular la entrega de recursos para seguridad pública y justicia juvenil con la cooperación en materia migratoria.
Aunque ese fallo no resolvió directamente las condiciones de la subvención Byrne JAG de North Adams, disposiciones semejantes de ese programa ya estaban sujetas a una orden judicial anterior. El propio Departamento de Justicia ha reconocido que actualmente no aplica cuatro de los requisitos controvertidos a las subvenciones Byrne JAG correspondientes al año fiscal 2025. Sin embargo, ha reservado la posibilidad de reconsiderar su aplicación si cambia la situación judicial, previa notificación a los beneficiarios afectados.
Por lo tanto, la aprobación de los $14,231 no significa que el Concejo Municipal haya autorizado operativos de ICE ni establecido un nuevo acuerdo de cooperación migratoria. El conflicto reside en que la ciudad aceptó una subvención cuya documentación contiene condiciones federales controvertidas, actualmente sujetas a restricciones judiciales, pero cuya aplicación futura ha sido motivo de incertidumbre.
La decisión también adquiere importancia por sus posibles consecuencias para futuros programas de financiamiento. Durante las reuniones anteriores, Bailey informó que el Departamento de Policía busca otras dos subvenciones federales de aproximadamente $250,000 cada una, destinadas a modernizar su sistema de gestión de registros y fortalecer programas relacionados con la violencia doméstica. Algunos concejales advirtieron que rechazar el financiamiento actual podría sentar un precedente que complicara el acceso a recursos de mayor magnitud.
Para los residentes que participaron en las cuatro reuniones, en cambio, el debate dejó planteada una cuestión que trasciende los $14,231: hasta qué punto una municipalidad debe aceptar condiciones federales controvertidas para financiar necesidades locales, aun cuando existan mecanismos judiciales para impugnarlas.
El resultado de cinco votos contra cuatro cerró el debate sobre la aceptación de los fondos, pero dejó abierta una pregunta para las autoridades municipales: cómo garantizar que una decisión destinada a fortalecer la seguridad pública no termine debilitando la confianza de quienes necesitan recurrir a ella.
