Empresario de Milford MA admite fraude con fondos COVID: gastó más de $1.2 millones en lujos personales

Un empresario de Carolina del Sur se declaró culpable de fraude relacionado con fondos federales de ayuda por COVID-19, tras admitir que utilizó más de 1.2 millones de dólares destinados a su negocio Pinz en Milford, MA para financiar gastos personales de lujo. David Breen, de 54 años y residente de Mount Pleasant, se declaró culpable de un cargo de robo de propiedad del gobierno en un tribunal federal. La jueza de distrito Margaret R. Guzman programó la sentencia para el próximo 25 de junio de 2026.

De acuerdo con documentos judiciales, Breen obtuvo aproximadamente 1.5 millones de dólares a través del programa Economic Injury Disaster Loan (EIDL) de la Administración de Pequeñas Empresas de Estados Unidos (SBA), diseñado para ayudar a negocios afectados económicamente por la pandemia. Sin embargo, en lugar de utilizar los fondos como capital de trabajo, el empresario desvió más de 1.2 millones de dólares para beneficio personal entre 2022 y 2023.

La investigación reveló que en marzo de 2022 Breen solicitó el préstamo en nombre de “Fun Zone”, entidad mediante la cual operaba “Pinz”, un boliche y centro de entretenimiento ubicado en Milford, Massachusetts. Como parte del acuerdo con la SBA, Breen se comprometió a usar el dinero exclusivamente para sostener las operaciones de su negocio. No obstante, incumplió esas condiciones al destinar los fondos a la construcción de una vivienda de lujo en Carolina del Sur, así como a la compra de vehículos de alto costo.

Entre los gastos identificados por los fiscales se encuentran el pago inicial de una camioneta valorada en 111,000 dólares y un Mercedes-Benz de 98,289 dólares. Además, los documentos judiciales describen la construcción de una residencia personalizada con cuatro habitaciones y cinco baños, equipada con elevador, electrodomésticos nuevos, amplios vestidores y una piscina de agua salada con casa de piscina. La propiedad fue vendida en julio pasado por aproximadamente 2.4 millones de dólares.

Las autoridades federales subrayaron que los fondos del programa EIDL estaban destinados a salvar negocios en dificultades durante la pandemia, no a financiar estilos de vida lujosos. El caso fue anunciado por la fiscal federal Leah B. Foley, junto con representantes de Homeland Security Investigations en Nueva Inglaterra y la Oficina del Inspector General de Massachusetts, quienes destacaron la gravedad del uso indebido de recursos públicos en un momento de crisis nacional.

El cargo de robo de propiedad gubernamental conlleva una pena máxima de hasta 10 años de prisión, además de tres años de libertad supervisada y una multa que podría alcanzar los 250,000 dólares. La sentencia final será determinada por el tribunal federal conforme a las guías de sentencia y las leyes aplicables, en un caso que refuerza la vigilancia sobre el uso de fondos de emergencia otorgados durante la pandemia.