Comité Escolar de Pittsfield descarta censurar a Ciara Batory tras una tensa audiencia
El sindicato de maestros acusó a la funcionaria de contribuir a una controversia en redes sociales que perjudicó la reputación de un docente. Batory defendió su derecho a la libertad de expresión y a cuestionar las políticas escolares y escuchar a las familias. La discusión terminó sin sanciones, pero dejó al descubierto profundas diferencias entre los integrantes del comité.
PITTSFIELD, Massachusetts. — «¿Qué se supone que debo hacer? ¿Ignorarlos? ¿Se supone que debo ignorar ese comentario?», cuestionó acaloradamente Ciara E. Batory, integrante del Comité Escolar de Pittsfield, mientras sus compañeros discutían si su actividad en redes sociales había cruzado los límites de sus responsabilidades como funcionaria electa del Comité Escolar.
La pregunta surgió durante una audiencia marcada por interrupciones, acusaciones y momentos de confrontación, en la que el sindicato United Educators of Pittsfield (UEP) solicitó una censura formal contra Batory por su participación en una controversia que, según la organización, había perjudicado gravemente la reputación de un maestro del distrito.
Durante su intervención, James Hurley, presidente de United Educators of Pittsfield (UEP) señaló que «Cuando haces una declaración pública, hablas como miembro del Comité Escolar. Como maestros, nosotros no podemos expresar libremente todo lo que pensamos en las redes sociales. Si yo dijera algunas de las cosas que quisiera decir, me despedirían. La Primera Enmienda no significa que podamos decir cualquier cosa sin enfrentar consecuencias. Una censura no busca silenciarte, sino revisar tus acciones y señalar una conducta que se considera inapropiada».
La discusión del 12 de noviembre terminó con una moción unánime: el Comité Escolar votó por no tomar ninguna medida contra la funcionaria por el momento. Sin embargo, antes de llegar a ese desenlace, la sesión expuso las diferencias sobre la privacidad de los docentes, el derecho de las familias a exigir respuestas y los límites de la intervención pública de quienes integran el organismo escolar.
El conflicto se remontaba al inicio del ciclo escolar, cuando surgieron cuestionamientos sobre un formulario utilizado por un docente de Taconic High School para recopilar información de contacto de sus estudiantes, incluidos números telefónicos y direcciones de correo electrónico.
El asunto llegó a Facebook y posteriormente a las reuniones del Comité Escolar, donde algunos padres cuestionaron si esa práctica respetaba las políticas del distrito sobre las comunicaciones entre docentes y estudiantes. Otros integrantes de la comunidad educativa defendieron al maestro y denunciaron que los señalamientos públicos estaban perjudicando injustamente su reputación.
La controversia ya había sido abordada por Somos Berkshires en septiembre, cuando integrantes de la comunidad educativa acudieron a defender al docente ante las acusaciones que circulaban en redes sociales..
Para UEP, el problema no consistía únicamente en lo que Batory había escrito, sino en el peso que sus intervenciones en redes sociales adquirían por su condición de integrante del Comité Escolar. Según la organización, sus cuestionamientos sobre posibles medidas disciplinarias y su participación en conversaciones con ciudadanos contribuyeron a hacer más grande el conflicto y a poner en duda la capacidad del distrito para manejar asuntos de personal de manera confidencial.
La representación sindical advirtió que ningún educador debería temer que una queja o una investigación interna terminara convertida en una controversia pública por la intervención individual de un miembro del comité.
Batory rechazó las acusaciones y sostuvo que sus publicaciones habían sido interpretadas fuera de contexto.
«En ningún momento, en ninguna publicación o comentario, utilicé el nombre de un maestro ni identifiqué un edificio escolar específico», declaró durante su defensa además de señalar que los padres acudían a ella como último recurso al no tener respuesta de las autoridades escolares.
Aseguró que su preocupación se limitaba al cumplimiento de las políticas escolares y que, cuando los padres se comunicaron con ella, los dirigió al superintendente para que presentaran sus inquietudes por los canales correspondientes. También señaló que la superintendente Latifa Phillips no contestaba sus correos electrónicos pese a su insistencia.
«No resolví las quejas. Les di seguimiento», explicó.
La funcionaria argumentó que mantener comunicación con sus electores y supervisar la aplicación de las normas formaba parte de sus responsabilidades. También rechazó que pudiera atribuírsele automáticamente la responsabilidad por los comentarios publicados por otras personas en Facebook.
Fue entonces cuando la discusión adquirió un tono más personal.
Sarah Muil, también integrante del Comité Escolar de Pittsfield, cuestionó que, aunque Batory no hubiera mencionado expresamente al docente, los comentarios de terceros en sus publicaciones podían permitir que otras personas identificaran al maestro.
«Las conexiones se hicieron simplemente por inferencia, a partir de los comentarios que están en tu página», sostuvo Muil.
Batory respondió que aquella era únicamente su interpretación y que ella nunca había revelado la identidad del empleado.
La tensión aumentó cuando Muil mencionó un comentario en Facebook que hacía referencia a la clase a la que asistía el hijo de Batory.
«No creo que debas involucrar a mi hijo en esto en este momento, Sarah», reclamó la funcionaria.
«Esa persona involucró a tu hijo en esto en las redes sociales. Eso es lo que me molesta», respondió Muil.
Batory pidió entonces conocer el nombre de la persona que había escrito el comentario. Al escucharlo, explicó que se trataba de alguien que la conocía personalmente y que, por lo tanto, no había tenido que deducir ninguna información para establecer una conexión.
Muil insistió en que otros usuarios también podían haber llegado a la misma conclusión exponiendo la identidad del maestro involucrado en el caso.
«No creo que sea tan difícil hacer esa conexión», señaló.
«Bueno, a ti te importa más eso que realmente proteger las políticas y proteger a nuestros niños», replicó Batory.
Las intervenciones comenzaron a superponerse hasta que fue necesario llamar al orden.
«Una persona a la vez, por favor», se escuchó durante la sesión.
La discusión volvió entonces al efecto que las publicaciones habían tenido sobre el docente, uno de los puntos centrales de la denuncia sindical.
«Esta denuncia es sobre tu conducta en internet, que después llevó a la difamación de un maestro que estaba siendo objeto de una investigación privada por algo de lo que había sido acusado», expresó Muil.
«No hay ningún nombre, Sarah. No hay ningún nombre», respondió Batory.
La funcionaria cuestionó además que se hablara de una investigación en su contra cuya existencia, según dijo, no había sido aclarada públicamente.
«Nunca aclaramos si había una investigación contra mi o no. Todavía no sabemos si hubo una investigación», sostuvo.
Otra integrante intervino brevemente para señalar que consideraba que ese asunto ya había quedado aclarado.
El intercambio dejó al descubierto una diferencia fundamental: mientras algunos miembros consideraban que la discusión pública había expuesto injustamente a un trabajador, Batory insistía en que el distrito tenía la obligación de responder a las inquietudes de las familias y explicar si sus políticas se estaban cumpliendo.
En un intento por reconducir la conversación, otra integrante del comité propuso que Batory modificara la configuración de sus redes sociales para restringir los comentarios y evitar que otras personas la etiquetaran sin autorización.
Después abordó directamente la acusación de que la censura buscaba silenciar a la funcionaria.
«Quiero aclarar algo: censurar no es silenciar», expresó.
«No quiero silenciar a Ciara Batory», añadió.
La integrante reconoció que, desde enero, Batory había planteado preguntas importantes y había llamado la atención sobre asuntos que otros miembros no necesariamente habían considerado. Sin embargo, sostuvo que el ambiente de las reuniones se había deteriorado y que era necesario establecer una forma más respetuosa de discutir las diferencias.
«Podemos debatir sin gritarnos unos a otros. No tenemos que avergonzar. No tenemos que menospreciar. No tenemos que usar palabras como “repugnante” y “vergonzoso”», señaló.
A su juicio, ese lenguaje provocaba que las personas se pusieran a la defensiva y dificultaba cualquier conversación productiva.
«La idea no es que quiera silenciarte, pero cuando hablas de esa manera, siento que muchas personas terminan silenciadas», agregó.
«Tenemos que trabajar en el tono».
Batory, por su parte, sostuvo que la solicitud de censura representaba un precedente preocupante para los funcionarios electos que cuestionaran públicamente las decisiones del distrito.
«Fomentar la participación cívica es mi trabajo», declaró.
También defendió que invitar a los padres a participar en las reuniones del Comité Escolar no podía considerarse una interferencia administrativa.
«Es un argumento al revés afirmar que un funcionario electo que invita al público a participar en una reunión democrática abierta está provocando una escalada innecesaria», sostuvo.
Para Batory, el problema de fondo era que algunas familias sentían que debían recurrir a las redes sociales para obtener respuestas de las autoridades escolares.
«Todo lo que los padres quieren es ser escuchados», afirmó.
La funcionaria insistió en que el distrito debía concentrarse en verificar el cumplimiento de sus normas existentes, en lugar de cuestionar a quienes exigían explicaciones.
«No necesitamos crear otra política cuando las políticas ya existen», declaró.
«Nuestros hijos merecen algo más que políticas escritas en papel. Merecen saber que esas políticas realmente se van a cumplir».
Conforme avanzaba la sesión, el enfrentamiento dejó de girar exclusivamente alrededor de las publicaciones de Facebook. También quedó expuesta una discusión más amplia sobre cómo deben atenderse las quejas de las familias, y cómo resolverlas, qué información puede compartirse públicamente y hasta dónde llega la responsabilidad de un representante electo por las reacciones que generan sus declaraciones.
Para UEP, las consecuencias denunciadas sobre la reputación y la vida del maestro demostraban la necesidad de proteger la confidencialidad de los asuntos de personal y asegurar la seguridad de hacer su trabajo dentro del aula. Para Batory, una sanción habría significado castigarla por ejercer su derecho a cuestionar las políticas escolares y mantener comunicación con sus electores.
Después de escuchar los argumentos y las intervenciones de sus integrantes, el Comité Escolar de Pittsfield votó al presenciar un diálogo en Hulery y Ciara por no tomar ninguna medida respecto a la solicitud de censura.
La decisión dejó sin sanción formal de censura a Batory, aunque no representó una determinación sobre la veracidad de las acusaciones ni resolvió públicamente todas las dudas relacionadas con el asunto de personal que había originado la controversia.
Tras casi dos horas de deliberación y terminar el tema en cuestión para pasar a otros en la agenda escolar, Ciara dijo que se sentía con un resfriado y que no iba a poder continuar en la sesión.
