Great Barrington analiza destinar $1.2 millones tras detectar irregularidades en proyectos de infraestructura
- 9 jun
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GREAT BARRINGTON — Una auditoría forense encargada por el municipio reveló posibles irregularidades en la gestión de proyectos de infraestructura en la pasada administración, incluyendo modificaciones contractuales cuestionadas, facturas pendientes y posibles ampliaciones de obra que no habrían seguido los procedimientos establecidos.
Los hallazgos forman parte de un informe elaborado por la firma CBIZ Forensic Consulting Group, divulgado por la ciudad horas antes de una reunión conjunta que se iba a celebrar el 9 de junio entre la Junta de Selectores y el Comité de Finanzas.
A raíz de esta revisión y debido al corto periodo por parte de los miembros para revisra la información, ambas entidades evaluarán el próximo 16 de junio una propuesta para reservar $1.2 millones destinados a cubrir posibles obligaciones financieras derivadas de la investigación. El plan contempla transferir $1 millón del fondo de libre disposición (free cash) y $200,000 del fondo de estabilización municipal.
De acuerdo con la documentación preparada para una futura Asamblea Municipal Especial, el dinero podría utilizarse para responder a pagos pendientes relacionados con proyectos de capital, así como para cubrir gastos legales, auditorías, consultorías, investigaciones especializadas y otros costos asociados con la resolución de los problemas detectados.
La propuesta surge mientras el municipio enfrenta una demanda presentada por la empresa Morais Contractors Inc., anteriormente conocida como Morais Concrete Services de Springfield.
Según documentos judiciales, la compañía firmó un contrato con la ciudad en julio de 2024 para realizar mejoras en sistemas de drenaje subterráneo y reparaciones de zanjas con asfalto. El acuerdo original tenía un valor de $1,097,075.
Sin embargo, la constructora sostiene que posteriormente recibió instrucciones para ejecutar trabajos adicionales que no formaban parte del contrato inicial. La empresa afirma que presentó solicitudes de pago por cientos de miles de dólares durante 2025 y que dichas solicitudes fueron aprobadas por los responsables del proyecto.
A pesar de ello, la compañía asegura que nunca recibió los pagos correspondientes y que actualmente el municipio mantiene una deuda de $869,395.61, además de los intereses acumulados. La demanda fue presentada el 7 de abril ante el Tribunal Superior de Hampden por el abogado Marwan Zubi, del Nicolai Law Group.
La auditoría divulgada por la ciudad examinó precisamente aspectos relacionados con la administración del proyecto. Uno de los puntos señalados se refiere a las denominadas órdenes de cambio, documentos utilizados para modificar el costo o el alcance de una obra una vez iniciado el contrato.
Los auditores indicaron que la autoridad para aprobar dichos cambios corresponde exclusivamente al administrador municipal. Sin embargo, tras revisar diversos documentos, concluyeron que algunas firmas atribuidas al representante autorizado de la ciudad no parecen corresponder a las personas facultadas para autorizarlas.
El informe señala que varias de esas firmas tendrían similitudes con la de Joseph Aberdale, superintendente del Departamento de Obras Públicas, aunque no emite conclusiones sobre responsabilidades legales.
Además de las dudas sobre las órdenes de cambio, la investigación también identificó posibles expansiones del alcance original de las obras sin la documentación adecuada y facturas que permanecen sin pagar.
Las autoridades municipales discutirán los resultados de la auditoría y las posibles medidas financieras durante la reunión programada para el 16 de junio, mientras continúa la revisión de los proyectos y de las obligaciones económicas que podrían derivarse de este proceso.
