Cláusula religiosa frena pregunta electoral sobre control de rentas
Por: Colin A. Young /SHNS
El máximo tribunal del estado siguió definiendo los temas que los votantes podrán decidir en la boleta electoral de noviembre y resolvió la mañana del martes que la petición de iniciativa para derogar la prohibición estatal de tres décadas sobre el control de rentas no puede avanzar.
La Supreme Judicial Court determinó por unanimidad que la propuesta para imponer un control de rentas a nivel estatal se relaciona de manera “inadmisible” con la religión y las instituciones religiosas, asuntos que la Constitución estatal excluye del proceso de peticiones de iniciativa.
La decisión pone fin, al menos para 2026, a un esfuerzo para limitar los aumentos anuales de alquiler en Massachusetts. La petición habría derogado la prohibición de 1994 sobre el control de rentas y limitado los aumentos anuales en la mayoría de las unidades residenciales a un menor porcentaje entre la inflación o el 5%.
La propuesta establecía que no aplicaría a viviendas ubicadas en “instalaciones operadas para fines religiosos”. Los impugnantes argumentaron que la petición debía ser descalificada porque “la religión es un factor en la aplicación de la ley”, citando un precedente legal clave para la decisión del tribunal.
“El tema general de la petición es secular: el control de rentas. Sin embargo, al incluir una exención expresa para instalaciones operadas exclusivamente con fines religiosos, la petición convierte inadmisiblemente la religión en un factor para su aplicación”, escribió el juez Frank Gaziano en nombre del tribunal. “Además, para aplicar la ley propuesta, el gobierno tendría que determinar si una instalación opera exclusivamente con fines religiosos y tomar una decisión de cumplimiento basada en ese propósito religioso, o en su ausencia”.
Gaziano agregó que la propuesta habría otorgado un trato preferencial a las instituciones religiosas, al permitirles aumentar los alquileres mientras se limitaban los aumentos en instalaciones seculares.
La fiscal general de Massachusetts, Andrea Campbell, había certificado la pregunta para la boleta electoral mediante un proceso que ella misma ha calificado como “absurdo” y que, según ha dicho, necesita ser reformado. Su oficina sostuvo que la petición se refería únicamente al control de rentas.
Durante una entrevista en GBH Radio aproximadamente una hora después de conocerse la decisión, Campbell reconoció que el tribunal concluyó que su oficina se equivocó. Dijo que su equipo entendía que el tribunal podía centrarse en la relación entre la propuesta y la religión.
Campbell señaló que la iniciativa eximía varios tipos de vivienda, incluida la vivienda sin fines de lucro, y que la excepción religiosa era menor dentro de una propuesta más amplia. Sin embargo, el tribunal concluyó que incluso una referencia limitada a la religión no es apropiada dentro de una iniciativa de boleta electoral.
El juez Scott Kafker escribió una opinión concurrente. Coincidió en que la petición no podía avanzar, aunque sostuvo que no toda distinción relacionada con la religión debería invalidar automáticamente una pregunta electoral. Añadió que no conoce otro estado con una exclusión religiosa similar en su proceso de iniciativas.
Kafker centró su análisis en que la pregunta sobre control de rentas habría obligado al gobierno a decidir si una vivienda era operada exclusivamente con fines religiosos, lo que requeriría una revisión profunda de las finanzas, motivos y prácticas de una institución religiosa. Según escribió, esa investigación invasiva es precisamente lo que la Constitución prohíbe.
“Si la iniciativa simplemente hubiera establecido que limita los aumentos de renta en viviendas operadas por instituciones con fines de lucro, pero no en viviendas operadas por instituciones sin fines de lucro, se habría presentado una cuestión muy distinta”, escribió Kafker. “Distinguir entre instituciones con y sin fines de lucro no requiere un análisis relacionado con la religión o las instituciones religiosas”.
Los impulsores del control de rentas calificaron la decisión del martes como “una enorme decepción”, pero aseguraron que no representa el final de su campaña para proteger a los inquilinos de aumentos excesivos.
Noemi Ramos, directora ejecutiva del New England Community Project y presidenta de la campaña Keep Massachusetts Home, afirmó que, aunque no están de acuerdo con la interpretación del tribunal, el problema identificado puede corregirse fácilmente y no altera el fondo de la propuesta.
Los partidarios del control de rentas planean reunirse frente a la Massachusetts State House el miércoles para discutir la decisión y pedir a los legisladores que aprueben un proyecto que permita a los municipios adoptar políticas locales de estabilización de rentas.
Quienes apoyaban la pregunta consideraban que establecer un límite era necesario ante el aumento de los costos de vivienda, uno de los principales factores de la crisis de asequibilidad que enfrentan los residentes. La gobernadora Maura Healey y los líderes legislativos se opusieron a la propuesta, respaldando el argumento de la industria inmobiliaria de que el control de rentas desalentaría la construcción de viviendas necesarias.
Conor Yunits, presidente y vocero del comité Housing for Massachusetts, creado para oponerse a la pregunta, afirmó que la decisión confirma que la propuesta de control de rentas era inconstitucional. Señaló que, aunque creían que los votantes habrían rechazado la medida en noviembre, el fallo resuelve el tema y protege el desarrollo de vivienda y a las comunidades de los efectos que, según el grupo, genera el control de rentas.
La Fiscal Alliance Foundation, que ha trabajado para oponerse al control de rentas, calificó la decisión como una gran victoria para los habitantes de Massachusetts.
Su director ejecutivo, Paul Craney, dijo que el fallo brinda a los legisladores la oportunidad de concentrarse en otras soluciones de vivienda, como construir más hogares, reducir las barreras a la construcción y hacer de Massachusetts un lugar donde las familias puedan vivir con mayor asequibilidad.
Como resultado de desafíos legales como el presentado contra la iniciativa de control de rentas y de opiniones consultivas solicitadas por el Senado, el máximo tribunal estatal ha tenido un papel activo en la definición de la boleta electoral de noviembre de 2026.
El tribunal rechazó desafíos legales y determinó que pueden continuar su camino hacia la boleta del 4 de noviembre las peticiones que buscan revocar la legalización del uso recreativo de marihuana aprobada en 2016 y cambiar el sistema estatal a una sola elección primaria abierta a todos los partidos.
En otro desafío, los jueces fallaron a favor de los demandantes y resolvieron que una pregunta para reducir la tasa del impuesto estatal sobre la renta no podía permanecer en la boleta debido a un resumen defectuoso elaborado por la oficina de Campbell.
Una propuesta para reformar la manera en que se distribuyen los estipendios legislativos y vincularlos a criterios internos de procedimiento fue descartada después de que el tribunal concluyera, en una opinión consultiva solicitada por el Senado, que la medida cruzaba un límite constitucional. El tribunal no bloqueó, pero tampoco resolvió, las dudas sobre la constitucionalidad de una pregunta que busca aplicar la ley de registros públicos a la Legislatura y a la oficina del gobernador.
La pregunta sobre el control de rentas era la última de las preguntas de boleta de este año que seguía pendiente ante el máximo tribunal estatal.
El copresentador de GBH Radio, Jim Braude, preguntó a Campbell si asumía responsabilidad por la eliminación de la pregunta sobre la reducción del impuesto sobre la renta, que fue retirada de la boleta debido al resumen defectuoso redactado por su oficina.
Campbell respondió que siempre asume responsabilidad. Explicó que su oficina recibió un número récord de iniciativas electorales —47—, revisó todas y certificó 44. Seis fueron impugnadas: tres sobrevivieron los desafíos y tres no, incluidas las propuestas sobre control de rentas, estipendios legislativos e impuesto sobre la renta.
Dijo que ahora corresponde a ella y a su equipo revisar y mejorar sus procesos y análisis. Añadió que ninguna organización puede esperar resultados perfectos, pero sostuvo que su oficina toma su trabajo en serio y se responsabiliza por los tres casos en los que, según el tribunal, se equivocó.
Tras el fallo del jueves que eliminó la pregunta sobre la reducción del impuesto sobre la renta, algunos impulsores de la medida culparon a Campbell. Sin embargo, opositores a la reducción señalaron que los propios promotores pudieron haber pasado por alto el error en el resumen o haber intentado ocultar el efecto completo de su iniciativa a quienes firmaron la petición y a los votantes.
Mientras la oficina de la fiscal general redactaba el resumen el agosto pasado, envió una versión que incluía la parte que el tribunal posteriormente consideró problemática a un abogado de los promotores. El abogado de Goodwin Procter respondió que el resumen funcionaba bien para los partidarios de la medida.
Campbell afirmó que su oficina consultó con todas las partes involucradas de ambos lados de cada tema, un proceso que, dijo, no es común en todos los estados, pero que se realiza en Massachusetts para escuchar todas las perspectivas.
También dijo que, cuando su oficina se equivoca, lo reconoce ante ambas partes. En el caso de la iniciativa sobre el impuesto a la renta, explicó que ni los promotores ni los opositores cuestionaron el borrador del resumen elaborado por su oficina. Finalmente, el tribunal determinó que el resumen era incorrecto, y Campbell aseguró que su equipo respetará la decisión y trabajará para mejorar el proceso.
