SEIS PERSONAS ACUSADAS DE ORGANIZAR MATRIMONIOS FRAUDULENTOS
Una presunta red dedicada a organizar matrimonios fraudulentos entre ciudadanos estadounidenses e inmigrantes sin estatus legal fue descubierta por las autoridades federales en Massachusetts. Durante más de una década, la organización habría generado más de seis millones de dólares mediante un sistema que prometía facilitar la obtención de documentos migratorios a cambio de pagos de hasta 40,000 dólares por persona.
La Fiscalía Federal de Massachusetts anunció este miércoles 21 de octubre la presentación de cargos contra seis personas, entre ellas Jennifer Gonzalez, de 43 años y residente de Fall River, señalada como la principal responsable de la operación. Según los investigadores, Gonzalez habría convertido los matrimonios por conveniencia en un negocio que organizaba entre 18 y 20 uniones al año.
Además de Gonzalez, las autoridades identificaron a Erica Daniels, de 29 años; Chreise Alejandro, de 39; Amara Pugh, de 31; y Jaylin Hill, de 26, todos residentes de Fall River. También fue acusada Jessica Tavares, de 31 años, residente de Attleboro. Cinco de los implicados fueron arrestados durante la mañana del miércoles, mientras que Hill ya se encontraba cumpliendo una condena estatal por un delito relacionado con armas de fuego.
De acuerdo con los documentos judiciales, el funcionamiento de la organización consistía en conectar a personas que buscaban regularizar su situación migratoria con ciudadanos estadounidenses dispuestos a casarse a cambio de dinero. Una vez celebrado el matrimonio, los participantes comenzaban a reunir documentos y fotografías para presentar la relación como auténtica ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).
Las investigaciones señalan que Gonzalez proporcionaba instrucciones detalladas para evitar sospechas durante los trámites migratorios. Entre sus recomendaciones figuraban abrir cuentas bancarias conjuntas, contratar seguros de vida y tomarse fotografías como pareja. Los clientes debían esperar entre tres y cuatro meses para reunir suficientes documentos que respaldaran sus solicitudes. Además del pago inicial, algunos entregaban aproximadamente 500 dólares mensuales a sus supuestos cónyuges o a personas cercanas a ellos.
Parte de la investigación incluyó grabaciones de audio y video en las que Gonzalez presuntamente aceptó un anticipo de 3,000 dólares y ordenó preparar un contrato que simulaba un préstamo. Según los fiscales, el documento estaba diseñado para ocultar que el dinero correspondía a un matrimonio arreglado. Las autoridades también obtuvieron fotografías de ceremonias y reuniones sociales que habrían sido utilizadas como pruebas falsas de relaciones matrimoniales.
El dinero obtenido mediante estas operaciones presuntamente permitió a Gonzalez adquirir propiedades y realizar inversiones comerciales en República Dominicana. Durante conversaciones grabadas con un testigo colaborador, la acusada también habló sobre las condiciones migratorias en Estados Unidos y presentó a Massachusetts como un lugar favorable para los inmigrantes. En una de esas conversaciones aseguró que el estado era un «santuario» y sostuvo que las autoridades locales ofrecían protección y distintos tipos de asistencia a la población inmigrante. Estas afirmaciones forman parte de las declaraciones atribuidas a Gonzalez y no constituyen una determinación judicial sobre las políticas migratorias estatales.
La investigación también reveló posibles irregularidades relacionadas con programas de asistencia pública. Según la Fiscalía, varios de los acusados habrían presentado solicitudes de beneficios alimentarios SNAP en las que declararon no estar casados, a pesar de haber utilizado sus supuestos matrimonios para respaldar trámites migratorios federales. En el caso de Gonzalez, los investigadores sostienen que recibió y gastó más de 120,000 dólares en beneficios SNAP mientras obtenía ingresos de la presunta organización y adquiría propiedades en el extranjero.
Los seis acusados enfrentan cargos federales relacionados con fraude matrimonial, conspiración para cometer fraude matrimonial y alojamiento u ocultamiento de personas sin estatus migratorio legal. Los delitos relacionados con el alojamiento de inmigrantes pueden implicar penas de hasta diez años de prisión, mientras que los cargos por fraude matrimonial contemplan condenas máximas de cinco años. También podrían imponerse multas de hasta 250,000 dólares por cargo, dependiendo de las decisiones judiciales.
La fiscal federal Leah B. Foley informó que la investigación continúa abierta y que las autoridades trabajan para determinar el alcance de las operaciones.
