MASSACHUSETTS APRUEBA CAMBIOS ELECTORALES Y MAYOR TRANSPARENCIA, PERO RECHAZA MODIFICAR SUS PRIMARIAS
MASSACHUSETTS. Los votantes de Massachusetts aprobaron importantes cambios en el funcionamiento del gobierno estatal y la administración de las elecciones durante la jornada electoral del martes 3 de noviembre. Entre las decisiones más relevantes se encuentran la ampliación del acceso a documentos gubernamentales, la autorización para registrarse como votante el mismo día de las elecciones y la creación de un fondo destinado a proteger los recursos naturales.
De las nueve preguntas incluidas en la boleta electoral, cinco habían sido aprobadas y dos rechazadas, según las proyecciones de Associated Press disponibles la mañana del miércoles 4 de noviembre. Las otras dos permanecían sin un resultado declarado, aunque una de ellas registraba una ventaja del voto en contra.
Uno de los resultados más significativos fue el rechazo de la Pregunta 3, que buscaba eliminar las elecciones primarias separadas por partidos políticos. Con aproximadamente el 61 % de los votos en contra, los residentes decidieron mantener el sistema actual, mediante el cual demócratas y republicanos seleccionan a sus candidatos en procesos partidistas antes de las elecciones generales.
La propuesta pretendía establecer una sola elección primaria en la que todos los aspirantes, independientemente de su afiliación política, aparecieran en la misma boleta. Los dos candidatos con mayor cantidad de votos avanzarían a las elecciones generales, incluso si pertenecieran al mismo partido.
La iniciativa generó divisiones entre dirigentes políticos. Los exgobernadores Charlie Baker, republicano, y Deval Patrick, demócrata, respaldaron la reforma al considerar que ofrecería más opciones a los electores. En contraste, destacados líderes demócratas de la Legislatura estatal se opusieron a modificar el sistema.
Jordan Berg Powers, presidente de Voter Rights MA, organización que encabezó la oposición, celebró el resultado y destacó el trabajo de activistas, sindicatos y organizaciones comunitarias.
«No contábamos con millones de dólares provenientes de fondos de inversión privados», señaló Powers en un comunicado difundido durante la noche electoral, al atribuir el resultado a la movilización de organizaciones de base.
Por su parte, Coalition for a Healthy Democracy, promotora de la iniciativa, sostuvo que el rechazo reflejaba la resistencia de los partidos políticos y de quienes se benefician del sistema actual. Su presidenta, Danielle Allen, había defendido la propuesta como una manera de reducir el control partidista sobre las candidaturas.
Aprueban mayor transparencia y registro electoral el mismo día
La Pregunta 1 obtuvo uno de los respaldos más amplios, con aproximadamente el 86 % de los votos a favor. La medida ampliará la aplicación de la Ley de Registros Públicos de Massachusetts a la oficina del gobernador y a la Legislatura estatal, dos instituciones que históricamente han mantenido importantes excepciones frente a las obligaciones de divulgación de información.
La iniciativa, impulsada por la auditora estatal Diana DiZoglio, busca facilitar el acceso a documentos relacionados con el funcionamiento y los gastos del gobierno. Sin embargo, contempla excepciones para determinadas comunicaciones con ciudadanos y documentos vinculados con la elaboración de políticas públicas.
Pese al amplio respaldo electoral, su implementación podría enfrentar nuevos obstáculos. Los legisladores estatales han considerado propuestas alternativas que limitarían el alcance de los documentos disponibles, mientras continúa la controversia relacionada con una iniciativa aprobada en 2024 que autorizó auditorías a la Legislatura.
Otra decisión relevante fue la aprobación de la Pregunta 4, con aproximadamente el 57 % de los votos, que permitirá a los ciudadanos elegibles registrarse para votar o actualizar su domicilio electoral el mismo día de las elecciones.
Actualmente, Massachusetts exige completar el registro con anticipación. Bajo la nueva disposición, los ciudadanos podrán realizar el trámite en su centro de votación mediante documentación que acredite su residencia y una declaración de elegibilidad. La medida está programada para entrar en vigor el 1 de enero de 2028.
También fue aprobada la Pregunta 2, respaldada por aproximadamente el 64.5 % de los electores, que permitirá a los empleados del Committee for Public Counsel Services, organismo encargado de proporcionar representación legal a personas que no pueden pagar un abogado, organizarse sindicalmente y negociar colectivamente sus condiciones laborales.
Massachusetts destinará recursos a la conservación ambiental
La Pregunta 6 fue aprobada con aproximadamente el 61 % de los votos, abriendo el camino para la creación de un fondo destinado a proteger terrenos naturales, bosques, fuentes de agua y espacios recreativos.
La iniciativa contempla utilizar ingresos fiscales ya existentes provenientes de la venta de artículos deportivos, vehículos recreativos y servicios de campos de golf, en lugar de crear un nuevo impuesto.
A partir de julio de 2027, el fondo recibiría el equivalente al 50 % de esos ingresos durante su primer año de funcionamiento. El porcentaje aumentaría al 100 % a partir de julio de 2028.
Los promotores de la medida estimaron que el mecanismo podría movilizar hasta 100 millones de dólares para proyectos de conservación, aunque otras estimaciones sitúan su potencial anual en alrededor de 65 millones una vez implementado completamente.
Katie Theoharides, exsecretaria estatal de Energía y Asuntos Ambientales y actual directora ejecutiva de The Trustees, celebró el resultado durante una reunión de simpatizantes en el hotel Fairmont Copley de Boston, donde también estuvo presente la primera dama de Massachusetts, Joanna Lydgate.
Sin embargo, la distribución efectiva de los recursos dependerá de las asignaciones presupuestarias aprobadas por la Legislatura estatal, que conservará facultades para determinar cuánto dinero se destina finalmente a los proyectos de conservación.
Rechazan prohibir las ventas de marihuana y mantienen la ley de armas
Los votantes también rechazaron ampliamente la Pregunta 8, que pretendía eliminar las ventas legales de marihuana recreativa en Massachusetts, una industria autorizada mediante una votación popular en 2016.
Aproximadamente el 76 % de los electores se pronunció contra la propuesta, lo que permitirá mantener las dispensarías autorizadas y las ventas reguladas a mayores de 21 años.
La iniciativa habría terminado con las ventas comerciales para uso recreativo, aunque habría conservado el acceso a la marihuana medicinal y la posesión limitada para adultos. Sus opositores advirtieron que la prohibición pondría en riesgo empleos, negocios y recaudación fiscal.
Por otra parte, la Pregunta 9 recibió aproximadamente el 67.5 % de votos a favor, lo que significa que Massachusetts conservará la legislación de control de armas aprobada en 2024.
Esa ley estableció nuevas restricciones sobre armas de fabricación casera sin números de serie, conocidas como armas fantasma, reforzó los requisitos de licencias y amplió los mecanismos legales para restringir temporalmente el acceso a armas de personas consideradas un riesgo.
Ruth Zakarin, presidenta de la campaña Yes on 9 for a Safe Massachusetts, celebró el resultado y afirmó que los votantes respaldaron la continuidad de una legislación que sus promotores consideran fundamental para prevenir la violencia armada.
Dos preguntas permanecen sin resultados definitivos
La Pregunta 5, relacionada con los límites de recaudación estatal y las devoluciones de impuestos a los contribuyentes, todavía no había recibido una proyección definitiva de Associated Press durante la mañana del miércoles.
Con más de tres cuartas partes de los distritos electorales reportados, aproximadamente el 52.5 % de los votos favorecía el rechazo de la iniciativa, frente al 47.5 % que la respaldaba.
La propuesta modificaría la fórmula utilizada para determinar cuándo el estado debe devolver recursos a los contribuyentes después de superar determinados límites de recaudación.
La Pregunta 7, relacionada con la construcción de viviendas unifamiliares en terrenos más pequeños, presentaba una contienda todavía más cerrada, con los votos prácticamente divididos a partes iguales.
La iniciativa permitiría construir viviendas en terrenos de al menos 5,000 pies cuadrados, siempre que cumplan determinados requisitos de acceso a servicios públicos de agua y alcantarillado. Sus promotores argumentan que facilitaría la construcción de viviendas más accesibles, mientras que sus opositores advierten sobre una posible reducción de las facultades municipales para regular el desarrollo urbano.
