CIERRA BERKSHIRE CENTER FOR JUSTICE TRAS CASI 20 AÑOS DE OFRECER ASISTENCIA LEGAL EN EL CONDADO
BERKSHIRE COUNTY — Berkshire Center for Justice, una organización sin fines de lucro que durante casi dos décadas ofreció representación legal a residentes del condado que no podían pagar un abogado, cerró sus operaciones.
El fin de la organización fue confirmado por su fundadora y directora ejecutiva, la abogada Eve Schatz, después de que The Guthrie Center anunciara el 23 de septiembre que habían terminado las clínicas legales gratuitas que ambas organizaciones ofrecían en conjunto.
Días después, el sitio web de la organización dejó de estar disponible.
Fundado en 2006, Berkshire Center for Justice se especializó en casos civiles relacionados con divorcios, custodia de menores, conflictos entre propietarios e inquilinos, desalojos, planificación patrimonial, asuntos de propiedad y protección al consumidor.
Su modelo combinaba representación gratuita con servicios cobrados de acuerdo con la capacidad económica de cada cliente, en un intento por cubrir una población que con frecuencia queda fuera tanto de los programas tradicionales de asistencia legal como del mercado privado de abogados.
“Cuando atendemos a un cliente, la persona suele estar bajo mucho estrés. Está en riesgo de perder su vivienda, sus salarios, la manutención de sus hijos o un depósito de alquiler”, explicó Schatz al describir anteriormente en el sitio web del ayuntamiento de Pittfield el tipo de situaciones que llegaban a la organización.
Para Schatz, uno de los principales problemas era la desigualdad que enfrentaban quienes debían representarse por cuenta propia ante un sistema judicial complejo, especialmente cuando la contraparte contaba con abogados.
En uno de los casos relatados por la propia organización para el ayuntamiento de la ciudad, señalaron que un hombre de Pittsfield enfrentaba un proceso de desalojo por supuestamente no pagar la renta, pese a que contaba con documentación que demostraba que los pagos habían sido enviados directamente al propietario mediante el programa estatal Residential Assistance for Families in Transition, conocido como RAFT.
Después de que Berkshire Center for Justice asumiera su representación, el conflicto llegó rápidamente a mediación y terminó con un acuerdo que, según Schatz, permitió al hombre permanecer en su vivienda y obtener además dos meses sin pago de renta.
La organización sostenía que muchos de los problemas legales que atendía estaban directamente relacionados con la inestabilidad económica, la violencia doméstica, la falta de vivienda y otras dificultades sociales.
La capacidad de Berkshire Center for Justice, sin embargo, era limitada. La organización funcionaba con una abogada de tiempo completo y apoyo de voluntarios y dependía considerablemente de subvenciones y donaciones para mantener sus servicios.
En medio de ese incremento en la demanda, la ciudad de Pittsfield otorgó al centro una subvención de $50,000 en fondos del American Rescue Plan Act (ARPA) para ampliar sus servicios legales gratuitos.
El financiamiento permitió incorporar apoyo paralegal para realizar tareas administrativas, organizar expedientes y reunir documentación, liberando tiempo para que Schatz pudiera concentrarse en preparar mociones, representar a clientes y comparecer ante los tribunales.
La ayuda también permitió ampliar la presencia del centro fuera de sus oficinas. Berkshire Center for Justice realizó clínicas gratuitas en espacios comunitarios como el comedor y banco de alimentos de South Congregational Church, donde Schatz se acercaba directamente a residentes para informarles que podían consultar a un abogado sin costo.
Al anunciar el final del programa, The Guthrie Center agradeció públicamente el trabajo realizado por Berkshire Center for Justice y describió la relación entre ambas organizaciones como una colaboración de muchos años al servicio de la comunidad.
El cierre pone fin a una organización que buscó durante aproximadamente 20 años reducir una de las barreras más difíciles dentro del sistema judicial: la capacidad de pagar por representación legal.
