MASSACHUSETTS SE OPONE A CAMBIOS FEDERALES QUE PODRÍAN DEBILITAR EL PROGRAMA HEAD START
Katie Lannan /SHNS
Beacon Hill ya ha marcado este año sus líneas de confrontación en torno a la aplicación de las leyes migratorias y el acceso al aborto. El próximo escenario de disputa entre Massachusetts y la administración Trump podría estar en las aulas de educación temprana.
O, al menos, en el buzón del gobierno federal donde se reciben los comentarios públicos sobre las nuevas reglas propuestas que afectarían a algunos programas de educación infantil.
El gobierno federal está aceptando comentarios públicos hasta el próximo jueves sobre cambios importantes a las regulaciones que rigen Head Start, el programa de larga trayectoria que ofrece educación temprana gratuita y servicios de apoyo a familias de bajos ingresos, entre ellas más de 10,000 niños en Massachusetts. La administración Trump sostiene que los cambios permitirían reducir costos y trámites burocráticos, además de dar mayor flexibilidad a los programas y, en última instancia, atender a más niños.
Los políticos de Massachusetts discrepan.
La gobernadora Maura Healey y la representante federal y vicejefa de la minoría demócrata en la Cámara, Katherine Clark, visitaron en agosto un programa Head Start en Malden para denunciar los cambios propuestos. Healey los describió como un intento de desmantelar Head Start “desde adentro”, debilitando sus estándares y creando nuevas barreras.
Veinticinco senadores estatales se sumaron el lunes a las críticas mediante una carta en la que pidieron al secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., retirar las modificaciones propuestas.
El senador demócrata por Ludlow Jake Oliveira, quien encabezó la iniciativa en el Senado estatal, dijo estar preocupado por el efecto de ciertas medidas como eliminar los requisitos de evaluaciones de visión, audición y desarrollo infantil; suprimir los límites en la proporción entre maestros y niños; y reducir el número mínimo de horas que los programas tendrían que permanecer abiertos.
Oliveira señaló que el representante por Boston Christopher Worrell está encabezando una carta similar entre los legisladores de la Cámara estatal. Por su parte, el representante Tara Hong, de Lowell, publicó un video en Instagram en el que expuso sus propias preocupaciones y alentó a la población a pronunciarse.
Las autoridades locales también están interviniendo.
El Concejo Municipal de Boston aprobó en agosto una resolución en la que reafirmó su apoyo a Head Start y a los estándares actuales del programa, además de exhortar a los residentes a presentar sus propios comentarios en defensa de estos servicios.
Un concejal de Waltham y un integrante del Comité Escolar de Salem se encuentran entre los residentes de Massachusetts que han enviado comentarios oponiéndose a los cambios. También lo han hecho trabajadores de Head Start, padres de familia y exalumnos, así como el Commonwealth Children’s Fund y la Massachusetts Academy of Family Physicians.
“Espero que, si surge suficiente apoyo y presión en contra de estos cambios propuestos, la administración entre en razón y elimine algunas de estas modificaciones al programa”, dijo Oliveira.
Oliveira aseguró que anteriormente ha visto cómo la presión pública ha tenido efecto sobre la administración Trump y mencionó como ejemplo una orden judicial que permitió mantener abiertos los programas de Job Corps, incluido el de Chicopee, que se encuentra en su distrito.
Sin embargo, la movilización en torno a Head Start también podría ser una de las pocas herramientas concretas que los funcionarios estatales y locales tienen a su alcance para intentar influir en el futuro de un programa federal.
Healey, consultada durante un evento el mes pasado sobre la posibilidad de que Massachusetts adoptara una política estatal para mantener los estándares actuales de Head Start dentro del estado, sugirió que una medida de ese tipo no resolvería por completo el problema.
“Massachusetts ya cuenta con algunos estándares excelentes. Pero no cubrirían todo”, afirmó.
Eso deja, por ahora, a los legisladores estatales en el papel de ejercer presión sobre el gobierno federal.
