Los proyectos de ley de protección para inmigrantes se encaminan a negociaciones entre la Cámara y el Senado.

Confiado en que el proyecto es constitucional, el Senado aprobó la legislación con una votación de 37-3.

STATE HOUSE.— En medio del temor generalizado en todo el país por las acciones federales de control migratorio, una legislación destinada a ofrecer nuevas protecciones a los inmigrantes en Massachusetts dio este jueves un paso más hacia el escritorio de la gobernadora Maura Healey.

El Senado votó 37-3 para aprobar una nueva versión elaborada por el Comité de Medios y Arbitrios (S 3072) de una legislación (H 5316) que la Cámara de Representantes había aprobado en marzo con una votación de 134-21. Los senadores presentaron 76 enmiendas, la mayoría de las cuales fueron retiradas o rechazadas durante ocho horas de debate.

“Massachusetts es más fuerte gracias a los inmigrantes que consideran nuestro gran estado su hogar, personas que trabajan duro, forman familias y contribuyen a nuestras comunidades todos los días”, declaró la presidenta del Senado, Karen Spilka, durante una conferencia de prensa. “Las personas merecen vivir con dignidad, seguridad y tranquilidad para desarrollar su vida cotidiana”.

Defensores de los inmigrantes, quienes han impulsado la medida, pudieron escucharse cantando en todo el Capitolio estatal mientras los senadores debatían. Varios estallaron en aplausos desde la galería del Senado cuando se anunció la votación del proyecto. Los republicanos expresaron preocupaciones sobre la constitucionalidad de la legislación.

Cuando el proyecto llegó al Senado, el líder republicano Bruce Tarr presentó una orden para solicitar a la Corte Suprema Judicial una opinión sobre la constitucionalidad de tres disposiciones de la propuesta. Tarr consiguió suficiente apoyo para someter a votación la suspensión de reglas que habría permitido al Senado considerar su petición. La medida fracasó con una votación de 5-35 y la propuesta quedó archivada. Más tarde ese mismo día, Tarr votó a favor del proyecto y un miembro de su equipo indicó que no tenía comentarios.

La administración del presidente Donald Trump ha intensificado las acciones de control migratorio. Con ello, Trump busca cumplir promesas de campaña relacionadas con aumentar las deportaciones como parte de un esfuerzo para reducir el crimen y combatir la inmigración irregular. En respuesta, se han registrado protestas en distintos puntos del país debido a las acciones cada vez más agresivas de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y el enfoque de algunos operativos contra residentes.

“Es una pregunta bastante amplia, en primer lugar”, respondió Spilka al ser consultada sobre si todos los arrestos de ICE en Massachusetts son injustificados. “Y nuevamente, Trump llegó diciendo que solo iba a arrestar a personas con antecedentes criminales comprobados. Claramente, eso no es lo que ha ocurrido”.

Más del 75% de los inmigrantes detenidos en Massachusetts no tienen antecedentes penales, aseguró Maroni Minter, directora política de la Coalición de Defensa de Inmigrantes y Refugiados de Massachusetts.

Cuando Healey presentó su propuesta en enero, Spilka prometió actuar rápidamente sobre “medidas que consideramos necesarias para defender la seguridad, dignidad y derechos de nuestros residentes”. En aquel momento afirmó que “el Senado hará todo lo que esté a su alcance para devolver estas propuestas a su escritorio para su firma pronto”.

Sin embargo, la Cámara y el Senado aún deben resolver varias diferencias antes de que una versión final llegue al despacho de Healey.

La diferencia más significativa que deberán resolver los negociadores está relacionada con los requisitos de órdenes judiciales para arrestos civiles migratorios. El proyecto de la Cámara protege específicamente los tribunales y también otorga al gobernador autoridad para prohibir o limitar operativos migratorios civiles en áreas no públicas de “cualquier entidad estatal”. El Senado amplió la propuesta añadiendo cuatro categorías adicionales de espacios protegidos, incluyendo requisitos detallados para escuelas y programas de cuidado infantil relacionados con políticas, notificaciones y comunicación a padres.

El proyecto aprobado por el Senado también crea el derecho para que individuos puedan demandar bajo leyes estatales por violaciones constitucionales; algo que no incluía la Cámara. Por otro lado, la Cámara había incorporado obligaciones para cárceles y prisiones relacionadas con acceso legal, servicios de interpretación, notificación de traslados y una línea pública de localización de detenidos; disposiciones que no aparecen en la versión del Senado. La Cámara también requería que los tribunales consideraran la “probabilidad de deportación inminente” al fijar fianzas, algo que el Senado no adoptó.

La versión aprobada por el Senado incluye restricciones más estrictas sobre el intercambio de información personal no pública con autoridades federales de inmigración.

Además, elimina la limitada vía que la Cámara mantenía abierta para acuerdos 287(g) con fines criminales. La Cámara había aprobado un mecanismo que permitía a agencias policiales solicitar autorización estatal para firmar acuerdos temporales de cooperación con ICE que no podían renovarse automáticamente. El Senado, en cambio, prohíbe todos los acuerdos 287(g) nuevos, ampliados o renovados, aunque —al igual que la Cámara— permite que el Departamento Correccional estatal mantenga el acuerdo existente.

Los senadores también añadieron nuevas políticas que no estaban en la versión de la Cámara. Entre ellas se encuentra la prohibición de que personal militar de otros estados ingrese a Massachusetts sin aprobación del gobernador, así como la creación de una infracción civil estatal para quienes violen ciertas leyes federales relacionadas con la protección de centros de votación.

Bajo las nuevas reglas adoptadas esta sesión legislativa, la Cámara y el Senado tendrán hasta la primera semana de enero para aprobar una versión de compromiso. Las reglas anteriores habrían obligado a los negociadores a enviar una propuesta final a la gobernadora antes del 31 de julio.