MASSACHUSETTS INCUMPLE LEY QUE EXIGE INVESTIGAR POSIBLE DISCRIMINACIÓN RACIAL EN DETENCIONES DE TRÁNSITO
Por: Ella Adams /SHNS
La Oficina Ejecutiva de Seguridad Pública y Protección de Massachusetts (EOPSS) no ha publicado desde 2024 los informes obligatorios destinados a analizar posibles prácticas de discriminación racial en las detenciones de tránsito, a pesar de que la legislación estatal exige la elaboración de estos estudios cada año.
Antes de que los legisladores aprobaran en 2019 una ley que prohíbe a los conductores utilizar dispositivos electrónicos sostenidos con las manos mientras manejan, se desarrollaron meses de negociaciones controvertidas. Organizaciones como la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP) y la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) exigieron incorporar disposiciones que garantizaran la recopilación de datos demográficos durante las intervenciones policiales, con el objetivo de detectar posibles prácticas de discriminación racial.
Finalmente, los legisladores establecieron que el Registro de Vehículos Motorizados (RMV) debía recopilar información sobre la raza, edad y género de todos los conductores detenidos por la policía cuyas intervenciones terminaran con la emisión de una multa o citación, a fin de identificar posibles sanciones desproporcionadas contra determinados grupos.
La legislación también exige que la Secretaría de Seguridad Pública entregue anualmente estos datos a una universidad, organización sin fines de lucro u otra institución de Massachusetts con experiencia en su análisis, para que elabore un informe independiente sobre los resultados.
Sin embargo, desde que entró en vigor esta obligación, el estado solamente ha publicado dos informes: uno correspondiente a los datos de 2020, difundido en 2022, y otro que analizó la información de 2021 y 2022, publicado en 2024. Ambos estudios fueron realizados por equipos de las universidades estatales de Salem y Worcester.
«La elaboración de estos informes ha representado un desafío para nosotros», reconoció la secretaria de Seguridad Pública, Gina Kwon, durante una audiencia del Comité Senatorial de Auditoría y Supervisión, celebrada el 7 de octubre. «La última vez que publicamos una solicitud de propuestas, las ofertas superaron considerablemente nuestra capacidad financiera para pagar el informe».
De acuerdo con la EOPSS, la obligación de realizar estos estudios fue establecida sin asignarle una fuente específica de financiamiento. Para cubrir el contrato inicial de investigación, que ascendió a aproximadamente 300,000 dólares por tres años de servicios, la dependencia utilizó recursos de su presupuesto operativo.
No obstante, las propuestas recibidas durante los procesos de contratación de 2025 y 2026 oscilaron entre aproximadamente 600,000 dólares y un millón de dólares, cantidades considerablemente superiores al costo del contrato original.
Katy Naples-Mitchell, asesora de políticas de justicia de la ACLU de Massachusetts, destacó la importancia de estos estudios para garantizar la transparencia en las actuaciones policiales.
«Las detenciones de tránsito siguen siendo el punto de contacto más frecuente entre las personas y la policía, y comprender los patrones de desigualdad racial es fundamental para las comunidades, los legisladores, las personas directamente afectadas por encuentros negativos con la policía y todos aquellos interesados en la equidad y la justicia en Massachusetts», afirmó.
«No podemos gestionar lo que no medimos», agregó. La ACLU también señaló que existen subvenciones federales disponibles para financiar estudios sobre discriminación racial.
Kwon aseguró que su dependencia mantiene el compromiso de cumplir con la legislación vigente y está buscando alternativas presupuestarias para financiar los análisis pendientes.
«Estamos comprometidos con el cumplimiento de la ley. Estamos explorando opciones creativas de financiamiento y alternativas fiscales para poder publicar el informe. Es algo que reconozco que no hemos hecho», declaró.
La funcionaria también señaló que el requisito de contratar exclusivamente a una universidad u organización sin fines de lucro de Massachusetts podría ser uno de los factores que han dificultado encontrar una institución encargada de realizar los estudios.
El senador Mark Montigny, quien presidió la audiencia y fue uno de los principales impulsores de la legislación de 2019, respondió que las autoridades deben solicitar apoyo a la Legislatura si no consiguen los recursos necesarios.
«Si no hay suficiente dinero y no pueden encontrarlo mediante otras alternativas, tienen que volver a nosotros», manifestó.
Kwon identificó otro obstáculo: la falta de una metodología uniforme para analizar los datos y determinar la existencia de posibles disparidades raciales.
«En realidad, no existe una única manera claramente establecida de analizar los datos. Cuando se publicó el primer informe, hubo muchas críticas sobre la metodología utilizada por la institución investigadora», explicó.
La secretaria añadió que no considera que exista un procedimiento nacional universalmente aceptado que establezca cómo deben elaborarse todos los informes sobre desigualdades raciales.
Un resumen de los comentarios públicos recibidos sobre el análisis de las citaciones de tránsito correspondientes a 2020 identificó diversas deficiencias metodológicas. Entre ellas, se señaló la necesidad de determinar primero las características de la población que conduce vehículos y la exclusión de las detenciones que terminaron únicamente con advertencias verbales.
Además, una investigación publicada por USA Today en 2023 planteó serias dudas sobre la manera en que el estudio fue contratado, supervisado y presentado por funcionarios de la agencia estatal de seguridad pública, pese a que las autoridades afirmaron que los investigadores no habían encontrado evidencia que respaldara la existencia de patrones de desigualdad racial.
Montigny cuestionó la ausencia de una metodología reconocida y sugirió analizar las prácticas utilizadas en otros estados.
«Me cuesta creer que ningún estado lo haya hecho bien y, si es así, me gustaría saberlo, porque siempre considero que lo primero que debemos hacer es averiguar si alguien ya cuenta con un modelo de buenas prácticas o si simplemente estamos improvisando», expresó.
El legislador insistió en que las dificultades técnicas o presupuestarias no eliminan la obligación de cumplir con la legislación.
«Es un tema difícil, pero después de negociaciones realmente complicadas, se convirtió en ley. Por lo tanto, tenemos que encontrar la manera de resolverlo», afirmó.
Por su parte, Naples-Mitchell reiteró que la ACLU continúa interesada en que el estado garantice un análisis verdaderamente independiente de los datos como parte de sus obligaciones legales.
La legislación exige que los análisis anuales sean públicos y establece medidas adicionales cuando los resultados sugieran que una institución policial ha incurrido en prácticas de discriminación racial o de género.
En esos casos, la dependencia señalada deberá recopilar durante un año información más detallada sobre todas sus detenciones de tránsito, incluidos los motivos de cada intervención, además de los datos ya exigidos en las citaciones uniformes de Massachusetts.
Esta obligación también abarcará las detenciones que no terminen en advertencias, multas o arrestos. Asimismo, la institución deberá implementar capacitación sobre sesgos implícitos para sus agentes.
La Oficina Ejecutiva de Seguridad Pública y Protección informó que la recopilación de datos continúa y que actualmente evalúa distintas alternativas para financiar los estudios pendientes.
En mayo, la dependencia publicó una nueva convocatoria para contratar a una institución que se encargue de analizar anualmente las citaciones de tránsito emitidas por las autoridades policiales estatales y locales, y entregar a la Oficina de Subvenciones e Investigación un informe con los resultados.
El presupuesto de la Secretaría de Seguridad Pública para el año fiscal 2026 superó los 1,600 millones de dólares, y las asignaciones destinadas al Departamento Correccional y a la Policía Estatal representaron las dos partidas más importantes dentro de sus recursos.
A pesar de ese presupuesto general, las autoridades sostienen que la falta de financiamiento específico y las dificultades para contratar investigadores han impedido cumplir regularmente con la obligación de publicar los análisis sobre posibles prácticas de discriminación racial en los controles de tránsito.
