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Propuesta para reservar $1.2 millones por caso vial divide a autoridades de Great Barrington.

  • 18 jun
  • 3 min de lectura

Durante una reunión conjunta celebrada el 16 de junio, la Junta de Selectores y el Comité de Finanzas analizaron los resultados de la auditoría forense relacionada con el proyecto vial bajo investigación, así como varios artículos que serán sometidos a consideración durante la Reunión Municipal Especial programada para el 29 de junio en Monument Mountain Regional High School.


Como parte de la agenda, la administradora municipal Liz Hartsgrove presentó una propuesta para transferir $1 millón del fondo de libre disponibilidad (Free Cash) y otros $200,000 del Fondo de Estabilización, con el objetivo de crear una reserva de $1.2 millones destinada a cubrir posibles obligaciones financieras derivadas de reclamaciones, acuerdos legales, litigios y otros gastos vinculados a los hallazgos de la investigación sobre contrataciones públicas.


Hartsgrove advirtió que la situación financiera del municipio es limitada y señaló que aprobar todos los artículos incluidos en la reunión especial podría agotar completamente las reservas disponibles y generar un déficit presupuestario.


Durante la discusión, funcionarios municipales explicaron que ya se han comenzado a implementar controles administrativos más estrictos, para evitar que se repitan situaciones similares a la que sucedió tras los malos manejos de presupuesto por la administración pasada, que llevó al municipio a recibir una demanda por incumplimiento de pago por parte de la empresa Morais Concrete Services.


La administradora municipal también recordó que poco después de asumir el cargo fue informada de la existencia de facturas pendientes de pago relacionadas con el proyecto. Tras revisar la situación, detectó que algunos de esos gastos no contaban con una asignación presupuestaria claramente identificada, lo que motivó la contratación de asesoría externa para evaluar el alcance del problema.


Por su parte, el abogado municipal David Doneski indicó que la demanda presentada por la empresa constructora se basa en presuntos incumplimientos contractuales y no estaría cubierta por las pólizas de seguro del municipio. Asimismo, explicó que aunque la legislación estatal contempla mecanismos para resolver litigios mediante acuerdos judiciales financiados con endeudamiento autorizado por los votantes, el caso aún se encuentra en una etapa temprana y la ciudad continúa rechazando las acusaciones formuladas en su contra.


Varios miembros del Comité de Finanzas manifestaron preocupación por la posibilidad de comprometer fondos públicos antes de que exista una determinación clara sobre la responsabilidad legal del municipio. Algunos señalaron que los hallazgos de la auditoría plantean serias interrogantes sobre el cumplimiento de las leyes estatales de contratación pública y cuestionaron cómo pudo desarrollarse un proyecto de esta magnitud sin los controles administrativos adecuados.


También surgieron preguntas sobre si otros proyectos municipales podrían presentar problemas similares. En respuesta, Hartsgrove confirmó que un proyecto ubicado en Prosperity Way será objeto de revisión adicional, aunque no precisó si se realizarán nuevas auditorías sobre otras obras.


Algunos integrantes del Comité de Finanzas sostuvieron que todavía existe una duda legítima sobre si la ciudad tiene obligación legal de asumir los costos reclamados por la empresa, argumentando que cuando determinados gastos o modificaciones contractuales no reciben las autorizaciones requeridas por la ley, la responsabilidad financiera podría no recaer sobre el municipio.



Al término de la reunión, el Comité de Finanzas votó por mayoría recomendar que los residentes rechacen la asignación de $1.2 millones, mientras que la Junta de Selectores aprobó una recomendación favorable a la medida.


La decisión final quedará en manos de los votantes durante la Reunión Municipal Especial del 29 de junio, cuando se determinará si el municipio reserva los fondos mientras continúan tanto el proceso judicial como la investigación sobre las irregularidades detectadas en el proyecto.

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