Massachusetts busca un punto de equilibrio en la reforma de las tarifas por uso de tarjetas de crédito.

Mientras los estados enfrentan el debate sobre las tarifas de tarjetas, líder legislativo busca que comerciantes y bancos acuerden soluciones junto a comisión especial.

A medida que el panorama legal cambia a su alrededor y una batalla nacional se traslada cada vez más a los estados, los legisladores de Massachusetts esperan que grupos empresariales, bancos, compañías de tarjetas de crédito y procesadores de pagos les ayuden a encontrar una solución al complejo problema de las tarifas por transacciones con tarjetas de crédito.

Como parte de una ley de desarrollo económico aprobada en 2024, Massachusetts creó una comisión legislativa especial para estudiar el futuro de los pagos y las transacciones realizadas con tarjetas de crédito, así como su impacto en los pequeños negocios. El grupo debía presentar un informe con sus hallazgos y recomendaciones legislativas antes del 31 de diciembre de 2025, pero ese plazo fue extendido posteriormente hasta el 31 de diciembre de 2026.

Los propietarios de negocios afirman que el aumento en la popularidad de los métodos de pago electrónicos después de la pandemia ha provocado un mayor volumen de transacciones procesadas. Como resultado, las tarifas de intercambio —conocidas también como “swipe fees” o tarifas por deslizamiento de tarjeta— que se cobran por procesar pagos con tarjetas de crédito o débito suman miles de millones de dólares cada año y se han convertido en una carga especialmente para pequeños comercios y restaurantes.

Los bancos e instituciones financieras que cobran estas tarifas, que promedian un 2.1% a nivel nacional, sostienen que esos ingresos financian servicios como la prevención de fraudes y la ciberseguridad, que también benefician a los negocios. Por su parte, defensores de los consumidores señalan que esos costos adicionales suelen trasladarse a los clientes, aunque sea de manera indirecta.

Según la publicación especializada Nilson Report, los negocios de todo el país pagaron una cifra récord de 198,250 millones de dólares en tarifas por transacciones con tarjeta durante 2025, un aumento de aproximadamente 80% desde la pandemia. Esto habría incrementado el costo de vida de los hogares estadounidenses en casi 1,200 dólares al año. El presidente Donald Trump también se ha pronunciado sobre el tema, calificando estas tarifas en una publicación de enero en Truth Social como “una estafa descontrolada de las tarifas por deslizamiento”.

La comisión, encabezada por los copresidentes del Comité de Servicios Financieros, el representante estatal James Murphy, de Weymouth, y el senador estatal Paul Feeney, de Foxborough, celebró este lunes su cuarta audiencia pública para recibir testimonios. Además, planea realizar más audiencias y continuará aceptando comentarios por escrito hasta el 31 de julio.

“Esperamos avanzar una vez concluidas las audiencias. Aún no sabemos exactamente cuándo terminarán. Las abrimos para permitir que la gente participe y ya hemos realizado cuatro. Existe mucho interés en este tema, tanto entre quienes asisten en persona como entre quienes siguen las sesiones en línea, así que continuaremos mientras la gente quiera hablar con nosotros”, dijo Murphy al inicio de la audiencia.

Desde que comenzaron las audiencias, el contexto nacional del debate ha cambiado considerablemente.

A principios de junio, un juez federal emitió una orden judicial que bloqueó la implementación de una ley aprobada en Illinois en 2024, la cual buscaba convertir a ese estado en el primero del país en prohibir que las tarifas de intercambio se aplicaran sobre los impuestos y las propinas incluidos en una cuenta. Colorado se convirtió en el segundo estado en intentar una medida similar y, en mayo, sus legisladores aprobaron un proyecto de ley con el mismo objetivo.

Sin embargo, mientras el proyecto de Colorado esperaba la firma del gobernador Jared Polis, la decisión judicial sobre la ley de Illinois llevó al mandatario demócrata a vetar la propuesta. Según informó Pluribus, Polis argumentó que era “muy posible que la ley nunca entrara en vigor” y que, incluso si superaba los desafíos legales, era cuestionable que pudiera implementarse de manera efectiva dentro de un sistema global e integrado de pagos electrónicos.

La ley de Illinois y la orden que suspendió su aplicación fueron mencionadas repetidamente durante la audiencia del lunes, en la que participaron representantes de la Federación Nacional de Minoristas, la Coalición de Pagos Electrónicos, la Asociación de Transacciones Electrónicas, Capital One y otras organizaciones.

Después de aproximadamente 90 minutos de testimonios, Murphy dejó claro que desea avanzar más allá de las estadísticas y los ejemplos anecdóticos, e invitó a todas las partes involucradas a presentar posibles soluciones de consenso.

“Harán falta conversaciones. Hay personas que han trabajado en este tema durante mucho tiempo, tanto del lado de los comercios como de la industria financiera, y creo que existen soluciones rápidas que podrían resolverse mediante diálogo. No me molestaría que esta comisión sirviera como la mesa donde se construya una solución que incluso pueda convertirse en un modelo nacional, sin poner en riesgo a los bancos ni a los negocios”, afirmó Murphy.

La Asociación de Comerciantes de Massachusetts (RAM), representada en la comisión por su vicepresidente senior Bill Rennie, señaló que la lucha por reformar estas tarifas lleva años desarrollándose en Washington, D.C., pero que “la batalla se está trasladando cada vez más a los estados”.

La organización propone que Massachusetts permita a los comerciantes trasladar los costos de procesamiento a los clientes que pagan con tarjeta de crédito, que siga el ejemplo de Illinois eliminando las tarifas sobre impuestos y propinas, y que defina claramente los derechos de comerciantes y consumidores cuando se disputa un cargo o se presenta una devolución de pago (chargeback).

En enero, senadores demócratas del Comité de Protección al Consumidor impulsaron el proyecto de ley S.2819, que permitiría a los negocios cobrar a los clientes que pagan con tarjeta una tarifa equivalente al costo real de procesar la transacción. La propuesta también exige que los comercios informen claramente sobre dicho recargo. Proyectos similares fueron enviados a estudio en la Cámara de Representantes estatal.

Massachusetts es actualmente uno de los pocos estados del país que no permite a los negocios imponer recargos a los clientes por utilizar medios de pago electrónicos.

Además, existe otra propuesta relacionada que sigue activa en la Legislatura. La líder de la mayoría en el Senado, la senadora Cindy Creem, presentó el proyecto S.688, inspirado en la legislación de Illinois, que prohibiría aplicar tarifas de intercambio sobre la porción correspondiente a impuestos o propinas de una transacción.

El proyecto recibió una audiencia ante el Comité de Servicios Financieros en octubre pasado y, en abril, el comité solicitó una extensión hasta el 4 de mayo para continuar evaluándolo.

Aunque el comité no tomó ninguna acción antes de esa fecha, los registros legislativos muestran que el senador Feeney presentó posteriormente una orden para extender nuevamente el plazo de análisis hasta el 31 de julio. Hasta el momento, el Senado no ha considerado dicha extensión