Sobrevivientes de abuso aseguran que las leyes que antes les fallaron ahora están de su lado
La senadora Lovely relata el camino para aprobar una ley que protege a los menores del abuso cometido por personas en posiciones de poder
Por: Ella Adams / SHNS
Durante más de una década, sobrevivientes de abuso han acudido al Capitolio estatal para decirle a todo aquel dispuesto a escucharlos que Massachusetts necesitaba una ley que protegiera a los menores de los abusos cometidos por personas que ocupan posiciones de poder en sus vidas. Ahora aseguran que una disposición incluida en el presupuesto estatal para el año fiscal 2027 finalmente convirtió sus reclamos en ley.
Cuando la gobernadora Maura Healey firmó el presupuesto el 9 de julio, también promulgó dos importantes cambios legales: uno dirigido a combatir el “abuso de poder” por parte de adultos, como maestros y entrenadores, a quienes se confía el cuidado de menores, y otro que elimina el plazo de prescripción en casos de violación cuando nuevas pruebas de ADN permiten identificar al agresor.
“Me fallaron. Massachusetts me falló y también los adultos que debían protegerme. Durante mucho tiempo, la ley también les falló a niños como yo”, declaró la sobreviviente Melissa Fares durante una conferencia de prensa el viernes. “Esta ley no me devuelve mi juventud. No les devuelve a los sobrevivientes lo que les fue arrebatado. Pero cierra un vacío legal que nunca debió haber existido”.
Fares y Hilary Simon, ambas exalumnas de Miss Hall's School, estuvieron acompañadas por funcionarios estatales y autoridades durante una ceremonia simbólica de firma realizada por la administración Healey en el Capitolio para destacar las nuevas medidas. Un numeroso grupo de funcionarios llenó Nurses Hall, entre ellos Healey; la vicegobernadora Kim Driscoll; el coronel de la Policía Estatal de Massachusetts, Geoffrey Noble; los representantes Leigh Davis, John Lawn y Hannah Kane; las senadoras Joan Lovely y Lydia Edwards; el fiscal de distrito de Berkshire, Timothy Shugrue; la fiscal de distrito de Middlesex, Marian Ryan; y el fiscal de distrito de Essex, Paul Tucker.
Fares y Simon han denunciado que Matthew Rutledge, quien fue su maestro en el internado femenino de Pittsfield, las manipuló sexualmente y las violó. Rutledge se ha declarado no culpable. En marzo fue acusado formalmente de tres cargos de violación, según reportó The Boston Globe.
“Mi maestro comenzó a manipularme cuando tenía 15 años”, dijo Simon, quien llegó a Massachusetts a los 14 años para estudiar en el internado. “Para cuando tenía 16, la ley de Massachusetts me trataba como si pudiera dar mi consentimiento a un hombre que tenía poder sobre mí”.
Fares y Simon han trabajado durante los últimos dos años para lograr que se modificara la ley, explicó Simon. Sin embargo, reconoció que otras sobrevivientes habían comenzado esa lucha mucho antes.
“Nosotras no fuimos las primeras. Sobrevivientes llegaron a este edificio hace años y dijeron lo mismo que nosotras hemos estado diciendo a personas que no estaban preparadas para escuchar. Cada puerta por la que pasamos había sido abierta primero, aunque fuera un poco, por alguna de ellas”.
La nueva ley establece que los menores de 18 años no pueden otorgar legalmente su consentimiento para mantener relaciones o conductas sexuales con un adulto que tenga o haya tenido autoridad de supervisión o custodia sobre ellos.
Una versión modificada de una enmienda presentada por la senadora Joan Lovely dentro de la propuesta presupuestaria del Senado para el año fiscal 2027 permitió incorporar la medida al presupuesto definitivo. La legislación también establece penas de hasta 20 años de prisión por violación y de hasta 10 años por agresión indecente y lesiones, explicó Lovely ante el Senado en mayo.
Sin embargo, esas penas no se aplican “si el acusado no era más de cuatro años mayor que el menor en el momento del supuesto delito”, según el texto de la legislación. Lovely describió esta disposición como una “excepción limitada por cercanía de edad destinada a proteger las relaciones entre pares”.
“Como sobreviviente desde los seis años, es difícil hablar de esto. Nunca te abandona. Siempre está ahí”, expresó Lovely el viernes.
“Cuando era senadora de primer mandato, me senté en reuniones de nuestro bloque y escuché a colegas cuestionar si los jóvenes que denunciaban estos hechos estaban diciendo la verdad”, recordó Lovely. “Hace catorce años, cuando estábamos aprobando aquella ley [sobre el plazo de prescripción], tuve colegas que decían: ‘Eso no sucede. Se lo están inventando’. Me enfureció, y eso fue lo que me impulsó a hacer este trabajo, a encontrar mi voz para trabajar en esto y prevenirlo”.
El representante John Lawn, uno de varios funcionarios que destacaron el trabajo de Lovely sobre este tema, señaló que él y la senadora demócrata de Salem “comparten un club al que desearían no pertenecer”.
“Hace años confié en ella. Trabajamos en esto detrás de escena, incluso antes de que yo pudiera compartir mi propia historia. Pero ella lo sabía”, afirmó.
“Todos nosotros, todos los que estamos aquí y todos los que están allá afuera, queremos enviar un mensaje: en Massachusetts, si lastimas a un niño, nunca podrás escapar de la responsabilidad por lo que hiciste ni del daño que causaste”, declaró Lawn.
En mayo, Lawn publicó un artículo de opinión en The Boston Globe en el que pidió a Massachusetts eliminar el plazo de prescripción para los casos de abuso sexual infantil y habló públicamente de su propia experiencia como sobreviviente.
Al referirse a la otra disposición promulgada, Healey afirmó que durante demasiado tiempo Massachusetts permitió que “se agotara el tiempo” en casos de violación que permanecían sin resolver.
El representante Adam Scanlon mencionó un caso en el que, después de 35 años, pruebas de ADN permitieron identificar al hombre responsable de agresiones cometidas en el vestidor de una tienda departamental de Framingham. En ese caso fue posible iniciar un proceso penal porque el agresor había abandonado Massachusetts, lo que detuvo temporalmente el plazo de prescripción, explicó Scanlon.
“Pero para muchos otros sobrevivientes, el mismo avance en las pruebas de ADN no los habría beneficiado. Sus agresores podrían haber sido identificados y aun así haber escapado de la justicia, no porque las pruebas hubieran fallado, no porque las autoridades hubieran fallado, sino porque la ley les había fallado”, señaló Scanlon.
Scanlon habló ante la Cámara de Representantes en abril sobre esta disposición y recordó que Massachusetts tenía un plazo de prescripción de 15 años para la mayoría de los casos de agresión sexual. Eso significaba que, incluso cuando las pruebas de ADN identificaran claramente al responsable, el paso del tiempo podía impedir que se presentaran cargos.
“Este momento nos recuerda que nuestro sistema de justicia estadounidense está en constante evolución. Nuestras leyes no están escritas en piedra”, afirmó Scanlon.
La oficina de Healey anunció poco después de las 2 p.m. del 9 de julio que la gobernadora había firmado el presupuesto y difundió una fotografía en la que aparecía junto al secretario de Administración y Finanzas, Matthew Gorzkowicz, y la presidenta del Senado, Karen Spilka.
Healey no incluyó la firma del presupuesto en su agenda pública ni realizó una conferencia de prensa para la ocasión, algo que ha sido habitual en años anteriores.
La gobernadora afirmó el viernes que la jornada se trataba de “asegurarnos de que nuestras leyes reflejen una diferencia clara entre lo que está bien y lo que está mal”.
“Cuando alguien abusa de una posición de confianza, tiene que rendir cuentas”, declaró Healey. “Cuando la ciencia revela los hechos de un caso sin resolver, ningún plazo de prescripción debería interponerse en el camino de la justicia”.
