SUSPENDEN INDEFINIDAMENTE A ABOGADO DE INMIGRACIÓN EN PITTSFIELD POR ABANDONAR A 18 CLIENTES
PITTSFIELD. Al menos 18 inmigrantes que confiaron sus procesos legales al abogado Scott Paul Clark quedaron sin una representación adecuada y algunos enfrentaron órdenes de deportación como consecuencia de los incumplimientos del profesionista, según una investigación disciplinaria que llevó al Tribunal Judicial Supremo de Massachusetts a suspender indefinidamente su licencia para ejercer la abogacía.
La resolución, emitida fue emitida el pasado mes por la jueza Elizabeth N. Dewar, y establece una serie de obligaciones para Clark, entre ellas notificar a sus clientes sobre la suspensión, devolver los expedientes y reembolsar los honorarios correspondientes a servicios que nunca prestó. La sanción entró en vigor de manera inmediata.
El procedimiento, identificado con el número BD-2025-012, documenta cuatro grupos de infracciones disciplinarias que incluyen el abandono de clientes, negligencia en la representación de solicitantes de protección migratoria, incumplimiento de obligaciones económicas y falta de cooperación con las autoridades encargadas de investigar su conducta profesional.
De acuerdo con el resumen disciplinario de la Junta de Supervisores de Abogados de Massachusetts (Board of Bar Overseers), Clark realizó «poco o ningún trabajo» en los expedientes de al menos 18 personas que habían contratado sus servicios de inmigración. Pese a recibir sus honorarios, no devolvió el dinero correspondiente a esos casos.
Las consecuencias fueron particularmente graves en dos procedimientos migratorios documentados por las autoridades.
En el primero, un inmigrante recibió una orden de deportación después de que ni él ni Clark comparecieran a la audiencia inicial de su procedimiento. El abogado tampoco informó oportunamente al cliente sobre la decisión judicial y sus gestiones posteriores para intentar anularla resultaron ineficaces.
Aunque finalmente devolvió el dinero de ese cliente, Clark no entregó su expediente al abogado que posteriormente asumió su representación, lo que constituyó otro incumplimiento de sus obligaciones profesionales.
En un segundo caso, una mujer que había solicitado asilo en Estados Unidos vio rechazada su petición y recibió una orden de deportación después de que Clark no la preparara adecuadamente para su audiencia ni coordinara la asistencia de un intérprete.
Estas irregularidades forman parte de las infracciones documentadas en el procedimiento disciplinario y ponen de manifiesto las consecuencias que puede tener una representación legal deficiente en procesos donde está en juego la permanencia de una persona en Estados Unidos.
La investigación también estableció que Clark incumplió las normas de responsabilidad profesional relacionadas con la competencia jurídica, la diligencia en la atención de los asuntos, la comunicación con sus clientes, el manejo adecuado de los fondos recibidos y la devolución de honorarios no devengados.
A estas infracciones se sumó su negativa a colaborar con las autoridades disciplinarias. Clark ignoró una citación para comparecer a un interrogatorio bajo juramento y tampoco cumplió las condiciones de una suspensión administrativa que ya se encontraba vigente.
El abogado no respondió formalmente a la petición disciplinaria, integrada por cuatro apartados, por lo que las acusaciones fueron consideradas admitidas para efectos del procedimiento.
Las autoridades no identificaron circunstancias atenuantes que justificaran reducir la gravedad de la sanción. Por el contrario, señalaron como factores agravantes la experiencia profesional de Clark, la cantidad de infracciones, su falta de cooperación durante la investigación y los daños ocasionados a sus clientes.
La Junta de Supervisores de Abogados recomendó su suspensión indefinida el 14 de septiembre de 2026. Posteriormente, Clark tampoco compareció a la audiencia disciplinaria celebrada el 20 de octubre ante la jueza Dewar, quien emitió la orden definitiva al día siguiente.
La resolución no se limita a prohibirle ejercer la abogacía. También le impone obligaciones destinadas a proteger los intereses de las personas que habían contratado sus servicios.
De acuerdo con el resumen de la orden, Clark debía notificar, en un plazo de 14 días, a sus clientes, a los tribunales correspondientes y a los abogados de las partes contrarias sobre su suspensión. Asimismo, debía devolver los documentos de sus representados, reembolsar los honorarios no devengados y cerrar las cuentas profesionales y fiduciarias utilizadas en el ejercicio de su actividad.
Además, tenía un plazo de 21 días para presentar una declaración jurada que acreditara el cumplimiento de las disposiciones judiciales.
Estas obligaciones responden al marco disciplinario establecido por la Regla 4:01 del Tribunal Judicial Supremo de Massachusetts, que regula las responsabilidades de los abogados sancionados y los procedimientos para proteger a sus antiguos clientes.
En Massachusetts, Clark no podrá ejercer la abogacía mientras permanezca vigente la suspensión. Por regla general, deberá esperar hasta tres meses antes del quinto aniversario de la sanción para solicitar su reincorporación, lo que sitúa la primera oportunidad ordinaria para presentar dicha petición en julio de 2031. La restitución de su licencia no será automática y estará sujeta a un nuevo procedimiento de evaluación.
El caso también tiene una dimensión penal. En mayo de 2026, un gran jurado acusó a Clark de tres delitos graves de hurto por cantidades superiores a 1,200 dólares, relacionados con la presunta recepción de miles de dólares de clientes inmigrantes mientras su autorización profesional se encontraba suspendida.
Clark se declaró no culpable durante su comparecencia de junio ante el Tribunal Superior del Condado de Berkshire. Su próxima audiencia está programada para el 19 de enero de 2027. Los cargos continúan pendientes de resolución y deben distinguirse de las infracciones que motivaron la sanción disciplinaria.
Los antecedentes del abogado también se extienden a otras jurisdicciones. El 17 de junio de 2025, el Tribunal Supremo de Rhode Island suspendió indefinidamente su licencia profesional. Posteriormente, el 18 de diciembre de ese año, la Junta de Apelaciones de Inmigración de Estados Unidos (Board of Immigration Appeals) ordenó su suspensión inmediata para ejercer ante las autoridades federales de inmigración.
Esta última medida se produjo después de que las autoridades disciplinarias del Departamento de Justicia y del Departamento de Seguridad Nacional presentaran conjuntamente una solicitud de suspensión en noviembre de 2025.
La nueva resolución de Massachusetts confirma la gravedad de los incumplimientos documentados durante la investigación y se suma a las medidas adoptadas anteriormente contra el abogado.
Para los inmigrantes afectados, sin embargo, las consecuencias pueden extenderse mucho más allá de la suspensión profesional. Los procedimientos de asilo y deportación están sujetos a requisitos y plazos legales estrictos, por lo que la ausencia de representación efectiva, la pérdida de documentos o la falta de información sobre una resolución pueden comprometer las posibilidades de defensa de una persona.
El expediente disciplinario deja constancia de que algunos clientes no solo perdieron el dinero entregado a Clark, sino que también tuvieron que enfrentar decisiones migratorias adversas mientras sus casos estaban bajo su responsabilidad.



