Máximo tribunal bloquea pregunta electoral para reducir el impuesto sobre la renta

Un importante referéndum electoral que proponía una reducción significativa del impuesto estatal sobre la renta fue declarado inelegible para aparecer en la boleta electoral del 3 de noviembre por el máximo tribunal de Massachusetts. Los jueces concluyeron que la oficina de la fiscal general, Andrea Campbell, presentó un resumen de la propuesta que era “significativamente engañoso” y que probablemente habría influido en los votantes.

La medida planteaba principalmente reducir gradualmente la tasa estatal del impuesto sobre la renta del 5 % al 4 % en un período de tres años, pero el caso judicial se centró en otros efectos que tendría la propuesta.

Encabezados por el organizador comunitario de larga trayectoria Lew Finfer, los opositores a la reducción de impuestos presentaron una demanda ante la Corte Judicial Suprema (SJC) en enero, argumentando que el resumen elaborado por Campbell era tan defectuoso e injusto que la iniciativa debía ser excluida de la boleta electoral. Según la demanda, el resumen no explicaba claramente que la aprobación de la medida también reduciría la tasa impositiva aplicada a las ganancias de capital a largo plazo.

La oficina de Campbell sostuvo que el resumen era correcto porque la iniciativa “no propone modificar las leyes que establecen la tasa impositiva sobre las ganancias de capital”.

La parte cuestionada del resumen señalaba: “Esta ley propuesta reduciría, durante un período de tres años, las tasas impositivas sobre (1) los ingresos personales sujetos a impuestos provenientes de intereses y dividendos, y (2) los ingresos personales sujetos a impuestos distintos de intereses, dividendos o ganancias de capital, como salarios y sueldos.”

Sin embargo, el tribunal determinó que, debido a que la legislación vigente vincula la tasa impositiva de la mayoría de las ganancias de capital a largo plazo con la tasa general del impuesto sobre la renta, la propuesta también habría reducido automáticamente el impuesto sobre esas ganancias.

“Debido a que la ley actual vincula la tasa impositiva de la mayoría de los ingresos sujetos a impuestos de la Parte C —es decir, las ganancias de capital a largo plazo— con la tasa de la Parte B, la ley propuesta también reduciría la tasa impositiva sobre las ganancias de capital a largo plazo. La afirmación contraria contenida en el resumen no es una imprecisión menor”, escribió el tribunal. “Es significativamente engañosa y probablemente influiría en los votantes. Por lo tanto, la fiscal general no proporcionó un resumen ‘justo’ según exige el Artículo 48 de la Constitución, y la iniciativa no puede aparecer en la boleta electoral estatal de 2026”.

En septiembre de 2025, Campbell había certificado la iniciativa como elegible para la boleta electoral y presentó el resumen requerido, el cual fue incluido en los formularios utilizados por los promotores para reunir las firmas necesarias.

Los partidarios de la propuesta sostenían que la reducción de impuestos ayudaría a los trabajadores a enfrentar el alto costo de vida en Massachusetts y haría al estado más atractivo para las empresas. Sus opositores argumentaban que la medida obligaría al gobierno estatal a recortar servicios y programas públicos ampliamente valorados.

Tras conocerse la decisión, la organización Massachusetts Opportunity Alliance afirmó que el fallo impide que los votantes se pronuncien sobre una propuesta popular destinada a abordar la crisis del costo de vida. El grupo sostuvo que Massachusetts sigue siendo uno de los estados más costosos del país y que muchas personas continúan abandonándolo en busca de mejores oportunidades y menores gastos.

Por su parte, Taxpayers for an Affordable Massachusetts, organización que impulsó la iniciativa, destacó que más de 100,000 residentes firmaron peticiones de apoyo y citó encuestas que mostraban un respaldo significativo a la propuesta. Además, señaló que la Corte Judicial Suprema no había eliminado una pregunta electoral debido al resumen de un fiscal general en casi un siglo.

La organización calificó la decisión como una privación del derecho de millones de votantes a decidir sobre una medida con importantes implicaciones económicas y pidió revisar los procedimientos para garantizar mayor precisión y responsabilidad en futuras iniciativas electorales. También indicó que podría promover reformas al proceso o volver a presentar la propuesta dentro de dos años.

Los principales líderes demócratas del Poder Legislativo, quienes se oponían a la medida, reaccionaron favorablemente al fallo. La presidenta del Senado estatal, Karen Spilka, reconoció sentirse satisfecha con la decisión.

Otros opositores también celebraron el resultado. La presidenta de la Massachusetts AFL-CIO, Chrissy Lynch, afirmó que la decisión dejó claro que los multimillonarios no pueden obtener reducciones fiscales mediante iniciativas electorales engañosas. Añadió que las familias trabajadoras estarán mejor sin la propuesta en la boleta y defendió la inversión continua en escuelas, carreteras, vivienda y programas comunitarios.

En una línea similar, Harris Gruman, presidente de Protect Massachusetts Future y director ejecutivo del SEIU Massachusetts State Council, sostuvo que la campaña nunca tuvo como objetivo ofrecer alivio real a las familias trabajadoras. Según Gruman, la propuesta buscaba beneficiar principalmente a inversionistas de altos ingresos y herederos adinerados, además de otorgar ventajas fiscales a grandes corporaciones.

A principios de mayo, la administración de la gobernadora Maura Healey informó que había identificado dos consecuencias adicionales de la iniciativa: la eliminación de una deducción fiscal por donaciones caritativas y un aumento de la carga tributaria para algunas pequeñas empresas.

La Corte Judicial Suprema escuchó los argumentos orales del caso el pasado 4 de mayo antes de emitir su decisión definitiva.