El impacto económico de la ofensiva gubernamental contra la inmigración.
- alexahnder
- 22 ene
- 4 Min. de lectura
State House News Service
CAPITOLIO, BOSTON — Algunos de los compañeros latinos del secretario de Desarrollo Económico, Eric Paley, llevan sus pasaportes consigo a todas partes, mientras crece el temor por la intensificación de la aplicación de leyes federales de inmigración.
“Están tan preocupados por que sus vidas se vean alteradas de maneras muy traumáticas para ellos y sus familias, aun cuando son ciudadanos estadounidenses con pasaportes de EE. UU.”, dijo Paley el jueves.
Durante un foro económico organizado por la Massachusetts Immigrant & Refugee Advocacy Coalition, Paley reflexionó sobre cómo su perspectiva sobre los derechos de los inmigrantes cambió tras unirse a la administración Healey.
“Antes de asumir este cargo, pensaba en esta crisis migratoria principalmente como un tema de justicia social”, dijo Paley. “No creo que comprendiera cuán extraordinariamente preocupante es también desde una perspectiva económica. Dado lo terrible que es desde el lado de la justicia social, casi parece insensible hablar del impacto económico, pero soy el secretario de Desarrollo Económico, así que no puedo ignorarlo, y es una parte crítica de nuestra economía de formas que van más allá de lo que yo entendía”.
Personas con estatus legal en Massachusetts tienen miedo de ir a trabajar, mientras que otras temen buscar atención médica o asistir a la escuela ante la posibilidad de encontrarse con agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), dijo Jim Cantwell, director estatal del senador estadounidense Ed Markey.
“Todos estos impactos debilitan la economía y la sociedad de Massachusetts”, afirmó Cantwell.
El exrepresentante estatal también lamentó la decisión de la administración Trump de suspender la semana pasada las solicitudes de visa para 75 países.
“Esta prohibición separará a innumerables familias en Massachusetts de sus seres queridos. Perjudicará a universidades y negocios”, dijo Cantwell. “Es un fracaso económico, moral y de seguridad”.
Al explicar el cambio de política, señaló que el Departamento de Estado de EE. UU. del presidente Donald Trump “ha dejado claro que los inmigrantes deben ser financieramente autosuficientes y no una carga para los estadounidenses”. El departamento está revisando todas las políticas, regulaciones y directrices con el objetivo de garantizar que “los inmigrantes de estos países de alto riesgo no utilicen asistencia pública en Estados Unidos ni se conviertan en una carga pública”.
Desde 1990, el 80 % del crecimiento de la fuerza laboral del estado ha sido impulsado por trabajadores nacidos en el extranjero, según Mark Melnik, director de investigación económica y de políticas públicas del UMass Donahue Institute. En un esfuerzo por desmentir estereotipos, Melnik explicó que los inmigrantes no solo trabajan en empleos de bajos salarios, como limpieza de hospitales o en la parte trasera de restaurantes.
“Es importante destacar que nuestra población inmigrante en Massachusetts es muy bimodal en su distribución educativa”, dijo Melnik. “El porcentaje de inmigrantes en Massachusetts con un título de posgrado es en realidad mayor que el de personas nacidas en el país con ese mismo nivel educativo. Así que sí, tenemos muchos inmigrantes con bajos niveles de escolaridad, pero también tenemos muchísimos inmigrantes altamente capacitados que están contribuyendo en los campos STEM( ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas)”.
La economía del país se encamina a una transformación importante debido al avance de la inteligencia artificial que reemplaza trabajadores y a la pausa en la inmigración, dijo Pedro Arce, vicepresidente senior de M&T Bank.
“Estos son cambios estructurales”, afirmó Arce. “No son algo que durará solo cuatro años. Son cambios estructurales que podrían durar mucho, mucho tiempo”.
Sin embargo, la IA no puede reemplazar a los trabajadores de atención directa, señaló Lisa Gurgone, directora ejecutiva de Mystic Valley Elder Care Services. Aproximadamente el 40 % de los trabajadores de atención directa en el estado son inmigrantes, muchos de los cuales brindan servicios de cuidado en el hogar que permiten a los adultos mayores permanecer en sus comunidades y evitar cuidados más costosos en hogares de ancianos.
Gurgone dijo que quedó “bastante impactada” al enterarse en una reunión reciente de que sus empleadas latinas llevan sus pasaportes a todas partes.
“Están muy preocupadas, así que estamos tratando de educarlas y compartir información con ellas”, dijo Gurgone. Añadió: “Si hablas con un hogar de ancianos con trabajadores haitianos bajo TPS (Estatus de Protección Temporal), hay muchísimos empleados haitianos en hogares de ancianos y, de nuevo, están muy preocupados por ellos y por sus familias”.
El gobierno federal pondrá fin al TPS para inmigrantes haitianos el 3 de febrero. Esta expiración podría poner a más de 350,000 personas en todo el país en riesgo de deportación, incluidas unas 4,700 en Massachusetts, según la oficina del senador Markey.
Paley indicó que Massachusetts alberga a unos 2,000 trabajadores de la salud haitianos protegidos por el TPS. A esta presión se suma que el estado ya enfrenta una escasez de personal en el sector de la salud.
El secretario señaló que las empresas deben prepararse para la posibilidad de que ICE se presente en los lugares de trabajo, compartir información sobre los derechos de los empleados y pensar en “planes de contingencia” ante posibles interrupciones laborales.
“No creo que la gente deba dar por sentado que todo va a estar bien”, dijo Paley.
Y añadió: “Necesitamos mostrar una empatía enorme hacia nuestra fuerza laboral, por lo que están viviendo, porque puedes estar aquí completamente de forma legal, sentirte cómodo toda tu vida y, de repente, todo el contexto ha cambiado”.
