FUNCIONARIO DE ADAMS ENFRENTA ACUSACIÓN POR PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN UN INFORME

ADAMS — Una disputa por el ruido de una exhibición navideña terminó en un proceso judicial contra David Rhinemiller, encargado de hacer cumplir los códigos municipales en Adams. El funcionario fue acusado de un delito menor por supuestamente incluir información falsa en un documento elaborado durante el ejercicio de sus funciones públicas.

La lectura de cargos estaba programada para el viernes en el Tribunal de Distrito del Norte de Berkshire, pero fue reprogramada por disposición judicial para el 4 de septiembre. Mientras el caso avanza, Rhinemiller permanece en su puesto y cuenta con la representación del abogado Ryan Smith, de Pittsfield.

El conflicto comenzó después de que el dentista Martin Bush fuera notificado por una queja relacionada con el espectáculo navideño que presenta anualmente en su consultorio del 9 de Park Street. La instalación suele permanecer abierta desde el viernes posterior al Día de Acción de Gracias hasta el primer día de enero. De acuerdo con la denuncia original, el sonido de las decoraciones perturbaba a quienes vivían o trabajaban en los alrededores.

La orden de corrección fue entregada a Bush el 15 de enero. En ella se hacía referencia a una inspección efectuada ocho días antes, cuando la decoración ya había sido retirada. Rhinemiller reportó mediciones de hasta 88 decibeles en horas de la mañana y 84 por la tarde, además de un promedio de 74 decibeles. Para obtener los datos, aseguró haber utilizado un medidor Noyafa NF-562. El propio documento, sin embargo, precisaba que la exhibición no se encontraba instalada cuando se hicieron las lecturas.

Ante esas circunstancias, Bush solicitó que el asunto fuera discutido públicamente. También pidió detalles sobre el procedimiento empleado, los horarios de las mediciones, los límites de ruido establecidos en Adams y la posible influencia del tránsito en los resultados.

El municipio anuló la orden el 4 de marzo al atribuirla a un error de oficina y reconoció que no contenía las normas aplicables del Departamento de Protección Ambiental de Massachusetts. La audiencia que había sido programada para revisar la infracción también quedó cancelada.

Los hallazgos incluidos en el expediente judicial señalan que Rhinemiller solamente entrevistó a la persona que presentó la queja. Según el documento, no buscó la versión de Bush ni la de otros testigos, y tampoco examinó antecedentes municipales, expedientes policiales o información disponible a través del Departamento de Policía.

Ese mismo 4 de marzo, Bush se presentó ante la Junta Municipal de Adams y sostuvo que el funcionario había ofrecido una versión incorrecta de lo ocurrido. El dentista pidió recibir una disculpa por escrito y aseguró que, si se atendía su solicitud, no continuaría con el reclamo. Posteriormente declaró que nunca recibió esa comunicación.

Bush decidió entonces solicitar la apertura de un proceso penal. En su presentación advirtió sobre la gravedad de que una dependencia pública pudiera elaborar datos inexactos capaces de exponer a un residente a consecuencias criminales.

La infracción que inicialmente pesaba contra Bush podía derivar en una sanción económica de hasta $25,000, una condena máxima de un año de cárcel o las dos medidas simultáneamente. La justicia deberá determinar ahora si Rhinemiller faltó a la verdad al elaborar los documentos que sustentaron aquella orden.