Alguaciles de Massachusetts piden cambios a la ley PROTECT
Los doce alguaciles de Massachusetts que solicitaron a la gobernadora Maura Healey revisar una disposición de la ley PROTECT, destinada a proteger a los inmigrantes frente a las acciones de las autoridades federales, buscan evitar que sus preocupaciones sobre seguridad pública se conviertan en un enfrentamiento partidista, después de que el asunto ingresara esta semana en la campaña electoral por la gubernatura del estado.
En una nueva carta difundida el miércoles 28 de octubre, Patrick Cahillane, alguacil del condado de Hampshire y presidente de la Asociación de Alguaciles de Massachusetts, aclaró que la solicitud presentada originalmente el 22 de octubre no tenía intenciones políticas. “Los alguaciles acordaron, trabajando de manera bipartidista, que nuestras preocupaciones sobre la ley PROTECT deben tratarse estrictamente como un asunto de seguridad pública, fuera del ámbito político”, señaló. También aseguró que las conversaciones con la gobernadora y la fiscal general Andrea Campbell continúan y expresó confianza en que ambas partes puedan encontrar soluciones.
La controversia comenzó cuando doce de los catorce alguaciles del estado, entre ellos Thomas Bowler, del condado de Berkshire, firmaron una carta dirigida a Healey y Campbell para advertir sobre lo que consideran una consecuencia no prevista de la legislación.
Según explicaron, la carta original dirigida a la gobernadora Maura Healey y a la fiscal general Andrea Campbell expresaba preocupación porque una ley diseñada para proteger a los inmigrantes está dificultando la comunicación de los alguaciles con las autoridades federales cuando son puestos en libertad detenidos que aún no han sido juzgados, que tienen una orden de detención migratoria en su contra y que enfrentan “cargos por delitos violentos, peligrosos o relacionados con drogas”.
La ley PROTECT, firmada por Healey el 5 de agosto de 2026, busca limitar la participación de las autoridades estatales y locales en los operativos federales de inmigración y reforzar las protecciones de los residentes en escuelas, hospitales y tribunales. Aunque contempla excepciones para notificar a ICE sobre la liberación de personas que hayan cumplido condenas por determinados delitos graves, esas excepciones no se aplican de la misma manera a quienes están detenidos antes de ser juzgados. Los alguaciles sostienen que esa diferencia podría dificultar la coordinación con las autoridades federales en determinados casos y solicitaron estudiar una modificación de la norma.
El asunto adquirió una dimensión electoral el martes 27 de octubre, cuando el candidato republicano a gobernador, Mike Minogue, utilizó la carta durante una conferencia de prensa para cuestionar la política migratoria de Healey. En el encuentro participó el alguacil republicano del condado de Plymouth, Joseph McDonald, uno de los firmantes, quien defendió la importancia de mantener la comunicación entre las agencias de seguridad.
McDonald aclaró que no pretendía convertir la discusión en un asunto político, aunque su intervención se produjo en un acto organizado por el adversario electoral de la gobernadora.
Healey respondió defendiendo la legislación y calificó a ICE como “una agencia fuera de control”, al tiempo que vinculó las posiciones de Minogue con las políticas migratorias del presidente Donald Trump. Sin embargo, aseguró que continuaría conversando con los alguaciles sobre sus inquietudes. Horas después, los doce alguaciles demócratas del estado anunciaron su respaldo a la reelección de Healey, incluidos diez que habían firmado la carta original. En su declaración reconocieron que la ley presenta desafíos para sus oficinas, pero manifestaron confianza en que podrán trabajar con la administración para realizar ajustes.
No todos los alguaciles compartieron la decisión de enviar la carta. Donna Buckley, del condado de Barnstable, y Peter Koutoujian, de Middlesex, fueron los únicos que no la firmaron. Buckley sostuvo que la ley atravesó un largo proceso legislativo durante el cual los responsables de las oficinas penitenciarias tuvieron oportunidades para expresar sus preocupaciones. “El método y el momento elegidos para plantear estas cuestiones me preocupan”, declaró, y consideró que cualquier modificación debería discutirse mediante propuestas legislativas. La oficina de Koutoujian remitió las consultas a la Asociación de Alguaciles.
