NUEVAS REGLAS DEL CENSO EXCLUIRÍAN A NO CIUDADANOS Y RESIDENTES QUE PASAN EL INVIERNO EN OTROS ESTADOS.
Por Ella Adams SHNS
CASA DEL ESTADO — Las modificaciones propuestas por la Oficina del Censo de Estados Unidos excluirían a una parte considerable de la población no ciudadana de Massachusetts, cambiarían la manera en que se contabiliza a los residentes que pasan los meses de invierno en otros estados y provocarían «graves inexactitudes» en los datos demográficos de 2030, advirtió el miércoles una especialista en investigación demográfica ante legisladores estatales.
Una legisladora calificó de «asombroso» el posible impacto que estos cambios tendrían en Massachusetts.
En septiembre, la Oficina del Censo propuso modificar las normas que regulan el censo decenal, de manera que únicamente se contabilice a los ciudadanos estadounidenses y a los residentes permanentes legales, conocidos como titulares de una green card. La propuesta también contempla establecer un periodo de empadronamiento de tres meses y utilizar declaraciones de impuestos para comprobar el lugar de residencia. El periodo de comentarios públicos sobre las modificaciones propuestas comenzó el 10 de septiembre y fue prorrogado hasta el 2 de noviembre.
«Imaginen que 641,000 personas desaparecieran del conteo del censo», señaló Susan Strate, directora sénior del Programa de Estimaciones de Población y del Centro Estatal de Datos de Massachusetts, pertenecientes al Instituto Donahue de la Universidad de Massachusetts.
El censo, que se realiza cada diez años, se utiliza para determinar la representación de cada estado en el Congreso federal y establecer los niveles de financiamiento de determinados programas federales.
Según Strate, aproximadamente uno de cada cinco residentes de Massachusetts, equivalente a 1.3 millones de personas, nació en el extranjero. De ese total, más de 641,000 no tienen ciudadanía estadounidense, lo que representa alrededor del 9 % de la población total del estado.
Dejar fuera del censo a una cantidad semejante de personas equivaldría, explicó, a excluir a toda la población de Worcester, Springfield, Cambridge, Lowell y Melrose juntas, o simplemente a no contabilizar a los habitantes de Boston.
Durante una audiencia del Comité del Senado sobre el Censo, Strate estimó que, de los aproximadamente 641,000 residentes que no son ciudadanos estadounidenses, entre 75,000 y 100,000 cuentan con residencia permanente legal y, por lo tanto, sí serían incluidos bajo las nuevas disposiciones propuestas.
«Aun así, estamos hablando de más de medio millón de personas», comentó la senadora Becca Rausch.
Posteriormente, Jessie Partridge Guerrero, directora de Servicios de Datos del Metropolitan Area Planning Council, señaló que sus cálculos más conservadores apuntan a que la exclusión de personas sin ciudadanía estadounidense dejaría fuera del censo a aproximadamente la mitad de esa cifra, es decir, unas 250,000 personas.
Strate subrayó que el censo establece la base demográfica del país para los siguientes diez años y que, en esencia, «se trata de datos, dinero y poder».
«Si eliminamos a los residentes que no son ciudadanos estadounidenses de nuestro conteo, estaríamos hablando de una pérdida de más de 1,500 millones de dólares anuales en fondos federales», advirtió.
La especialista agregó que las modificaciones podrían generar imprecisiones en distintas estadísticas oficiales, entre ellas la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense (American Community Survey), las estimaciones anuales de población correspondientes al periodo de 2031 a 2039, las tasas de empleo y las estadísticas de atención médica.
El censo también determina la representación política de los estados en el Congreso. Massachusetts, por ejemplo, perdió un escaño en la Cámara de Representantes federal como consecuencia de la desaceleración de su crecimiento demográfico reflejada en el censo de 2010.
Beth Jarosz, investigadora sénior del Massive Data Institute, advirtió que las modificaciones representarían «un cambio radical» en la manera de aplicar los criterios de residencia.
Estos criterios establecen dónde debe contabilizarse a una persona durante el censo, a partir del concepto de «residencia habitual». Según explicó Jarosz, son especialmente importantes para quienes se encuentran de viaje el 1 de abril, fecha de referencia del censo, así como para las personas que tienen varias viviendas, los estudiantes universitarios y las poblaciones que cambian frecuentemente de domicilio.
La propuesta establecería un periodo de empadronamiento comprendido entre el 3 de enero y el 1 de abril, y modificaría la definición de «residencia habitual» para considerar como tal el lugar donde una persona haya pasado la mayor parte de ese intervalo.
Guerrero advirtió que este cambio «favorecerá de manera drástica e inexacta a los estados del sur, donde muchos residentes del norte, conocidos en ocasiones como snowbirds, pasan parte o la totalidad de los meses comprendidos entre diciembre y marzo, a pesar de que pasan la mayor parte del año, votan y pagan impuestos en estados del norte como Massachusetts».
El término snowbirds se utiliza en Estados Unidos para describir a las personas que residen habitualmente en estados de clima frío, pero que durante el invierno se trasladan temporalmente a regiones más cálidas, como Florida.
Rausch calificó de «asombroso pensar en el impacto que esto podría tener».
Por su parte, la Oficina del Censo sostuvo que las modificaciones propuestas «tienen como objetivo garantizar la fidelidad a la Constitución, mejorar y proteger los datos fundamentales del censo decenal y promover la eficiencia».
En el documento que presenta los nuevos criterios de residencia, la agencia federal argumentó que, según su interpretación del mandato constitucional, las personas que se encuentran en Estados Unidos sin autorización migratoria no deberían incluirse en el conteo utilizado para distribuir los escaños del Congreso entre los estados.
«Según la interpretación más adecuada del mandato constitucional, los extranjeros que se encuentran ilegalmente en el país, entre otros, no deberían incluirse en el conteo para la distribución de escaños, ya que no son verdaderos habitantes, miembros de la comunidad política ni personas con una “residencia habitual” en Estados Unidos, debido a la falta de un vínculo y una lealtad suficientes hacia el país», señaló la Oficina del Censo en su propuesta.
Otra de las modificaciones planteadas prohibiría incluir en el censo decenal preguntas demográficas relacionadas con la raza, el origen étnico o la orientación sexual, aunque los especialistas no profundizaron en este aspecto durante la audiencia del miércoles.
El senador Will Brownsberger, presidente del comité, expresó su convicción de que las nuevas disposiciones enfrentarían impugnaciones judiciales en caso de ser aprobadas.
Rausch, por su parte, manifestó su preocupación por la posibilidad de que las consecuencias de los cambios se hagan sentir antes de que exista una resolución definitiva de la Corte Suprema de Estados Unidos.
«Personalmente, temo que las repercusiones y el impacto de este tipo de cambios, suponiendo que entren en vigor, se sientan mucho antes de que recibamos una decisión de la Corte Suprema», concluyó.
