Massachusetts exigirá aprobación local y energía limpia para nuevos centros de datos
BOSTON — Los nuevos centros de datos que busquen instalarse en Massachusetts deberán obtener primero la aprobación de la comunidad donde pretendan operar antes de iniciar el proceso para recibir permisos estatales.
La gobernadora Maura Healey firmó este martes la Orden Ejecutiva 658, una medida que también exige mayores garantías para proteger a los usuarios de posibles aumentos en sus facturas de electricidad y reducir el impacto de estas instalaciones sobre el agua, el medioambiente y la red eléctrica.
“Si una comunidad rechaza un centro de datos, nosotros estaremos diciendo que no”, afirmó Healey. “Estamos dando voz a las comunidades locales y estableciendo las reglas de lo que debe ocurrir en Massachusetts”.
Antes de presentar solicitudes ante las agencias estatales, los desarrolladores deberán alcanzar un acuerdo de beneficios comunitarios con el municipio que recibiría el proyecto. Dicho acuerdo tendrá que cumplir con los estándares establecidos por el estado y definir la forma en que la población local se beneficiará de la inversión.
Los compromisos podrían incluir la creación de empleos, oportunidades para trabajadores y negocios locales, inversiones en infraestructura y medidas destinadas a reducir los efectos ambientales y económicos de las instalaciones. La orden también prohíbe que las agencias estatales firmen acuerdos de confidencialidad con las empresas desarrolladoras durante el proceso de evaluación, con el objetivo de permitir mayor transparencia y participación pública. La orden ejecutiva puede consultarse en el sitio oficial de Massachusetts.
Los centros de datos son instalaciones que albergan servidores y equipos utilizados para almacenar, administrar y procesar grandes cantidades de información digital. El crecimiento de la inteligencia artificial, los servicios en línea y el almacenamiento en la nube ha aumentado considerablemente la demanda de este tipo de infraestructura.
Sin embargo, su funcionamiento puede requerir grandes cantidades de electricidad y agua. Además de la energía utilizada por los servidores, estas instalaciones necesitan sistemas de refrigeración para evitar que los equipos se sobrecalienten. El aumento de su presencia en distintas partes del país ha provocado cuestionamientos sobre quién debe pagar las mejoras necesarias en la red eléctrica y qué impacto pueden tener los proyectos sobre los recursos de las comunidades anfitrionas.
En Massachusetts, los proyectos con una demanda máxima superior a 25 megavatios deberán demostrar que cumplen con el marco estatal para el desarrollo responsable de centros de datos antes de recibir permisos. Ese marco establece que las compañías deben cubrir el costo total de la infraestructura eléctrica y del suministro de energía limpia que necesiten para funcionar.
Las empresas también deberán demostrar que sus proyectos no comprometerán el acceso al agua, los sistemas de alcantarillado, la calidad del aire ni la salud y seguridad de las comunidades cercanas. El estado espera, además, que los centros se construyan en lugares con la infraestructura suficiente para atender sus necesidades y que reduzcan las emisiones, el ruido y otros efectos derivados de sus operaciones.
“Los centros de datos pueden pagar por su propia energía limpia y por su infraestructura, y vamos a asegurarnos de que lo hagan”, declaró Rebecca Tepper, secretaria estatal de Energía y Asuntos Ambientales.
Tepper señaló que en otros estados los usuarios residenciales y comerciales han terminado absorbiendo parte del costo generado por el consumo energético de estas instalaciones. “Eso no será aceptable en Massachusetts”, sostuvo.
La orden también dispone la creación de un Fondo de Protección para los Usuarios. La intención es evitar que los hogares y negocios existentes tengan que asumir mediante sus tarifas eléctricas el costo de ampliar la infraestructura para atender a los centros de datos.
Healey explicó que la prioridad de su administración es que las compañías puedan contar con su propio suministro de energía limpia desde el comienzo de sus operaciones. Si una empresa no cubre completamente sus necesidades o los costos asociados, tendría que pagar una cuota al fondo estatal. El dinero recaudado sería devuelto a los clientes del sistema eléctrico.
“Nos gustaría que los centros de datos pudieran proporcionar su propia energía limpia desde el primer día”, dijo Healey durante una conferencia de prensa. “Si no pueden hacerlo, tendrán que compensar a los usuarios por la energía que consuman hasta que su propio suministro esté disponible”.
La medida forma parte de una revisión más amplia de la política estatal sobre este sector. A finales de junio, la administración de Healey suspendió temporalmente la aceptación de solicitudes para incentivos fiscales destinados a centros de datos. Al mismo tiempo, presentó un marco con nuevas expectativas relacionadas con energía, agua, salud pública, seguridad y participación comunitaria.
Las nuevas condiciones buscan permitir el desarrollo de la infraestructura digital sin trasladar sus costos a los residentes. El gobierno estatal también considera que las instalaciones pueden generar inversión y empleos, siempre que los beneficios económicos permanezcan en las comunidades y que los proyectos se construyan bajo condiciones laborales y ambientales adecuadas.
Chrissy Lynch, presidenta de la AFL-CIO de Massachusetts, señaló que los empleos vinculados con la construcción, fabricación, mantenimiento y cadena de suministro de los centros de datos deberían ser trabajos sindicalizados y estar disponibles para la población local.
“Necesitamos reglas que garanticen que estos centros de datos apoyen empleos sindicalizados para las personas de la comunidad, proporcionen su propia agua y energía, paguen la parte de impuestos que les corresponde y trabajen con los municipios para asegurar que los beneficios económicos realmente se sientan en esas comunidades”, expresó Lynch.
Representantes del sector de la construcción también manifestaron su respaldo a la orden, al considerar que los centros de datos pueden contribuir al crecimiento económico si se establecen responsabilidades claras para las compañías. Los sindicatos sostienen que cuentan con trabajadores capacitados para construir y mantener las instalaciones.
Trish Fields, de ACT, afirmó que los nuevos consumidores industriales de gran escala deberían ayudar a satisfacer su propia demanda mediante inversiones en fuentes adicionales de energía limpia. De esa manera, agregó, los residentes y negocios existentes no quedarían expuestos a mayores costos ni a una presión adicional sobre la red eléctrica.
Las disposiciones aplican a proyectos nuevos y no modifican automáticamente las condiciones de centros de datos que ya se encuentran en funcionamiento. Algunas comunidades de Massachusetts ya han adoptado moratorias o restricciones propias frente a preocupaciones relacionadas con el ruido, las emisiones y el consumo de recursos.
Con la nueva orden, las comunidades tendrán capacidad de intervenir desde las primeras etapas del proceso y negociar compromisos antes de que un proyecto pase a la evaluación estatal. Para los centros de datos de mayor consumo, la autorización dependerá también de que puedan acreditar cómo producirán o adquirirán su energía, qué infraestructura financiarán y qué medidas adoptarán para evitar que sus operaciones aumenten los costos de los demás usuarios.
