La Cámara de Representantes aprueba la Ley PROTECT para frenar el aumento de operativos migratorios
- hace 1 hora
- 2 Min. de lectura
BOSTON, Massachusetts — La Cámara de Representantes de Massachusetts aprobó con 134 votos a favor y 21 en contra, este miércoles la llamada Ley PROTECT (Acta para promover el estado de derecho, la supervisión, la confianza y la igualdad constitucional de los migrantes del estado), una iniciativa legislativa que busca responder al aumento de operativos migratorios de ICE considerados disruptivos y perjudiciales bajo la actual administración Federal.
La legislación, elaborada de manera colaborativa entre legisladores y comunidades inmigrantes, pretende establecer protecciones claras en el estado de Massachusetts frente a la aplicación de las leyes migratorias federales.
La representante del 2o. Distrito del Condado Berkshire Tricia Farley-Bouvier destacó en un comunicado de prensa que el proyecto refleja una coordinación efectiva entre el gobierno estatal y las comunidades más afectadas. “Votar a favor de la Ley PROTECT fue un momento de orgullo en la Cámara”, afirmó.
Entre sus principales disposiciones, la Ley PROTECT establece protecciones en los tribunales, define los límites de actuación de las fuerzas del orden estatales y locales, protege los recursos del estado y garantiza que las personas detenidas tengan acceso a asesoría legal y conozcan sus derechos. En particular, prohíbe que agentes de Immigration and Customs Enforcement (ICE) realicen arrestos civiles dentro de los tribunales sin una orden judicial revisada por un juez.
Asimismo, la normativa exige que los centros de detención en Massachusetts proporcionen a las personas detenidas información escrita en su idioma principal sobre su derecho a contar con un abogado, la posibilidad de rechazar ciertas entrevistas, así como los procedimientos para comunicaciones legales confidenciales y la presentación de quejas. Además, deberán ofrecer servicios de interpretación.
La ley también prohíbe que las agencias policiales locales del estado compartan información personal con ICE, salvo en casos limitados como la fecha de liberación de una persona condenada. Igualmente, impone restricciones estrictas a los acuerdos conocidos como 287(g), que permiten la colaboración entre autoridades locales y federales en materia migratoria. Bajo esta legislación, dichos acuerdos requerirían aprobación del Ejecutivo estatal, tendrían una duración limitada de 12 meses y solo podrían aplicarse en casos penales con un interés claro e inminente de seguridad pública.
El proyecto fue presentado en enero por los representantes Andy Vargas y Judith Garcia, en coordinación con el Caucus Negro y Latino de Massachusetts. Ahora, la iniciativa pasa al Senado estatal para su evaluación antes de una posible aprobación final por la gobernadora.